Seis años han transcurrido desde aquel 11 de abril de 2002, fecha que pasó a formar parte de la historia contemporánea como uno de los episodios más dolorosos ocurridos en nuestro país, cuando se produjeron acontecimientos frente a los cuales cada quien tiene sus puntos de vista, pero que en definitiva derivaron en el derrocamiento transitorio de un gobierno electo por el pueblo.
Ese día las calles de Caracas se tiñeron de luto y sangre. El pueblo, dividido y todo como estaba, salió a las calles. Una parte para protestar contra el gobierno bolivariano, y otra para defenderlo. Eran momentos de gran tensión y de la más exacerbada polarización.
Es innegable que los sectores opositores, con el apoyo de medios de comunicación privados y el respaldo evidente de factores externos, lograron convocar una inmensa manifestación conducida irresponsablemente hasta el centro de la ciudad, donde una también nutrida concentración de partidarios del proceso bolivariano estaba reunida frente al Palacio de Miraflores. El plan golpista estaba tan cocinado que hasta sus organizadores ya tenían grabada, con veinticuatro horas de antelación, una alocución en la cual varios oficiales de la Fuerza Armada acusaban al presidente Hugo Chávez de haber promovido un baño de sangre…
Cada quien se ha formado su criterio sobre los hechos ocurridos ese día en el centro de Caracas, y sobre lo que fue la imposición, durante casi 48 horas, de un gobierno de facto que pretendió de un plumazo eliminar no sólo la constitución de 1999 sino los poderes públicos, y que se vino abajo en medio de una masa popular que exigía, carta magna en mano, el retorno del presidente Chávez. Seis años han transcurrido y todavía no culmina el balance sobre estos acontecimientos.
Lo importante es que hoy, a seis años de estos episodios, Venezuela se encamina hacia un nuevo proceso comicial, para renovar autoridades regionales y municipales, y en el cual están participando incluso los factores que hasta hace unos meses sostenían la tesis del abstencionismo, y acariciaban salidas no electorales. Creo que la lección que a todos los venezolanos nos dejó el 11 de abril es que por caminos distintos u opuestos a la participación democrática sólo podremos llegar a escenarios de confrontación violenta, con las irreparables consecuencias que ya conocimos.
Por ello tiene mucho valor el diálogo, que no implica retroceso ni renuncia a los postulados de cada quien. Un ejemplo es la discusión sobre el currículo escolar. El gobierno, a través del ministro de Educación, Adán Chávez, y del propio Jefe del Estado, ha anunciado que se abre un compás para el debate, y para la realización de un referendo, opción que en mi criterio debería madurarse un poco más, dada la naturaleza de un tema frente al cual parece haber espacio para un consenso, al menos parcial. Otra muestra es la disposición a escuchar a la comunidad sobre el destino de La Carlota. La consulta al pueblo es una conquista del soberano, y está plasmada en la constitución de 1999. Hay temas que obligan a no eludir este mecanismo democrático, y no entiendo por qué se debe esperar a que surja el reclamo para actuar en consecuencia.
El llamado que ha hecho el presidente Chávez a los empresarios venezolanos, a la llamada burguesía nacional, también es un paso positivo, que indica la comprensión de que estos sectores son necesarios para la búsqueda de soluciones a graves problemas que aún persisten en el país. Es un signo alentador en medio de la conmemoración de estos sucesos.
Otro paso positivo sería revisar los casos judiciales pendientes desde entonces. Es un tema polémico y difícil. Pero es increíble que los jefes y planificadores del golpe de abril estén en libertad, dentro y fuera del país, mientras varios comisarios y policías siguen tras las rejas en medio de un juicio que no concluye. No olvidar y pasar la página parecen acciones contradictorias. Pero en este caso pueden ser complementarias… y muy útiles al país.