Bogotá, 3 de agosto. El ex jefe paramilitar colombiano Hebert Veloza, quien está a punto de ser extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, admitió en entrevista con el diario El Espectador que los grupos armados de ultraderecha asesinaron a miles de personas durante la lucha contra la guerrilla, en la cual contaban con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas armadas.
Mejor conocido con el alias de HH, Veloza describió cómo los jefes paramilitares tenían libre acceso a los cuarteles del ejército y sus recursos, y dijo que no se explica por qué varios generales en activo y en el retiro no están siendo investigados por su participación en estos hechos.
En particular se refirió a Rito Alejo del Río, que le facilitó las instalaciones de un cuartel para mantener secuestrados ahí a dos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes luego fueron desaparecidos.
Según Veloza, el general Alejo conversó en varias ocasiones con el máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, asesinado en 2004 por subalternos inconformes con su jefatura.
Asimismo, los paramilitares y los soldados habrían realizado patrullajes conjuntos, por lo que los oficiales deberían ser castigados, señaló HH.
“Nosotros éramos ilegales y son más culpables ellos que nosotros, porque ellos representaban al Estado y estaban obligados a proteger a esas comunidades y nos utilizaban a nosotros para combatir a la guerrilla. Nosotros cometimos muchos homicidios y tenemos que responder, pero ellos también deben responder”, dijo.
El ex dirigente de las AUC afirmó también que el proyecto de los paramilitares no fracasó, pues al cabo del tiempo logró debilitar a la guerrilla y arrebatarle el control de vastas zonas del país, aunque admitió que su perdición fue vincularse con el narcotráfico.
Veloza confesó que las tropas a su cargo “asesinaron a tres mil personas o más”, y que “murieron más inocentes que culpables, pero así es la guerra”.
La mayoría de los integrantes de las AUC, alrededor de 32 mil hombres, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en una negociación con el presidente Álvaro Uribe, quien les ofreció beneficios judiciales si confesaban todos sus delitos y reparaban a las víctimas o a sus deudos.
