En tal sentido, expresó que de acuerdo a la Constitución Nacional dicta: "Mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás", al tiempo que la sentencia 1942 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que a través de los medios de comunicación se pueden debilitar las instituciones del Estado con propósitos particulares, lo que permite que esos aspectos puedan ser examinados para sancionar una ley, es decir, que con base a esta sentencia se puede legislar para regular las conductas de los medios, sus dueños y periodistas para penalizar ciertas conductas.
La Fiscal de la República resaltó que "los medios de comunicación no pueden ser utilizados para cometer hechos punibles, ni tampoco para coadyuvar para en su comisión. No pueden generar intranquilidad ni alteración a la paz social y al orden público; ni generar clima de inseguridad; por lo contrario, los medios deben cumplir una función educativa como lo establece la Constitución".
Asimismo, indicó que el manejo de los medios de comunicación de determinadas noticias y la utilización de los mismos para la defensa de los interese de un grupo en detrimento de los derechos de un colectivo, advierte la amenaza de nuevas formas de criminalidad capaces de alterar la salud mental, mermar los fundamentos de la seguridad o inducir la falta de credibilidad de las instituciones del Estado, mediante falsas informaciones.
Refirió Ortega Díaz que mediante la sanción de leyes penales se tiene que afrontar estas nuevas formas de delitos, por lo que es necesario regular su actividad y brindar una protección adecuada a los ciudadanos; pues subrayó que los ciudadanos lucen indefensos ante el uso irracional de poder que actualmente ostenta los medios de comunicación.
Finalmente, la Fiscal manifestó que la intención del Ministerio Público es hacer un aporte al proyecto de la Ley Especial contra Delitos Mediáticos que presentará la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional; en tal contexto, señaló que el ente que representa elaboró una serie de propuestas entre las que subrayó, la suma importancia de que se castiguen las acciones divulgadas que se constituyan delitos; así como incluir una norma que le brinde protección a los periodista ante los dueños de los medios.
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