No sé exactamente si detrás de la protesta carcelaria existe o no un plan de sectores interesados en convertir a los centros penitenciarios en combustible para la desestabilización, o simplemente para generarle dificultades al gobierno, aunque es obvio que los medios opositores hacen uso de esta situación para poner de relieve el fracaso de las políticas para acabar con la violencia tras las rejas, el retardo procesal y las violaciones a los derechos humanos.

Pero lo cierto es que la situación carcelaria en Venezuela sigue siendo tan denigrante en tiempos de revolución como lo fue en el período puntofijista. Motines, muertes violentas, tráfico de armas y drogas, mafias de delincuentes y funcionarios que controlan los negocios que se cocinan a la sombra de la desgracia de quienes están a la espera de una sentencia o cumpliendo condenas en esos antros, en los cuales la vida humana carece de valor, o se transa por el pago de protección al capo que controla el calabozo o al funcionario que toma de decisión de un traslado a un lugar menos inseguro.

Es insólito que a las cárceles sigan entrando armas, como si no existiese autoridad alguna capaz de ponerle coto a esto. No menos insólito es el ingreso de drogas a estos centros de reclusión. Y allí entramos entonces en el terreno de lo concreto: es imposible no pensar en la complicidad de quienes cuidan interna o externamente las cárceles. No veo fácil que una madre o cualquier otro familiar pueda introducir una granada o armas de alta potencia si se realiza la requisa rutinaria.

Y esto no ha cambiado al menos desde mis tiempos de parlamentario y presidente de la Sub Comisión de Derechos Humanos del antiguo Congreso, cuando me dediqué a visitar la absoluta mayoría de las cárceles del país y a constatar y denunciar la grave situación que existía , y sigue existiendo, en ellas. Y entonces uno llega a la obligatoria conclusión de que los responsables principales de la violencia carcelaria no están dentro sino en los alrededores de los penales.

El gobierno bolivariano puede y debe desbaratar estas mafias que están detrás del suministro de armas y drogas. Hacerlo sería la mejor demostración de que la voluntad de convertir a las cárceles en centros para la rehabilitación y reivindicación de quienes han cometido delitos es real y a prueba de los peores obstáculos que pueda imaginarse.

El otro tema es el retardo procesal. No creo que la principal solución al problema carcelario pase necesariamente por la construcción de nuevos establecimientos. Si los tribunales se dedicaran a trabajar para sacar adelante miles de juicios que están estancados, se reduciría la población penal. El retardo es una de las fuentes permanentes de conflicto. Sugiero, entre otras opciones, el traslado de los jueces a las cárceles para que allí se realicen las audiencias y se produzca la celeridad procesal que tanto reclaman la población penal y sus familiares. Y si no quieren o no pueden trasladarse a las cárceles, pues entonces que trabajen horas y días extras para satisfacer la justa exigencia de los presos. La indolencia frente a esta situación está absolutamente reñida con el propósito plasmado en la carta magna, en cuyo preámbulo se proclama la existencia de un ESTADO DE DERECHO Y DE JUSTICIA.

EL TRIUNFO DE LUGO

La victoria del ex obispo Fernando Lugo en las elecciones paraguayas ratifica que América Latina sigue buscando nuevos caminos y promoviendo liderazgos que se propongan producir cambios reales y avanzar hacia la integración, en medio de la diversidad. Con este triunfo se produce una histórica derrota para el Partido Colorado, luego de más de sesenta años en el poder, muchos de ellos bajo la sanguinaria dictadura de Alfredo Stroessner. Veremos si las fuerzas derrotadas lo dejan gobernar en paz.