El presidente Hugo Chávez ha dicho que el 60 por ciento de los venezolanos desconoce el contenido de las 26 leyes habilitantes, y ha anunciado una campaña para dar a conocer esos instrumentos jurìdicos que han sido apoyados por los partidos y movimientos partidarios del gobierno y rechazados por la oposición.
El jefe del Estado hizo mención de un estudio de opinión en el cual sustenta que el 40 por ciento de la población sì conoce esas leyes. En lo personal, no tengo elementos para desmentir ese estudio de opinión pero creo que no se compadece con la realidad . Dudo de que tan alto porcentaje, 40 por ciento, domine el contenido de esas 26 legislaciones.
Los venezolanos, en general, conocen la constitución vigente desde 1999, Y eso obedece a que nuestra carta magna fue discutida en asambleas populares en las plazas pùblicas, en teatros, en universidades, en empresas, en las comunidades, en repetidos programas de radio y televisión, y en iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente, como lo fueron las videoconferencias realizadas con participantes de todo el paìs, y en las cuales se abordaron diversas áreas temáticas.
Y sin embargo, con todo ese esfuerzo es poco creìble que el 100 por ciento de los venezolanos y venezolanas conocen el contenido de la constitución. Tampoco creo que el 80 o el 70 por ciento se han leído el texto constitucional de cabo a rabo. O buena parte de ella. Es cuestión de criterios, de encuestas, de nùmeros. Lo importante de todo esto es que un conjunto de leyes que van a provocar cambios de fondo tiene que ser conocido por la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Y eso es un derecho y un deber de quienes defienden o apoyan al gobierno.
La oposición ha anunciado que irà a la Organización de Estados Americanos a denunciar al gobierno por la aprobación de estas leyes, que en su criterio constituyen un contrabando de la reforma constitucional rechazada en diciembre. Pero la reciente concentración opositora revela dos cosas, una de ellas la dèbil capacidad de convocatoria que tiene el liderazgo de los sectores y la otra es la poca sensibilidad que existe frente al tema, a pesar de la intensa campaña que contra estas leyes han iniciado numerosos medios impresos y audiovisuales.
Creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer el contenido de estas leyes habilitantes, para que puedan discernir sobre lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Y nada mejor para eso que el debate pùblico. Què provechoso serìa que la sociedad pudiera asistir a un conjunto de debates, incluso transmitidos por los medios pùblicos y privados, sobre el contenido de estas leyes. En nuestro país eso hace falta. Aquì el debate se ha reducido a cocinarnos en nuestra propia salsa. La polarización nos ha generado alergia a escuchar y debatir con quien piensa distinto. Y el liderazgo político, oficial u opositor, se empeña en imponer puntos de vista sin ir a la discusión franca con el adversario.
En nuestro caso particular, tanto en Union Radio como en el Canal I hacemos un esfuerzo diario, junto a dos colegas de pensamiento diametralmente opuesto al nuestro, por invitar al debate entre quienes piensan distinto. No es tarea fácil pero la discusión fortalece y enriquece a una sociedad. No tiene sentido llamar a protestar o apoyar lo que no conocemos. Los primeros en promover esta iniciativa de debate deberìan ser los dirigentes políticos tanto de oposición como de gobierno. La Asamblea Nacional pudiera ser el escenario para esas discusiones. Creo que la ciudadanía lo recibiría de muy buena gana. Y antes que pensar en “clavar” 26 nuevas leyes, mejor pensemos en 26 debates sobre las habilitantes ya aprobadas. ¿Quién dijo miedo?
