Muchos de los políticos que interrogaron hoy a los ejecutivos estuvieron entre los beneficiados por estas empresas. El secreto abierto que ahora quedó al descubierto –una vez más– con este desastre es que el aceite que producen estas empresas ayuda a lubricar los engranes de la política en Washington.

12 mayo 2010 . Mientras desde el pasado 20 de abril cada 24 horas se derraman sin parar por lo menos 795 mil litros de petróleo (5 mil barriles) a las aguas del Golfo de México, ejecutivos de las tres empresas encargadas de la plataforma que al estallar provocó lo que podría ser el peor desastre ambiental en la historia de este país, se acusaron hoy entre, sí mientras ponían en entredicho su interés común –junto con el de muchos políticos de ampliar la producción petrolera marítima en las costas de Estados Unidos.

Para variar, como en casi todos los desastres y controversias recientes, Halliburton está en medio.

Ante una audiencia legislativa sobre el desastre –la primera de muchas programadas–, ejecutivos de British Petroleum (BP), que operaba la plataforma; Transocean, que era dueña de la instalación, y Halliburton, encargada de cementar el pozo de profundidad en el Golfo de México, fueron sujetos a un severo interrogatorio por senadores que se encuentran justo en medio de la discusión para formular una reforma energética nacional que incluía ampliar la explotación de hidrocarburos en las costas estadunidenses.

Lamar McKay, presidente de BP América, reiteró que la empresa asumirá sus responsabilidades por los daños ocasionados, pero indicó que las válvulas de emergencia que fallaron son asunto de Transocean, como encargada de los sistemas de seguridad. Sin embargto, Steven Newman, ejecutivo de dicha firma, respondió que BP es la responsable principal de las operaciones de la plataforma. Dijo que el problema podría ser culpa de Halliburton.

Esta última era la responsable del proceso de instalar las capas de cemento del recién perforado pozo, y hay sospechas de que ahí es donde podría estar la causa de la explosión que mató a 11 trabajadores. Por su parte, Tim Probert, presidente de Halliburton, señaló que BP era la encargada de manejar las operaciones de su empresa en la plataforma.

Entre manifestantes que con pancartas acusaban de irresponsables a los ejecutivos, un senador afirmó que este desastre es comparable –como falla tecnológica– al hundimiento del Titanic o la crisis en la planta nuclear de Three Mile Island. Pero quienes apoyan que haya más explotación petrolera marítima expresaron preocupación.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, advirtió que si los ejecutivos sólo se culpan mutuamente y no pueden asegurar a los ciudadanos la confiabilidad de sus operaciones, es posible que como resultado del desastre se suspenda este tipo de producción petrolera, y que “no sólo BP ya no estará ahí, sino los de Transocean, para perforar las plataformas, y los dde Halliburton, cementando”.

Mientras los políticos interrogaban a los ejecutivos, mostrando intensa preocupación por las fallas de regulación y tecnológicas, así como por el manejo de la situación y sus consecuencias, casi nadie se atrevió a mencionar el secreto abierto de Washington: la relación íntima de muchos de ellos con las poderosas firmas del sector energético.

BP, la tercera petrolera más grande del mundo, con 6 mil millones en ganancias sólo en el primer trimestre de 2010 es, además –según algunos críticos–, patrona de demasiados políticos. Lo mismo se puede decir de sus contrapartes en el ramo energético y sus relaciones íntimas con la cúpula en el poder, como en el caso obvio de Halliburton.

De hecho, detrás del escenario público, buena parte del debate en Washington se centra en cómo superar el enorme obstáculo que ahora representa este desastre para impulsar la política energética promovida con millones de dólares en inversiones durante las campañas electorales (incluida la del actual ocupante de la Casa Blanca) y el cabildeo de algunas de las empresas más grandes del mundo.

Hace sólo un mes, el presidente Barack Obama, desencantando a ambientalistas y alegrando a empresas energéticas, había propuesto reabrir las costas del este y tal vez el norte de Estados Unidos a la mayor explotación petrolera. Sólo 18 días antes del desastre afirmó: “resulta, por cierto, que las plataformas petroleras generalmente no causan derrame. Son muy avanzadas tecnológicamente”, al argumentar que se habían reducido las posibilidades de un desastre ambiental.

De pronto, los republicanos que durante la campaña presidencial coreaban: “perfora, baby, perfora”, en referencia a su demanda de que Estados Unidos reabra costas a la perforación petrolera para reducir las importaciones, y el presidente que sorprendió a sus simpatizantes al sumarse, más delicadamente, a ese coro, han sido silenciados. Obama acaba de suspender planes para abrir más costas a la perforación petrolera marítima, mientras enfrenta la crisis económica, ambiental, social y política que está provocando el derrame de crudo en el Golfo.

Pero tal vez más preocupante para algunos es que el desastre también está revelando las relaciones cercanas entre las grandes petroleras y Washington.

BP es benefactora de numerosos políticos, incluyendo el presidente de Estados Unidos. Junto con sus asociados donó más de 3.5 millones a candidatos federales durante los últimos 20 años; benefició a unos 80 legisladores sólo en el ciclo electoral de 2008, incluyendo el donativo político más grande de todos a Obama, tanto durante su estancia en el Senado como al inicio de su campaña presidencial (unos 77 mil dólares), en 2008, según el Center for Responsive Politics, centro no partidario especializado en el tema del dinero y elecciones. Otros en la lista incluyen al senador John McCain y a Hillary Clinton.

Asimismo, BP invierte millones (16 millones en 2009) en sus esfuerzos de cabildeo en Washington –está entre las 20 empresas que más dinero dedican a esto–, donde ha impulsado, junto con otras petroleras, la autorización para ampliar sus exploraciones y la explotación de recursos petroleros en aguas cada vez más profundas. Sólo en 2009, la rama de industria de energía y recursos naturales tuvo 780 cabilderos y gastó 169 millones en estas actividades.

Muchos de los políticos que interrogaron hoy a los ejecutivos estuvieron entre los beneficiados por estas empresas. El secreto abierto que ahora quedó al descubierto –una vez más– con este desastre es que el aceite que producen estas empresas ayuda a lubricar los engranes de la política en Washington.