Dirigentes de distintas partes del país entregan documento sobre la Reforma Constitucional a la Asamblea Nacional y al Presidente Hugo Chávez; con sus coincidencias, aportes, observaciones y criticas; documento que ha sido enviado a los distintos medios de comunicación social y que a continuación publicamos:

Caracas, 19 de septiembre de 2007

Al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Hugo Rafael Chávez Frías
A los Diputados de la Asamblea Nacional
Su despacho

Reciban ustedes un saludo clasista, socialista y bolivariano, por parte de cientos de dirigentes sindicales del país, que somos parte de la Unión Nacional de Trabajadores, integrantes de la corriente CCURA (Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma) y editores del periódico MAREA Clasista y Socialista, y El Topo Obrero, que difunden opiniones y vivencias de los trabajadores clasistas que estamos inscritos en el PSUV. La presente es para hacerles saber las opiniones que tenemos y que hemos recogido entre miles de trabajadores, sobre la propuesta de Reforma Constitucional que semanas atrás presentara el Presidente. Hemos enviado también una solicitud formal a la Asamblea Nacional para que tenga a bien recibirnos para expresar personalmente estas opiniones. Sin embargo, hemos decidido adelantarles por escrito nuestras propuestas, para que puedan utilizarlas en el marco de la revisión de todas las que ya se han hecho y de las opiniones que el Presidente Chávez y la AN reciben a diario sobre este importante tema.

El marco político del debate de Reforma Constitucional

Los 33 artículos para la Reforma Constitucional (RC) presentados por Chávez tienen como marco el proyecto de avanzar al socialismo. Así lo explicó en su presentación en la Asamblea Nacional: “Esta propuesta apunta en esa dirección de que siga muriendo y termine de morir la vieja hegemonía oligárquica, conservadora, cuarto republicana, el viejo sistema capitalista, expoliador, explotador y que nazca un nuevo sistema humanista, socialista”.

La oposición burguesa y pro imperialista se opondrá a la RC. Esta en los hechos expresa un fortalecimiento a largo plazo del “Proyecto Nacional Simón Bolívar”. La burguesía opositora no tiene otra alternativa que enfrentarla y/o buscar el camino de suavizarla. Creemos que en estas próximas semanas y meses se desarrollaran nuevas tensiones en el país. Realidad, que colocará en los hechos y ante los ojos de millones de compatriotas y de hermanos latinoamericanos, un enfrentamiento político entre la revolución bolivariana y la oposición burguesa.

No somos espectadores de la misma, estamos decididos –como siempre- a ser parte activa del enfrentamiento político a la oposición pro imperialista, la burguesía nacional y sus voceros, incluso en la calle si se decidieran ellos a provocar ese camino. Las opiniones, agregados, críticas u observaciones que tenemos, las hacemos en este marco de pertenencia y al objetivo de un futuro socialista. Somos parte de este debate nacional y estamos junto al pueblo y de las organizaciones políticas y sociales de la revolución. Lo hacemos en las asambleas de base del PSUV, en la UNT, sindicatos de bases y en las empresas, en las comunidades y Consejos Comunales. Desde esos ámbitos, desde nuestro lugar en la revolución, vamos a decir nuestras opiniones y críticas a todo lo que creamos conveniente.

En síntesis, hacemos nuestras las palabras que el Presidente dijera en su presentación ante la AN: “a partir de hoy tendremos todos, la piedra sobre la cual afincarnos para la crítica. ¡Que viva la crítica! ¡Que viva el pensamiento crítico! Impulsemos en todos los espacios a partir de hoy este gran debate, vamos a reeditar el debate constituyente de 1999, y con esto vamos a crecer todos”. Compartiendo esta necesidad expresamos el conjunto de las importantes coincidencias que tenemos con la propuesta de reforma, incorporamos aspectos que creemos necesario, y subrayamos algunos temas en donde tenemos visiones distinta o crítica a la propuesta presentada.


La Constitución del 99 y sus límites

En primer lugar queremos darle la razón al presidente Chávez en cuanto que para poder avanzar a construir el socialismo, la actual Constitución aprobada en 1999 no nos sirve. En ella predominan los elementos económicos y políticos de corte capitalista que favorecen que la mayor parte de la riqueza que produce la clase trabajadora, vaya a parar directamente a manos de la clase capitalista, en especial a los dueños del sistema bancario y a los grupos monopólicos, ligados estos a las multinacionales.

La Constitución Bolivariana del 99 tiene importantes conquistas democráticas, superiores a las que la antecedieron y a otras constituciones de países democráticos burgueses. Pero aún así, no representó una ruptura en el marco legal y concreto con el capitalismo. En la actual Constitución no existen los mecanismos que les permitan a trabajadores y pueblo en general ejercer un poder de control y participación real en la toma de decisiones sobre la vida política y económica nacional. Por lo tanto, para avanzar y alcanzar el objetivo socialista, es básico reformarla a fondo.

Razón por la cual todo lo que apunte a terminar con esta legislación económica y con este régimen político de un pasado de dominación capitalista es altamente positivo en el marco de la estrategia socialista que queremos. Es necesario entonces que analicemos lo planteado por el presidente Chávez para luego ver en qué nos ayuda la misma o en que nos mantiene anclados a un pasado que necesitamos borrar del mapa de la historia presente – futura. Vemos oportuno superar dicho anclaje partiendo de la reforma en discusión, que desde ya consideramos una superación de la Constitución del 99, aunque en particular también le veamos limitaciones y ausencias que nos hacen seguir estando en el marco del capitalismo.

En resumen, intentamos ver si las reformas presentadas ayudan a abrir pasos hacia el socialismo o si en algunos casos también re legitiman poderes capitalistas que hoy existen. Es decir, precisemos si se le da más poder al pueblo o esto se combina con una concentración de poderes en un aparato central. Compartiendo numerosos aspectos de la RC, vemos que la propuesta podría superarse a si misma mediante la incorporación de propuestas de las bases.

Las nuevas conquistas de avanzada para los trabajadores y el pueblo

Es evidente que la reforma presentada contiene conquistas para los sectores que mas sufren la realidad que hoy vivimos. La propuesta más avanzada la encontramos precisamente en el plano laboral con la extensión de la seguridad social a los trabajadores de la economía informal y en la reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias y 36 semanales en la jornada diurna (Art. 90). Esto implica una reducción en la jornada de trabajo de 8 horas semanales. Es decir, en un 18%.

Es un hecho altamente progresivo que se le de rango constitucional a las 6 horas de trabajo, hecho que de no demorarse en su implantación puede favorecer no solamente la vida concreta de los trabajadores porque les permite una utilización democrática y humana de su tiempo, sino también porque favorece la disminución de los índices de desempleo.

Al respecto hacemos dos consideraciones: Primero que las 6 horas al expresarse como lo hace la propuesta de RC. “no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales”, traerá la confusión que si son 6 horas diarias sí o sí los trabajadores tendrían que trabajar los días sábados, cuando en muchos casos es una conquista el no hacerlo. La mejor formulación sería dejar claramente estipulado que las 36 horas semanales pueden realizarse entre los días lunes a viernes si los trabajadores así lo consideran.

En segundo lugar, sobre el tiempo reducido a las 6 horas de trabajo, la propuesta dice que los patronos “deberán programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre”. En este caso vemos un error el darle esa responsabilidad a los patronos o consideramos se presta para la confusión la forma de la redacción. Este un derecho que incumbe a los propios trabajadores. El texto que finalmente se apruebe explícitamente debe establecer: “que el tiempo libre para beneficios de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, moral, cultural y técnico es una decisión y organización que depende de los propios trabajadores sin ninguna injerencia patronal”.

Una segunda propuesta importante, pero que es una carta de intención, es la de la creación de un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia” (Art. 87). Altamente progresivo es la incorporación con derechos a los trabajadores informales. Es una mayoría de la población activa del país, y como todos los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de gozar de conquistas sociales. No obstante, creemos que la propuesta global sobre los trabajadores no contempla un derecho que fuera arrebatado por los gobiernos de la IV República: las prestaciones sociales. Esta fue derogada y eliminada en 1997 en perjuicio de los trabajadores del país.

Por lo tanto proponemos que se incorpore el siguiente artículo: “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a la retroactividad de las prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Por lo tanto esta Constitución restituye el régimen retroactivo que fue derogado el 19 -07 -97 por el Congreso Nacional. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.
Saludamos la modificación efectuada en el artículo 307 referido al latifundio, como un paso en los derechos y conquistas de los campesinos del país, al considerar que “Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social. La República determinará mediante Ley la forma en la cual los latifundios serán transferidos a la propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales capaces de administrar y hacer productivas las tierras”. Este artículo es apoyado por las organizaciones campesinas, las cuales además, tendrán que avanzar –y el gobierno también- en considerar la forma pertinente de utilización global de las tierras del país al servicio de las necesidades populares y de terminar con la desocupación en el campo. O mas sencillamente, la forma de que no haya tierras sin trabajar, ni campesinos sin tierras.
Para finalizar los temas que afectan a los trabajadores, nos referimos a las condiciones de su seguridad laboral, creemos conveniente que no se elimine la responsabilidad patronal en el cumplimiento de las medidas de seguridad. La propuesta plantea en su artículo 87 que: “El Estado garantizará que en todos los centros laborales se cumplan las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales acordes con la dignidad humana y creará instituciones que permitan el control y supervisión del cumplimiento de estas condiciones de trabajo”. Creemos que no es correcta un formulación que no deje claramente estipulada la responsabilidad patronal, por lo cual proponemos que se formule el párrafo de la siguiente manera: “El estado garantizará que todo patrono cumpla con su responsabilidad de otorgar a trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”.
Un avance en el poder popular en las comunas…una incógnita su dimensión nacional
Los artículos referidos al poder popular (70 y 184) son de gran relevancia y compartimos su esencia: el comenzar a transferir poder al pueblo y a los Consejos Comunales en las decisiones que hacen a su vida y problemas cotidianos. Es interesante el plantearse ampliar la capacidad de tomar decisiones de las organizaciones de base, como los Consejos Comunales. Este tomar decisiones tiene que ver con el manejo de los servicios públicos (Art. 184), y los recursos económicos, ahora con rango constitucional, bajados desde el gobierno nacional y desde las alcaldías, en un por lo menos 5% del presupuesto nacional, aunque ya se propuso aumentarlo a un 10%. En el Art, 70, se habla también de que las decisiones de las “Asambleas de Ciudadanos” serán vinculantes y de “la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta,”. El que el pueblo a través de sus organizaciones pueda tomar decisiones y el aprendizaje de invertir y administrar recursos económicos es una buena experiencia, que le puede ayudar a conocer y aprender el ejercicio de la administración de los recursos públicos.
Sin embargo, el poder que se plantea transferir o crear, pareciera que solamente llega hasta allí. No se busca estructurar y vincular las organizaciones de trabajadores, vecinos, campesinos y estudiantes, para que estos puedan ejercer su poder de decisión más allá de la administración de ciertos recursos. En los textos propuestos como reforma, no se llega a un punto de cuestionamiento serio ni de ruptura con la estructura de dominación burocrática - capitalista, que verdaderamente sentaría las bases para dar un salto hacia un estado no capitalista en transición al socialismo. Esto también debería pasar por el control cotidiano de los dirigentes que ocupan puestos en la administración del estado, en la posibilidad de revocarlos y sustituirlos en cualquier momento, lo que evitaría que se aprueben -a modo de ejemplo- ellos mismos, privilegios salariales grotescos más allá de lo que gana un trabajador calificado.

Dejar estos artículos tal cual, con todo y los elementos progresivos que plantean, podrían terminar siendo fuente de choques directos con la burocracia del estado, respaldado por los empresarios, que verán amenazados con disminución sus poderes de decisión y de administración de recursos, por lo tanto de su capacidad de imponer decisiones. Ya hoy mismo hemos vivido el desarrollo de contradicciones entre el pueblo organizado en Consejos Comunales y Bancos Comunales, y Alcaldes y Concejales. Por lo cual lejos de retroceder en lo progresivo de la propuesta, lo mejor sería extenderla más allá del poder comunal. Dejarlo así sería fuente de contradicciones donde la burocracia mantendría un poder discrecional para seguir desarrollando como privilegiados en el gobierno en contra de los intereses populares y de al revolución misma.

En ocasiones el Presidente Chávez ha hablado sobre la necesidad de que el poder popular vaya creciendo en su articulación regional y nacional, pero no vemos expresada esta necesidad en la propuesta de reforma. El poder popular… ¿Solo se puede ejercer a nivel comunal? ¿No podemos ser parte de las grandes decisiones político-económicas? Nos preguntamos, si un Consejo Comunal decide sobre el presupuesto para una parroquia, o un Consejo Obrero debate al interior de su empresa aspectos de la producción. ¿Por qué no pueden debatir y decidir sobre el presupuesto nacional? ¿Por qué no deciden sobre los planes para vivienda, educación o salud? ¿Porque no pueden debatir y decidir junto a los sindicatos la política del Ministerio de Trabajo? ¿Por qué no puede decidir la política petrolera? Nos parece que en la actualidad, si vemos Ministerio por Ministerio notaríamos que las bases y sus organizaciones no son parte de sus decisiones. ¿Lo van a ser con la RC? Pareciera que esta manera de gobernar sólo se modifica a escala comunal, lo cual es muy correcto pero insuficiente. Hoy día tenemos un hermoso ejemplo de que sí se puede alcanzar que el pueblo decida más allá de un Consejo Comunal y ello se da en la Alcaldía de Torres del Estado Lara, donde los Consejos comunales deciden sobre el 100% del Prepuesto a invertirse en el municipio.

En la propia Constitución del 99 hay referencias a la formación de un Consejo Federal o Nacional de gobierno, y en la propuesta de RC en su artículo 185 se mantiene con algunos cambios este organismo no permanente que estaría compuesto por “el Presidente, Vicepresidente, Ministros, Gobernadores y Alcaldes”. Dado que estamos en una etapa de profundización de la revolución, consideramos pertinente la siguiente modificación en sus funciones y componentes, proponemos: “Formación de un Consejo Nacional Obrero y Popular que proponga y protagonice junto con el Presidente y demás autoridades las decisiones político – económicas nacionales y sea a la vez órgano de control y evaluación de los funcionarios ministeriales, con posibilidad de pedido de revocatoria si así fuese necesario y sentido por las bases de la revolución”.

Como última propuesta sobre lo referente al poder popular y por esa vía a la lucha contra la burocracia que hoy nos afecta, creemos necesario incorporar en alguno de los artículos referidos, un planteo que ayude a evitar el enriquecimiento y la burocratización de funcionarios gubernamentales. Por lo cual, coherentes con un proyecto socialista de país proponemos lo siguiente: “ningún funcionario de gobierno ni diputado de la AN podrá percibir un salario superior a tres salarios mínimos. Asimismo al inicio de su gestión realizará una declaración jurada de bienes, que será revisada al término de su mandato por integrantes del poder popular”.

Nuestro apoyo a los derechos democráticos del pueblo para reelegir y revocar

Uno de los hechos que más irrita a la oposición burguesa y pro imperialista, es la posibilidad de reelección del Presidente Chávez. Saben que esto significa en concreto extender en el tiempo su imposibilidad de dominar a su antojo la economía y los grandes negocios del país. La reelección presidencial, combinada con un mayor control estatal son medidas antagónicas a las que quiere el imperio y sus voceros locales, que van desde todos los partidos de oposición, a Podemos, convertido hoy en una voz que pide consensuar con los grandes sectores políticos y económicos.

Para nosotros, el pueblo bolivariano tiene todo el derecho de reelegir a Chávez si así lo considera necesario y posible. La reelección Presidencial en si misma es un derecho de cualquier dirigente si tiene la capacidad de mantenerse en sintonía política con los sectores explotados y oprimidos de la población. Tanto en este tema, como todo en lo referente a cargos de elección popular, nos guía el defender un criterio: son las bases las que deciden cuanto tiempo se queda un dirigente, y también cuando es necesario revocarlo. La oposición puede seguir con su enojo, que tiene causas mas profundas que la reelección, su enojo es por verse imposibilitada de volver al estado anterior, donde los grupos económicos que sostenían y financiaban a lo partidos de IV República hacían con nuestro país y nuestras riquezas lo que querían de acuerdo a sus negocios y ganancias. Pero esa etapa terminó. Todo lo que hace falta cambiar, es pensando hacia delante y con nuevas medidas que profundicen el proceso, nunca hacia atrás.

Los derechos de las comunidades en los Territorios, Municipios y Ciudades Federales

La propuesta de RC avanza en la idea de construir grandes Territorios Federales y marítimos, y en cambiar el esquema actual de funcionamiento de Caracas, con la creación de nuevas Vice Presidencias. En varios de estos casos pesa el hecho de la defensa del país ante cualquier ataque imperialista o de la burguesía nacional y el desarrollo de nuevas ciudades llamadas socialistas. Desde ya, todo lo que sea útil para la defensa del país y para el desarrollo de nuevas zonas productivas es bienvenido. Aún así creemos que es necesaria una modificación en uno de los puntos centrales de esta propuesta: lo referente a las autoridades de estos territorios.

La propuesta original dice en su artículo 16 que “en el Territorio Federal, el Municipio Federal y la Ciudad Federal el poder nacional designará las autoridades respectivas, por un lapso máximo que establecerá la ley y sujeto a mandatos revocables”. Esto, pareciera dejar a un lado la opinión y decisión de quienes habitan en esos territorios, del soberano que siempre tiene el derecho a expresarse libremente para elegir sus propias autoridades. Por lo cual proponemos que se modifique el artículo y diga: “en el territorio Federal, el Municipio Comunal y la Ciudad Federal el poder nacional designará las autoridades respectivas en carácter provisorio, que solo podrán actuar en conjunto con las que elijan las comunidades. Estas autoridades estarán sujetas a mandato revocable, trabajarán en común, comprometiéndose esta a respetar sus decisiones democráticas que se tomen en las organizaciones comunales, obreras, campesinas y estudiantiles existentes”.

Los distintos tipos de propiedad y los monopolios

En este punto hay evidentemente mucha preocupación en los voceros de la gran burguesía y el imperialismo. Saludamos que la propiedad colectiva y social tengan rango constitucional, y que sean impulsadas por el estado. Consideramos muy positivo que el art. 113 establezca: “se prohíben los monopolios. Se declaran contrarios a los principios de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio, o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad.”. Esto levanta roncha entre los grupos capitalistas, pues va en contra de su insaciable sed de ganancia, de su afán de controlar distintas ramas de la producción y el comercio y el de crecer al máximo posible con bajos costos de producción para apropiarse de la mayor parte posible del mercado. Es por esto que creemos conveniente definir que aquellas propiedades que constituyen parte de lo definido como “monopolio” deberían ser expropiadas pro el estado con participación de los trabajadores en la gestión de las mismas.

En lo referente a los tipos de propiedad que toca el artículo 115, es evidente que la propuesta significa un cambio en relación a la Constitución del 99. Se pretende fortalecer tipos de propiedad no capitalistas como el social y el comunal, lo cual puede permitir el desarrollo no solo productivo en diferentes sectores, sino el desarrollo político y la experiencia de sectores de trabajadores sobre los mismos. Valoramos enormemente esto, esperando tenga luego el apoyo necesario desde el estado. Pero, los cambios presentados no significan una ruptura con el modelo capitalista. Dentro de los cinco tipos de propiedad propuestos se mantiene la propiedad privada de medios de producción, que según el texto de reforma “es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos”. En este caso, no queremos hacer un debate abstracto o teórico sobre los medios de producción. Queremos referirnos a una serie de medidas que bien podrían ser parte del proyecto de reforma, y que servirían “transicionalmente” al objetivo de solucionar grandes problemas sociales.

Proponemos, que en el marco de la decisión de Chávez de nacionalizar todos los sectores estratégicos de la economía, la reforma contenga un punto sobre el estratégico sistema financiero que proponga: “El estado pasará controlar el sistema bancario y el comercio exterior, al servicio del control estatal de la economía, las exportaciones e importaciones, el crédito al servicio de necesidades sociales y el evitar que desde el sistema financiero se sabotee el desarrollo independiente del país”.

Por otro lado, y tendiendo a contribuir en lograr una solución definitiva ante el acaparamiento de productos alimenticios y el sabotaje patronal sobre las comunidades, proponemos: “Toda empresa, frigorífico o productores de alimentos básicos para la población, así como los encargados de distribución, que saboteen, acaparen o intenten mediante cualquier forma evitar el acceso de la población a los productos de primera necesidad, serán expropiadas, y puesto bajo el control de sus trabajadores y los Consejos Comunales de su zona”.

Además, reiteramos nuestra disposición a estar en primera fila -como trabajadores- de impulsar todas las experiencias de cogestión o control obrero de la producción, y en función del derecho constitucional al trabajo, proponemos que toda empresa que quiebre, cierre, despida e incumpla las leyes laborales pase a manos del estado y al control de sus trabajadores. Lo mismo vale para toda empresa que impulse o sea parte activa de acciones golpistas. Finalmente, los medios de comunicación no deberían estar ausentes de los cambios que se proponen en materia de propiedad. Creemos que tras el paso positivo de no renovarle la concesión a RCTV, se abre el momento de comenzar a fomentar y crear medios de comunicación en manos directamente de las organizaciones sociales y del poder popular.

Sobre el sector petrolero y la industria siderúrgica

La RC presentada avanza en otorgarle mayores controles al estado de los recursos naturales, hidrocarburos y todos sus derivados. Y señala correctamente la decisión soberana de “el estado se reserva por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, así como las explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”. Sobre esto, vemos una ausencia importante en el caso de PDVSA en el artículo 303, y en particular en lo concerniente a sus filiales. Proponemos que se modifique este artículo para hacer extensiva la soberanía y el control accionario sobre todas las filiales.

En relación a la industria siderúrgica, creemos que entra dentro de las definiciones que el Presidente hizo a comienzo de año, en relación a los sectores estratégicos. Chávez ha planteado claramente que se “nacionalice todo lo que fue privatizado”: Por lo tanto proponemos, que se incorpore la re estatización de SIDOR y el control sobre toda la industria siderúrgica del país, al servicio de las necesidades sociales y comunales.

Sobre la defensa del medio ambiente y el ecosistema

Dada la inmensa y diversificada riqueza natural de nuestro país, y el deterioro que muchas veces causa la irracional explotación que sectores económicos realizan sobre la misma, como muy bien lo han denunciado insistentemente algunas comunidades desde Guiria hasta el Zulia, proponemos incorporar una modificación al artículo 129 que plantee: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado no permitirá la instalación de plantas manufactureras de producción de productos químicos que ocasionen daño a la salud de los trabajadores y trabajadoras o al medio ambiente en general, a los que generen desechos tóxicos o peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley”

Una última consideración sobre el movimiento sindical y el CNE

Como dirigentes sindicales queríamos terminar este documento expresando nuestra preocupación por un tema que ya viene afectando en ocasiones la vida sindical del país. Se trata de la relación del CNE con los procesos electorales de los trabajadores, que está contemplado en el artículo 293, y que el propio estado ha reconocido es violatorio del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el estado y con carácter supra - constitucional. Teniendo en cuenta que el gobierno se ha comprometido con el movimiento sindical en modificar este aspecto, proponemos que dicha modificación sea incluida en la propuesta de RC.

Conclusiones

Reiteramos nuestras importantes coincidencias con la propuesta presentada. Evidentemente superan en contenido a la Constitución del 99 en lo referente a conquistas sociales, al poder popular y a las restricciones y límites que se le imponen al capital monopólico y al latifundio. La RC abrirá nuevas contradicciones y tensiones en el régimen económico y político del país. Esperamos que los dirigentes políticos revolucionarios y las organizaciones que se reclaman socialistas, las sepamos aprovechar para avanzar junto a los trabajadores y el pueblo a intentar avanzar más allá de las formas capitalistas que todavía la RC permitirá pervivir y se combine esa posibilidad con aspectos de planificación socialista. La propia lucha entre revolución y contrarrevolución decidirá en última instancia, los nuevos pasos y avances que pudieran darse hacia un modelo socialista que aún no tenemos. Los aportes, agregados, observaciones y críticas que realizamos en este documento, están signados por la intención conciente de avanzar lo más posible con esta RC, para solucionar problemas económicos y sociales pendientes y fortalecer a la vez a la revolución en su lucha contra el imperialismo y el capitalismo, contra los grandes grupos económicos y contra la burocracia y la corrupción que desde dentro nos debilita. Es para nosotros la manera de avanzar a un proyecto socialista.

En estos meses por venir, los trabajadores y el resto de la mayoría del pueblo bolivariano y socialista sabremos enfrentar todos los intentos de la oposición y el imperio por frenar las reformas. Ellos intentarán ganar las calles, sabotear o retrasar los cambios que debiliten sus interese económicos. Como bien lo expresan a través de uno de sus voceros en El Universal del día 16 de septiembre “la mejor opción sería que Chávez no pueda imponer otra Constitución, y por lo tanto, sería deseable que no hubiese referendo. Esto se podría lograr a través de una masiva expresión de descontento nacional y desde los sectores civiles y militares”. Si elijen ese camino, ahí estaremos los trabajadores, en primera fila de la revolución enfrentando a la oposición y sus planes y defendiendo todo aquello que signifique profundizar la revolución, para asestarle un nuevo y duro golpe a los que quieren volver a pasado.

Esperamos entonces que tengan a bien recibirnos como representantes de numerosos sindicatos de base, y se tomen en cuenta nuestras opiniones y propuestas, así como la del conjunto de las bases de la revolución, expresada en todo el país. Es necesario que se otorguen los espacios y el tiempo necesario para que las bases de la revolución nos expresemos sin restricciones de ningún tipo. Sólo así el soberano será el protagonista esencial de la RC y su redacción final. Al haberse iniciado el debate a través de la Propuesta del Presidente, corresponde ahora dotar al pueblo y a las organizaciones de base de todos los mecanismos disponibles, del tiempo necesario, y a la vez la posibilidad de protagonizar los cambios y agregados que sean necesarios sobre la redacción final de la RC que será finalmente votada.



Stalin Pérez Borges (Coordinador Nacional
de UNT)
Ismael Hernández
(Coordinador Regional de UNT Carabobo)
Gonzalo Gómez
(Medios Alternativos y Profesionales y Técnicos)
José Barreto
(Coordinador Regional UNT Carabobo)
Jesús Vargas
(UNT Carabobo)
Roger Rueda
(Metalúrgicos – Táchira)
Alexis Polanco
(Coordinador Regional UNT Morón)
José Servelión
(Directivo Petrolero
El Palito)
Juan Reyna
(Coordinador Nacional Empleados Públicos)
Fredy Mendoza
(Secretario General SINTRAINA)



Rubén Linares
(Coordinador Nacional
de UNT)
Marco García
(Coordinador Nacional Empleados Públicos)
José Meléndez
(Directivo de
SUTISS - SIDOR)
Ricardo Galíndez
(UNT Lara)
Carmen Josefina Mujica
(El Topo Obrero)
Raúl Román
(Coordinador Regional
UNT Trujillo)
William Porras
(UNT Carabobo)
Juan Aguilar
(Directivo Ford – Carabobo)
José López
(Directivo de Vicson – Carabobo)
Pitter Marrero
(Directivo Hielomatic – Carabobo)





Vilma Vivas
(Coordinadora Regional UNT Táchira)
Ricardo Acevedo (Coordinador Regional
UNT Aragua)
Christian Pereira
(Federación Nacional Automotriz)
Scarlet Di Yesi
(Secretaria General SIMBOTED – Educación)
Iván Freites
(Directivo Petrolero
Punto Fijo)
Francisco García
(Directivo Petrolero
Punto Fijo)
Osmán Cañizales (Federación Nacional
de la Construcción)
Elismar Rojas
(Directiva Salud – Mérida)
Nelson García
(Presidente SUTRASER Vargas)
Osmary Escalona
(Delegada Principal
Hospital Pastor Oropeza Lara)


(Dirigentes y sindicatos de base de todo el país,
publicarán su adhesión al documento en los próximos días)



prensaunt@gmail.com
mareaclasistaysocialista@gmail.com