Lo ocurrido en la marcha opositora del pasado Primero de Mayo me recordó, inevitablemente, lo que tradicionalmente nos pasaba a quienes formábamos parte del movimiento estudiantil cada vez que queríamos llegar hasta el centro de la ciudad a expresar nuestra protesta por razones políticas, reivindicativas o académicas.
Generalmente, las marchas en tiempos de Caldera, Carlos Andrés Pérez I y II, Luis Herrera y Lusinchi culminaban con perdigonazos, planazos, estudiantes presos, no pocos heridos y muertos y decenas o centenas de asfixiados por el “gas del bueno” de la época.
Y paradójicamente, gobiernos de los cuales formaba parte o simplemente apoyaba el actual alcalde mayor Antonio Ledezma, reincidían en esa conducta intolerante frente al estudiantado.
Hoy, Ledezma y quienes lo acompañaron prueban de esa misma medicina y, sinceramente, no me alegro por eso. Todo lo contrario.
Repudio la ración de “potecitos” de gas que le suministraron a una manifestación opositora que, además de ser legítima en un estado democrático, en modo alguno ponía en peligro ni al gobierno ni a la movilización de las fuerzas laborales que lo respaldan. No iba a caer el gobierno si los marchistas llegaban a la Asamblea Nacional. Y, menos, si, como se dijo, era una marcha pequeña. La cultura represiva no me simpatiza, venga de donde venga.
Asesinato en Mérida
El nombre de Yuban Antonio Dugarte Ortega se agrega a la inmensa y triste lista de estudiantes asesinados por cuerpos de seguridad del Estado, y su muerte es la más clara demostración de que la vocación represiva sigue vivita y coleando entre los funcionarios de los más diversos organismos policiales, y en el caso específico de la policía merideña, es la segunda oportunidad en menos de un año que integrantes de sus filas aparecen involucrados en el crimen contra jóvenes que ejercen el legítimo derecho a la protesta.
Independientemente de que el gobernador del Estado o los jefes policiales anuncien investigaciones a fondo y sanciones a los responsables, como tiene que ser, eso no es suficiente. Hay “gatillo alegres” en las policías y no hay la supervisión necesaria para excluirlos de sus filas y ponerlos a la orden de las autoridades. Es más, da la impresión de que se mantienen los llamados códigos secretos para brindarle impunidad y solidaridad automática a quienes, amparados en el uniforme, abusan de su autoridad y no tienen remordimientos a la hora de “aliñar” un arma con tornillos o tuercas, o simplemente disparar una certera bala a la cabeza o al pulmón de un estudiante.
La descomposición policial es un terrible problema que no ha sido atacado con decisión y real voluntad política.
El asesinato de estudiantes no es un hecho aislado, responde a un modelo policial caduco, represivo, inhumano que es incompatible con el modelo de sociedad plasmado en la carta magna de 1999, e incluso en la de 1961, que también fue violentada cada vez que las calles de Caracas, de Mérida o de Maracaibo, por citar ejemplos, se llenaban de sangre estudiantil.
¿Cuántos estudiantes más tendrán que morir en Mérida o en el resto del país para que se actúe de manera radical contra la bestialidad policial? ¿Qué pasa con los superiores de estos funcionarios implicados en la muerte de Yuban Ortega?
Cruz Villegas
El pasado 3 de mayo se cumplieron 92 años del natalicio de nuestro padre Cruz Villegas, luchador social y sindical de toda la vida. Siempre vive en nuestra memoria.
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