Washington, 10 jun (PL) El número de muertes violentas de inmigrantes en la frontera mexicano-estadounidense se incrementó desde 2008 hasta la fecha, indican hoy estadísticas oficiales.
A escasas horas de que un agente fronterizo estadounidense matara el lunes en la noche al menor Sergio Adrián Hernández Huereca, las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México revelan un alza en el número de victimas, desde cinco en 2008 hasta 17 en lo que va del 2010.
Con el fallecimiento del adolescente de 14 años, son dos los decesos en las últimas semanas, lo que mantiene el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos en el tapete gracias a un macabro ingrediente, la muerte o el asesinato.
La muerte de Hernández Huereca en un puente binacional cerca de El Paso, Texas, se suma al homicidio en San Diego, California, de su compatriota Anastasio Hernández, tras ser golpeado, pateado y recibir descargas de pistolas eléctricas en poder de oficiales de la patrulla fronteriza.
Un forense en San Diego certificó que su deceso fue por homicidio, lo que pone en tela de juicio el proceder de los funcionarios federales en el tratamiento de los que intentan penetrar en el país sin papeles.
El gobierno mexicano, según la secretaría del Exterior, pidió a Washington el castigo de los culpables y una revisión de sus procedimientos para enfrentar la violencia fronteriza, incluido el uso de la fuerza letal.
El asesinato del niño mexicano despertó un airado clamor en el límite fronterizo, según imágenes e informes transmitidos por la televisora CNN.
Una investigación a fondo y transparente fue exigida por los mexicanos a la Casa Blanca, según la televisora.
El tema de la violencia en la demarcación entre ambos países fue abordado por el presidente de México, Felipe Calderón, durante su visita en abril a este país, donde favoreció una modificación del código migratorio.
Entonces, su contraparte, el presidente Barack Obama, se pronunció por una reforma migratoria integral con el apoyo bipartidista, que ponga fin a un conflicto que crece a medida que los legisladores son incapaces de negociar un arreglo.
En la actualidad viven en la nación norteña cerca de 12 millones de personas indocumentadas, de ellas más de seis millones son mexicanos.
