Caracas 16 de junio 2008.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio el visto bueno al decreto ley que otorga al gobierno venezolano la "exclusividad" de las actividades de la industria cementera, hasta ahora en manos de las empresas transnacionales Cemex (México), Lafarge (Francia) y Holcim (Suiza).
El texto, preparado por el Ejecutivo venezolano, "sistematiza aquellas normas que tornarán operativo el proceso de transferencia y transformación del sector cementero atrayendo hacia el Estado, con exclusividad", las actividades de Cemex, que tiene casi 50% de la producción nacional de cemento, Lafarge y Holcim, que poseen cerca de 25% cada una.
A principios de abril, Chávez anunció la nacionalización de la industria del cemento y nombró a un equipo para negociar la compra de las tres empresas extranjeras.
Desde entonces representantes de las compañías discuten, por separado, los términos de los acuerdos para transferir la propiedad de sus activos al gobierno de Venezuela.
El fallo del TSJ justifica que el Estado venezolano se reserve la gestión directa del sector cementero ya que se trata de una industria de innegable valor estratégico para el desarrollo económico y social del país.
Con esta sentencia que lo avala, el presidente venezolano Hugo Chávez puede ahora promulgar la ley de nacionalización de la industria cementera.
La producción de cemento en Venezuela para 2007 se ubicó en 10,2 millones de toneladas métricas.
La mexicana Cemex-Venezuela cuenta con una capacidad estimada de casi 50% de ese volumen, con 4,7 millones de toneladas; la suiza Holcim en Venezuela produce una cuarta parte (2,6 millones de toneladas) y la francesa Lafarge otro monto similar (2,3 millones de toneladas).
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