Eso de apoyar al gobierno hasta en sus errores puede llegar a ser muy romántico pero no es nada revolucionario. El mejor ejemplo de lo que afirmo es la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, a la cual hasta el mismo presidente Hugo Chávez acaba de criticar duramente porque está reñida con un conjunto de principios en materia de garantías y derechos humanos que están recogidos en la vigente carta magna.
Es muy buena señal que el Jefe del Estado atienda al clamor de la sociedad y reconozca que se cometió un error al aprobar esa Ley. Pero es una señal negativa que una legislación de esa naturaleza no haya sido sometida a un exhaustivo proceso de revisión por quienes fueron comisionados para redactarla. Y también es un signo preocupante que ninguna voz en la Asamblea Nacional, al menos en lo que se refiere a quienes forman parte de las bancadas afines al gobierno, haya alertado sobre los peligros de un instrumento jurídico que deja un amplio margen a la discrecionalidad de los funcionarios encargados de las labores de la inteligencia, y que pretende convertir la delación en política de obligatorio cumplimiento.
En lo que a mí respecta, expresé en varios programas de radio, incluido el que conduzco junto a Carla Angola en Actualidad 90.3 FM, mis críticas a la fulana Ley. Y lo hice porque por razones de principio no se puede suscribir una iniciativa de esa naturaleza, que ningún pueblo podría soportar ni siquiera en medio de la más feroz de todas las dictaduras.
El Presidente ha asumido su responsabilidad, que no es poca, por cierto, dado que fue habilitado por el parlamento para legislar vía decreto. Pero la pregunta que no puedo dejar de formular es por qué el resto de los poderes públicos no fijó posición, al menos públicamente, sobre un asunto tan grave. Y por qué los expertos constitucionalistas que respaldan al gobierno o guardaron silencio o le restaron importancia a lo que el propio Chávez criticó con respecto al contenido, por ejemplo, del artículo 16, en el cual se coloca a los ciudadanos como órganos de inteligencia y se establecen sanciones para quienes se resistan a cumplir con lo allí señalado.
La clave de todo esto no es otra cosa que la incondicionalidad como política. Todo el que critica, aunque sea de probada condición revolucionaria, está haciendo el juego al enemigo. Y, por supuesto, todo el que aplaude, acríticamente, es leal y absolutamente confiable. La ausencia de crítica oportuna y de escenarios para debatir temas como este es una de las causas de tal situación. Las marchas y contramarchas que se han dado en decisiones como el cobro de tarifas a la TV comercial por el uso de imágenes del canal 8; las tarifas del transporte colectivo, y la reapertura de la discusión sobre el currículo educativo revelan que ciertas decisiones no están siendo sopesadas suficientemente antes de ser anunciadas. Y por mucha responsabilidad que el Presidente tenga en todo esto sus colaboradores más inmediatos no deberían escurrir el bulto. Hay que fijar posición cuando se cree que algo no anda bien. Es lo responsable y lo más leal.
Volviendo al tema específico de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, creo que hay suficientes dirigentes de la izquierda que respaldan a Chávez y aún viven, y que sufrieron los rigores de la dictadura perezjimenista y de la represión en los años sesenta y setenta. Ellos pueden y deben hablar para dar testimonio sobre los peligros que encierra una norma legal con esas características, y para evitar que de nuevo se cuele en una legislación semejante contrabando antidemocrático.
