El 23 de junio, la militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) América del Valle Ramírez ingresó a la embajada venezolana en México y solicitó asilo en su condición de perseguida política. Ha transcurrido más de una semana sin que el gobierno de Venezuela se haya pronunciado acerca de si concederá o no el asilo. Nuestro partido considera que el gobierno venezolano debe proceder de acuerdo con la legalidad internacional y conceder el asilo a esta activista del movimiento popular mexicano, perseguida y criminalizada por el hecho de luchar por el derecho a la tierra, como parte de una arremetida bestial del régimen mexicano en contra de los luchadores de la comunidad de San Salvador Atenco, que ha significado muertes, torturas, vejaciones, y largas condenas de cárcel.
Desde que esta comunidad logró derrotar con su movilización al gobierno mexicano, que se proponía despojarla de sus tierras para construir un aeropuerto, Atenco se convirtió en el blanco de una terrible represión y la criminalización del FPDT. En mayo de 2006, el gobierno atacó a la comunidad, asesinando a dos pobladores y deteniendo a centenares de personas.
Organizaciones de derechos humanos documentaron centenares de torturas y vejaciones sexuales por parte de las fuerzas represivas durante la represión. Desde entonces, América del Valle es perseguida por el gobierno. Su padre, Ignacio del Valle, recibió una sentencia grotesca de 112 años de prisión, mientras que otros activistas recibieron largas condenas en juicios amañados y claramente politizados. El 30 de junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló las condenas de 12 activistas de Atenco, al comprobar que el Estado había forjado evidencias para incriminarlos, pero esta decisión no afecta la situación de América del Valle, quien tendría que someterse a juicio en prisión para poder optar al recurso de anulación del proceso en su contra.
Ante tan abominable expediente represivo acumulado por el gobierno mexicano en este caso, en su empeño por aplastar a una digna comunidad campesina y a un movimiento popular combativo, la solidaridad internacionalista y el más elemental sentido de justicia nos obliga a exigir al gobierno venezolano que acoja en calidad de asilada a América del Valle Ramírez. Asimismo, invocamos la solidaridad de todas las organizaciones obreras, populares, y de izquierda en Venezuela para que se sumen a este llamado urgente al gobierno venezolano.