Maracay, 9 Ene. ABN.- El Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua determinará el próximo martes si a los ex comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis, así como los ocho policías metropolitanos, acusados por los sucesos del 11 de abril de 2002, se les concederá sobreseimiento de la causa, basado en el Decreto de Amnistía que emitió recientemente el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.
Así lo notificó uno de los representantes judiciales de las víctimas por el caso conocido como Puente Llaguno, Antonio Molina, quien explicó que una vez terminada la exposición de las partes, la juez Marjorie Calderón, acogiéndose a lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, fijó el pronunciamiento para dentro de tres días hábiles.
“Estamos plenamente convencidos que el martes no procederá la solicitud, en virtud de que no existen suficientes razones de derecho para considerar que la ciudadana juez deba aprobar la solicitud hecha por los abogados defensores, pues es evidente que estos señores están siendo acusados por delitos graves contra los derechos humanos”, expresó Molina.
El abogado acusador argumentó que una de las limitantes se encuentran establecidas en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el artículo sexto del Tratado de San José y en el artículo octavo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Asimismo, desaprobó la posibilidad de que el Estado venezolano, a través del Decreto de Amnistía, “favorezca la impunidad y cobije a estos ciudadanos que son juzgados por delitos graves contra los derechos humanos'.
“De acoger el tribunal esta petición estaría colocando al Estado venezolano al margen de lo que es el ordenamiento jurídico, que en materia de derechos humanos trata de proteger los tratados internacionales a los cuales he hecho referencia”, subrayó el abogado acusador.
Por otro lado, Molina calificó como “guarimba jurídica” el show mediático que han tratado de generar algunos medios de comunicación del país al intentar “situar al Estado venezolano como violador de los derechos humanos y que es discriminatorio en cuanto a la concesión del decreto ley”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002, Yesenia Fuentes, solicitó que el juicio culmine en la brevedad posible con sentencia firme en contra de los tres ex comisarios y los ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), responsabilizados por la muerte de tres personas y las lesiones de otros 25 ciudadanos.
“Nosotros lo que exigimos es justicia y que los 11 asesinos del 11 de abril vayan a una cárcel de máxima seguridad y, por ello, decimos no a la amnistía”, sentenció Fuentes.
