El Proyecto de Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género ya ha pasado la primera discusión en la Asamblea Nacional y ahora empezará la segunda discusión y votación final, según la Diputada Romelia Matute.
Matute es la promotora del polémico Articulo 8 del proyecto de ley, el cual, si es incluido en el borrador final, establecerá que "toda persona tiene el derecho a ejercitar su orientación sexual e identidad libremente y sin ningún tipo de discriminación, y como consecuencia, el Estado reconocerá asociaciones de convivencia (uniones civiles) constituidas entre dos personas del mismo sexo de mutuo acuerdo."
El articulo también establece que las personas que "cambien de sexo por procedimientos quirúrgicos u otros, tienen el derecho de ser reconocidos por su identidad y de obtener o modificar documentos asociados a su identificación", coadyuvando al Estado para que cree las condiciones para su integración social "bajo condiciones de equidad".
La aprobación de la ley tendría implicaciones positivas para los derechos de los niños de cada miembro de las parejas del mismo sexo, para el seguro social de las parejas, herencia e impuestos, a pesar de que detalles de estos derechos no se explicitan en la ley.
"Tienen que darse cuenta que estamos en Revolución y eso significa que debemos luchar en contra de la hegemonía y demandar cambios que respeten los distintos estilos de vida," dijo Saldarriaga en una entrevista con Venezuelanalysis.com.
Otros grupos de activistas del movimiento Gay y feminista estiman que 10% o menos de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional apoyan el Artículo 8, y dicen que la Presidenta del Comité de Familia, Mujeres y Juventud, Marelis Pérez Marcano, está "abiertamente opuesta al artículo".
Hasta ahora ningún partido político ha tomado posición publica sobre el proyecto de ley, pero una comisión en la Asamblea del Estado Zulia lo ha denunciado públicamente. También la Conferencia Episcopal lanzó un comunicado este fin de semana expresando su "gran preocupación".
"El nuevo proyecto de ley de igualdad de género ataca gravemente los derechos sagrados definidos por nuestra Constitución Nacional, concretamente la institución de la familia y el matrimonio y los derechos de los niños y adolescentes consagrados en los Artículos 75, 76, 77 y 78 (de la CN)," declararon los jerarcas católicos.
El Articulo 75 de la Constitución Nacional dice que el Estado "deberá proteger a la familia como la asociación natural en la sociedad'. El Artículo 76 establece que el padre y la madre de un niño tienen "una obligación compartida e ineludible" en su crianza de los niños. El Artículo 77 dice que el matrimonio esta protegido, pero no especifica el género de quienes se casen. También dice que "una relación de facto y estable entre un hombre y una mujer que cuplan los requisitos establecidos por ley tendrá el mismo efecto que el matrimonio". El Articulo 78 obliga al Estado a proteger a los niños y adolescentes.
Los activistas del movimiento LGBT argumentan que la Constitución no prohibe de manera explícita las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Citan una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2008 que establece que 'la norma constitucional no prohibe o condena la unión entre personas del mismo sexo" y "que la constitución no niega ningún derecho a las uniones entre personas del mismo sexo".
De acuerdo con la ONG pro defensa de los derechos de los grupos LGBT, Unión Afirmativa de Venezuela (UNAF), las declaraciones recientes de la jerarquía católica van en contra de la prohibición constitucional a la discriminación y a la intolerancia religiosa y viola el derecho constitucional a la privacidad.
"Igualdad, libertad, hermandad y valores éticos y de justicia nunca serán posibles en sociedades donde algunos grupos deseen imponer sus valores, creencias morales y costumbres a otros grupos", dijo Fernández
Esta no es la primera vez que los activistas LGBT han visto sus derechos sobre la mesa de la Asamblea Nacional. La Reforma Constitucional de 2007, que fue propuesta por la Asamblea Nacional pero no votada favorablemente por un margen exiguo en el respectivo Referéndum, contenía una prohibición a la discriminación basada en la orientación sexual.
A pesar de ello, una serie de propuestas de un grupo mixto de activistas gay y feministas fuero presentadas al Comité para la reforma constitucional de la Asamblea Nacional en 2007, incluyendo la despenalizacion del aborto, las uniones civiles de parejas del mismo sexo, y una serie de beneficios económicos para mujeres, pero fueron explícitamente rechazadas por su naturaleza controversial.
"Si los Diputados de la Asamblea Nacional" toman este articulo (El Articulo 8) y lo sacan o lo dejan a un lado", dijo Marianela Tovar Nuñez de la Organización de Historiadores Contranatura en una entrevista con Venezuelanalysis.com, "seria un tremendo golpe contra de uno de los grupos más discriminados y para la creación de una sociedad verdaderamente socialista".