La conferencia fue presidida por el Viceministro y embajador de Venezuela en la ONU, Jorge Valero, y por el embajador en los EE.UU Bernardo Álvarez (Foto Davgla Rodríguez)

Por definición, una revolución es un proceso de transformación rápido y profundo que desencadena un cambio radical y decisivo. En ese sentido, la Revolución Bolivariana se ha concretado en una reducción drástica de los altos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social heredados de la IV República.

Hasta ahora se distinguen dos fases de la Revolución Bolivariana: una de carácter popular presocialista que va de 1999 al 2007 y otra de carácter anticapitalista y claramente socialista que comienza en el año 2007, cuando se aprueba el Primer Plan Socialista de la Nación.

En efecto, desde la aprobación de la Constitución de 1999, no se había planteado formalmente la transformación del capitalismo en un nuevo modelo productivo socialista. Por el contrario, la mayoría de los incentivos de la política económica se dirigieron a reactivar el aparato productivo existente con el fin de reducir las altas tasas de desempleo y aliviar los estragos de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Hasta entonces, la política económica se basa en la transferencia de una parte importante de la renta petrolera al sector empresarial privado a través de los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, monetarios, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, capacitación técnica de la fuerza de trabajo, etc. Estas ayudas públicas a la actividad productiva fueron aprovechadas fundamentalmente por empresas de naturaleza mercantil, portadoras y reproductoras de las relaciones capitalistas de producción.

En la etapa prosocialista es la política económica bolivariana la que sostiene los procesos de acumulación y reproducción del capital. Incluso, la inversión social de la renta petrolera, a través de las Misiones sociales, contribuyó a activar una válvula de escape para aliviar la conflictividad laboral y a crear mejores condiciones para la acumulación y valorización del capital. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que complementan y compensan el precario salario que devengan los trabajadores del sector capitalista, liberando así a los patronos de la presión sindical para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.

Sin lugar a dudas, la inversión social de la renta petrolera es lo que ha permitido mejorar los indicadores sociales. Pero aún queda pendiente erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social. Tras este fin, la Revolución Bolivariana está emplazada a sustituir las relaciones de poder que permiten la explotación del trabajo asalariado por nuevas relaciones sociales de producción basadas en la libre asociación, cooperación y complementación de los productores directos, un nuevo arreglo para la organización del trabajo productivo a través del cual el pueblo trabajador desplace a las élites que lo explotan y lo oprimen. En las bases programáticas del PSUV se plantea claramente que:

“Sólo es posible avanzar en la eliminación del capitalismo si se eliminan las relaciones sociales de producción basadas en la explotación del trabajo ajeno y, por consiguiente, si se eliminan los procesos de acumulación privada del capital basados en la ganancia producida por la explotación del trabajo. A su vez, una de las condiciones para eliminar la explotación del trabajo ajeno, es la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción esenciales, en particular, la propiedad privada monopólica. Este es un principio de la construcción del socialismo. Puede ampliarse la frontera de cobertura de atención social y servicios, y puede elevarse la calidad de vida de la población, mucho más en un estado que recibe una elevada renta como el nuestro, pero éstas no serán más que diversas modalidades del llamado “Estado de bienestar social”, que en esencia no alteran las relaciones de producción capitalistas, y nunca constituirán un avance en la construcción del socialismo”.[1]

Un gobierno capitalista es aquel que prioriza al capital, impulsa la apertura comercial y la liberalización de las inversiones, privatiza las empresas del Estado, desregula los mercados financieros, libera los precios y las tasas de interés, flexibiliza las condiciones de despido y ofrece todo tipo de incentivos a la inversión del capital.

Un gobierno socialista es aquel que prioriza lo social y garantiza el derecho de los ciudadanos al empleo, la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y demás derechos sociales básicos con el fin de superar los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero no todo gobierno socialista impulsa una revolución socialista.

Una Revolución socialista es aquella que transfiere el poder económico al pueblo, traspasa la propiedad de los medios de producción a los trabajadores directos y a la comunidad, favoreciendo su organización y capacitación para dirigir y controlar, de manera directa, la producción de los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.

Una auténtica Revolución Socialista no se limita a asegurar el acceso gratuito de los pobres y excluidos a la alimentación, la educación, la salud y demás derechos sociales básicos. Una Revolución socialista es, en esencia, un proceso político que crea nuevas relaciones de poder. Las clases revolucionarias toman el poder político y desplazan a las élites que explotan y oprimen a las grandes mayorías. Las revoluciones auténticas destruyen el poder político y económico establecido y construyen sobre sus ruinas nuevas relaciones y estructuras de poder. Por eso, la Revolución Bolivariana, una vez que ha declarado su carácter socialista, se plantea ir mucho más allá de la necesaria inversión social de la renta petrolera para plantearse la transformación radical del régimen de propiedad sobre los medios de producción y de las relaciones sociales de producción. En la transición al socialismo, la Revolución Bolivariana tiene por delante la tarea de colocar los medios de producción bajo propiedad social y comunal, y sustituir las relaciones de explotación y subordinación por nuevas relaciones de solidaridad y cooperación.

En consecuencia, el carácter realmente socialista que adquiera la revolución Bolivariana dependerá del empoderamiento de los trabajadsores directos y de la comunidad sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que necesitan para garantizar su supervivencia. Como lo hemos planteado a lo largo de estas páginas, esto exige ir mucho más allá de la propiedad estatal. Pasa por promover nuevas formas de propiedad social y comunal que sean una auténtica expresión del poder popular y así evitar la reedición de las fallidas experiencias del socialismo en el siglo pasado, en las cuales la propiedad estatal terminó siendo secuestrada por élites burocráticas que sustituyeron y desplazaron al pueblo en el control y la dirección de los procesos de producción e inversión social de los excedentes.

La grandeza de la Revolución Bolivariana no radica en lo que hasta ahora ha hecho sino en lo que pueda lograr. Su consagración histórica llegará cuando demuestre que el capitalismo explotador del trabajo ajeno y depredador de la naturaleza si puede ser superado por el socialismo como un sistema basado en los principios de solidaridad, cooperación, complementación, reciprocidad, equidad y sustentabilidad; un sistema en el que los trabajadores directos y la comunidad organizada y preparada son capaces de gobernar sin mediaciones de empresarios capitalistas ni dirigentes burócratas de ningún tipo. Una auténtica Revolución Socialista no puede hacer menos que eso.

La primera década de la Revolución Bolivariana no ha sido bien estudiada ni por el gobierno ni por el partido. Una retórica antiimperialista, anticapitalista y socialista no ha permitido ver que al amparo de la inversión social de la renta petrolera y la mejora de los indicadores sociales, la economía se ha hecho más capitalista y la explotación de los trabajadores se ha recrudecido. Si analizamos críticamente esa primera década encontraremos que, lejos de transformar el capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo socialista de amplia y creciente inclusión social, la economía por el contrario se ha hecho cada vez más capitalista y se ha recrudecido la explotación de los trabajadores. Un estudio más riguroso nos permitirá descubrir y comprender que, en materia económica, los aspectos burgueses fueron los que predominaron en esta primera etapa. Se ha coexistido con las viejas relaciones y estructuras de poder; no se ha culminado la transformación revolucionaria del Estado burocrático heredado de la IV República; buena parte del marco legal y del entorno institucional que responde al interés del capital se mantienen vigentes; no se han abolido las relaciones capitalistas de producción; y, persiste la explotación del trabajo asalariado y las causas estructurales que generan desempleo, pobreza y exclusión social.

La inversión social de la renta petrolera es lo que ha permitido saldar la enorme deuda social heredada de la IV República y lograr una notable mejoría de los indicadores sociales. Por eso, Venezuela sobresale en el cumplimiento de las Metas del Milenio, en medio del gran cinismo e hipocresía del capitalismo y sus líderes mundiales sobre el tema de la pobreza y el hambre en el mundo.

En Venezuela, en los años del Golpe de Estado, el paro empresarial y el sabotaje a PDVSA la tasa de desempleo alcanzó sus niveles máximos de 16,2 % y 16,8 %. A partir de entonces, el desempleo se ha combatido a través de las políticas de inserción laboral hasta alcanzar un mínimo de 7,2 % en el año 2009. A pesar del descenso del Producto Interno Bruto en el último año, la tasa de desocupación ha venido descendiendo para situarse en 8,4% en septiembre de 2010. En medio de una economía en recesión el gobierno, lejos de podar la nómina pública ha priorizado el derecho al trabajo, y esta es una de las razones que explica que los empleados públicos hayan crecido en un millón de personas. [2].

También se ha mejorado la calidad del empleo. En 1999 el empleo precario del sector informal, con sueldos por debajo del salario mínimo; sin seguro de hospitalización, cirugía y maternidad; sin aportes a la política habitacional ni a la capacitación técnica; sin bonos vacacionales ni navideños; sin primas por hijo ni profesionalización; sin pago de prestaciones sociales, superaba el 52 %. En la actualidad, el empleo de calidad ha subido de 47,6 % en 1999 a 56 % al cierre de 2009. En otras palabras, el empleo precario del sector informal ha bajado de 52,4 % a 44%.

Saldar la deuda social heredada de la IV República ha sido la primera prioridad del Gobierno Bolivariano. Gracias a la recuperación de PDVSA -que ha hecho posible la inversión social de buena parte de la renta petrolera-, el porcentaje de hogares y personas en situación de pobreza, es decir, con un nivel de ingreso que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas, se redujo de 31 % a 23 %. Y lo más importante es que el porcentaje de hogares y personas en condición de pobreza extrema; es decir, sin posibilidad de satisfacer las necesidades básicas mínimas de alimentación, salud y vivienda para la vida se redujo de forma rápida y significativa al bajar de casi 30 % al que se llegó en los años 2002-2003 debido a la crisis política y económica que estalló a raíz del Golpe de Estado, el paro empresarial y el sabotaje a PDVSA, a sólo a 7,2 % en el segundo semestre de 2009.

A contrapelo de las políticas neoliberales que se propusieron reducir la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, el Gobierno Bolivariano ha reivindicado el papel que deben cumplir los poderes públicos en el proceso de cambio que se lleva a cabo en Venezuela.

Uno de los indicadores que nos permite verificar la recuperación de la intervención del Estado se aprecia a través del comportamiento del Gasto Público como porcentaje del PIB. Este indicador sube de 23,7 % en 1998 a casi 40 % en 2006, año de bonanza petrolera, para luego caer a 32,4 % en el 2009, año en que la crisis económica y financiera internacional castiga los precios del petróleo y repercute negativamente en la dinámica económica nacional, la cual se contrae en -3.3 %[3].

Hasta ahora, la política social de orientación socialista que ha puesto en marcha el Gobierno venezolano ha sido esencialmente rentista. Con esto queremos decir que la mejora en los indicadores sociales, del Índice de Desarrollo Humano, el Coeficiente de Gini y el cumplimiento anticipado de las Metas del Milenio ha sido gracias a la inversión social de la renta petrolera y no a la creación de nuevas relaciones económicas que supriman la explotación del ser humano y aseguren una distribución progresiva del ingreso a favor de los asalariados que viven de un ingreso fijo y, sobre todo, empoderen a las grandes masas excluidas y empobrecidas que conforman el “pobretariado” venezolano.

El alerta es que el gasto social no puede seguir dependiendo de un ingreso tan errático y volátil como es la renta petrolera. De allí la importancia no solo de reactivar la economía no petrolera sino de transformarla en una nueva economía popular y comunitaria, dedicada a la inversión social de las ganancias y excedentes. Tal como se reconoce en las Bases Programáticas del PSUV, sigue planteada:

“(…) la tarea de sustituir el modelo desarrollista rentista de la economía venezolana por un modelo de desarrollo endógeno integral y auto sustentable. La utilización de la renta petrolera como principal fuente del gasto social y de la inversión y la acumulación privada, ha configurado históricamente un aparato productivo mono exportador, desarticulado intra e intersectorial y territorialmente dependiente de la importación de tecnología, equipos, maquinarias y capitales, que ha hecho a la economía venezolana sumamente vulnerable debido a la dependencia de la misma de los precios internacionales del petróleo. Para avanzar en la construcción del socialismo es necesario crear una economía productiva y diversificada”.[4]

La política social compensatoria a favor de los excluidos y de la población en condiciones de pobreza y miseria; el suministro de alimentos de calidad y precios por debajo del mercado para la mayoría de la población; la ampliación de la cobertura y alcance de los servicios de salud; el aumento de la escolaridad y la matrícula en educación media y universitaria; la habilitación para el trabajo formal a través de programas de capacitación técnico-productiva; si bien forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano en saldar la enorme deuda social heredada de la IV República, constituyen una clara expresión del carácter progresista y de izquierda del Gobierno Bolivariano, más no pueden ser catalogadas como políticas esencialmente revolucionarias, toda vez que no están orientadas a romper las relaciones capitalistas de dominación por nuevas relaciones de cooperación y complementación entre los productores libres y asociados. Tan es así, que en la propia Declaración de Principios del PSUV se plantea que:

“Reconocidos los avances y logros de la revolución bolivariana en la inclusión social, se hace necesario saltar a una nueva etapa del proceso: a la construcción del Socialismo Bolivariano. Esto exige profundizar en los cambios estructurales y estratégicos. Necesitamos construir un modelo alternativo al modelo de acumulación de capital, generador de pobreza y exclusión social, un modelo sustentable y sostenible”.[5]

La nueva etapa en la que ha entrado la Revolución Bolivariana -a partir de la declaración de su carácter socialista y de la aprobación del Primer Plan Socialista de la Nación-, implica ponerle fin a la etapa de concesiones al sector capitalista. En adelante, la Revolución Bolivariana se propone acelerar el diseño y ejecución de medidas realmente revolucionarias que creen nuevas relaciones de poder a favor de los productores directos, los consumidores y la comunidad organizada. Como se expuso en el capítulo anterior, la Revolución Bolivariana declaró su carácter socialista y entiende por Socialismo:

“un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales”[6].

La Revolución Bolivariana, a pesar de haber declarado su carácter anticapitalista y socialista, hasta ahora ha sido más política y social que económica. Ha logrado sustituir una clase política por otra y saldar en corto tiempo buena parte de la deuda social heredada de la IV República. Pero todavía no ha alterado radicalmente la naturaleza capitalista de la economía. En consecuencia, aún tiene todavía pendiente impulsar una verdadera revolución económica para erradicar las causas que generan el desempleo, la pobreza y la exclusión social.

La revolución socialista en el campo económico significa eliminar las condiciones que permiten la explotación del ser humano. La construcción de un nuevo modelo productivo parte de lo que existe. Por lo tanto, habrá un período de transición entre la vieja economía capitalista aún predominante y la nueva economía socialista que aún no ha podido imponerse. Este período seguramente estará lleno de contradicciones, de marchas y contramarchas, de concesiones tácticas para asegurar el logro de los objetivos estratégicos. Como lo explicaremos a continuación, en medio de la crisis de 2002-2003, la reactivación de la economía capitalista entre los años 2004-2008 fue un mal necesario para generar empleo, elevar la producción, combatir la escasez y salvar la Revolución Bolivariana.

A pesar de la crítica al capitalismo y de la declaración del carácter socialista de la Revolución Bolivariana, el peso del sector mercantil privado en la economía venezolana, lejos de disminuir contradictoriamente aumentó. Pasó de 64.8 % en 1999 a 70 % en 2008-09, mientras que el sector público cayó de 35 % a 30 % en ese período. La política económica bolivariana, al concentrarse en la reactivación y no en la transformación del aparato productivo existente, contribuyó a que el sector capitalista de la economía creciera a una velocidad mayor que la economía pública y la economía social. Así pues, en la Venezuela de 2010, tanto la estructura del PIB como el nivel de empleo están fuertemente marcados por el abrumador peso que mantiene el sector capitalista en la economía, siendo éste el que define la naturaleza explotadora y depredadora del modelo productivo que aún impera en Venezuela.

Gráfico N° 3

Estructura Porcentual PIB Público y Privado

<TABLE width="250" border=0 align="" cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#FFFFFF"><TR><TD><A href="/imagenes/2010/12/victor_alvarez3.jpg" target=_blank><IMG src="/imagenes/2010/12/victor_alvarez3_p.jpg" width="250"  border="0"></A></TD></TR></TABLE>

Fuente: BCV. PIB por sectores institucionales

En efecto, fueron los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, asistencia técnica, etc. -y no las fuerzas del mercado- los que se llevan el mérito de haber impulsado el crecimiento del PIB a lo largo de 22 trimestres consecutivos. Gracias a los incentivos de la política económica bolivariana, el sector capitalista de la economía creció más que el sector público y que la economía social, hasta alcanzar el 70 % del PIB. La mayor proporción de la actividad económica en la minería, manufactura, comercio, servicios, finanzas, transporte y almacenamiento, construcción y otros sectores de la economía aún está bajo el control de la economía capitalista privada. El sector no petrolero bajo el control fundamentalmente del capital privado pesa el 77,5 % del PIB; mientras que la mayor proporción del petrolero sector que aporta el 11,6 % está en manos del Estado (el sector privado pesa apenas el 0,6 % del sector petrolero). El 10,9 % que completa el 100 % del PIB corresponde a los impuestos netos que paga fundamentalmente el sector privado[7].

Al hacerse la economía venezolana más capitalista, en ese sector se recrudece también la explotación de los trabajadores. En 1998 al factor trabajo le tocaba el 39.7% del nuevo valor creado, superior al 36.2 % que le tocaba al capital. Diez años después, su participación cayó a 31.69 % mientras que la de los capitalistas subió a 49.18%[8].

Cuadro N° 3

Componentes del VAB Economía Total

Fuente: Banco Central de Venezuela. Componentes del VAB, Remuneración de los asalariados

y Excedente de explotación.

Estos datos revelan que en la primera década de la Revolución Bolivariana la economía venezolana se hizo más capitalista y explotadora de la fuerza de trabajo asalariada, El sector capitalista de la economía aún pesa el 70 % en el PIB, lo cual determina la naturaleza explotadora que predomina en el actual modelo productivo de Venezuela, lo cual justifica plenamente la radicalización que se ha planteado el Gobierno Bolivariano para superar el capitalismo explotador del ser humano y depredador del ambiente y construir un nuevo modelo productivo socialista.

El impacto de esta lógica explotadora del capital sobre el desempleo, la pobreza y la distribución regresiva del ingreso se ha visto compensado y, en gran forma encubierto, gracias a la inversión social de la renta petrolera que garantiza la gratuidad de la enseñanza primaria, media y universitaria; el acceso gratuito a servicios de salud; así como una abundante oferta de alimentos de calidad y buenos precios para la mayoría del pueblo trabajador.

En las condiciones del socialismo rentístico, la lucha por una mejor distribución del ingreso no se dirige a lograr una mayor tajada del fruto del esfuerzo productivo, sino que se traslada a capturar la mayor parte de la renta petrolera. Su inversión social ha permitido compensar y encubrir una distribución regresiva del ingreso en el sector capitalista de la economía. Pero cuando el ingreso petrolero se derrumba, quedan al descubierto los potenciales conflictos distributivos entre capital y trabajo. En condiciones de restricciones económicas, es muy probable que se intensifiquen los conflictos obrero-patronales a través de reclamos, marchas, paros y huelgas para lograr una mejor distribución del ingreso generado al calor de su esfuerzo productivo. Y la rivalidad en la distribución del ingreso puede hacerse más cruenta si los precios del petróleo muestran un comportamiento errático y la economía no se reactiva y crece de manera estable y sostenida.

La mejora de los indicadores sociales tiene como fuente de financiamiento la inversión social de la renta petrolera y no los ingresos fiscales procedentes de los impuestos que pagan los sectores más ricos para ser redistribuidos a favor de los más pobres. El gasto social contribuyó a desactivar la bomba de tiempo social que tanto preocupaba al capital y a crear mejores condiciones para la acumulación y valorización de la inversión privada, sin la amenaza de cruentos conflictos por parte de los trabajadores para lograr una distribución favorable del ingreso generado en los procesos productivos. Gracias a la inversión social de la renta petrolera, el capital encontró una fuerza de trabajo con mayor grado de instrucción, calificación y servicios gratuitos de educación y salud que estiran el salario real y reducen o postergan la presión de los trabajadores sobre sus patronos para lograr mayores aumentos salariales y beneficios laborales.

En adelante, no solamente hay que reactivar la economía, lo más importante es transformarla y así evitar la reedición de la experiencia vivida entre los años 2004-2008, cuando buena parte de los incentivos de política pública se destinaron a reanimar el aparato productivo existente, conformado mayoritariamente por empresas mercantiles con fines de lucro. Más que reactivar la economía que esencialmente sigue siendo una economía capitalista y aún pesa el 70% del PIB, la prioridad del Gobierno Bolivariano debe ser impulsar el crecimiento y desarrollo de una nueva economía social, popular y solidaria, en manos de los trabajadores directos y de la comunidad. Por eso, las ayudas públicas deben reorientarse para hacer posible un mayor crecimiento de la economía social. Igualmente, hay que cambiar su estructura sectorial para tener un PIB de mayor calidad y sustentabilidad que asegure la soberanía productiva del país.

La reactivación de la economía es un proceso que debe estar sincronizado con su transformación estructural. Pero esto no será consecuencia del libre juego de la oferta y la demanda. No será la mano invisible del mercado la que guíe este proceso llamado a sustituir el orden viejo, explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, por un nuevo orden capaz de erradicar las causas estructurales del desempleo, la pobreza y la exclusión social. Se requiere una sabia y oportuna intervención de los poderes públicos. De allí la necesidad de reorientar a favor de la economía social los incentivos arancelarios, fiscales, financieros, cambiarios, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación de la fuerza de trabajo, asistencia técnica, etc. que hasta ahora han sido aprovechados fundamentalmente por la vieja economía capitalista que reproduce la explotación del ser humano, la depredación del ambiente y la degradación de los valores éticos y morales.

La Revolución Bolivariana ha triunfado política y socialmente pero todavía no ha triunfado en materia económica. Como hemos visto, después de una década de Revolución y de haber declarado el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, la economía se hizo más capitalista. Su lento y zigzagueante avance en el campo económico, lejos de significar su fracaso, pone en evidencia la complejidad de las transformaciones que impulsa. Por la trascendencia de sus objetivos se abre paso con dificultad ante la resistencia que opone el viejo orden económico y lo complejo que implica construir la nueva economía social.

La Revolución Bolivariana está obligada a crear las fortalezas necesarias para asegurar el carácter irreversible de sus conquistas sociales. Tal como se plantea en las Bases Programáticas del PSUV:

“La tarea central de la Revolución Bolivariana es desmontar el poder constituido al servicio de la burguesía y el imperialismo y refundar un poder radicalmente di.stinto, al servicio del pueblo venezolano y los demás pueblos del mundo, es decir, la construcción del poder popular y revolucionario. Todas las tareas políticas están dirigidas a su consolidación como la única garantía de la victoria definitiva de la Revolución Bolivariana”.[9]

Por eso, ha llegado el momento de reconocer la situación creada en la primera década y dejar claro que la etapa de las concesiones a los capitalistas ha terminado. En adelante los apoyos públicos se tienen que reorientar para que lo que más crezca sea una nueva economía social que sustituya las relaciones de explotación del ser humano y de depredación del ambiente, por nuevas relaciones de solidaridad, cooperación y sustentabilidad. Por lo tanto, de cara a la construcción del socialismo venezolano, hay que priorizar los incentivos de las políticas públicas para apoyar el crecimiento y desarrollo de la naciente economía social. Solo con el respaldo y protección del Estado es que se podrá evitar que la misma sea devorada en su relación con el mercado e, incluso, con el propio Estado.

Ahora bien, esto será posible cuando tengamos un verdadero Estado socialista que haya terminado de desplazar y derrotar al viejo Estado burocrático. Hasta ahora la marcha del Estado ha sido contradictoria y muchas veces errática. Aparenta ser la fuerza motriz que impulsa la Revolución Bolivariana, pero aún subyacen en su lógica de funcionamiento los intereses particulares de las fuerzas políticas, grupos económicos y el burocratismo que pugnan o se alían para lograr o preservar sus cuotas de poder, beneficios y privilegios. De allí la necesidad imperiosa de orientar la construcción del socialismo venezolano hacia la desestatización, entendida ésta como la desburocratización de la función pública, su transferencia al poder comunal y, por lo tanto, a la democratización de la vida económica y política, en función de lograr la máxima socialización del poder. No nos queda duda de que a la luz de la traumática experiencia de la construcción socialista en el siglo pasado, la construcción del socialismo venezolano pasa por el debilitamiento del Estado burocrático y la partidocracia como centros del poder político y económico, el cual debe ser transferido al pueblo a través del poder comunal y la economía social.

Advertimos que no se trata de sustituir la propiedad privada por propiedad estatal. La esencia libertadora del socialismo frente al capitalismo quedará anulada si lo que se impone es el absolutismo de la propiedad estatal. Las fuerzas revolucionarias que se proponen construir el socialismo venezolano sólo podrán avanzar si logran tener éxito en el impulso y desarrollo de nuevas formas de propiedad social que hagan posible un creciente grado de cogestión y, sobre todo, de autogestión de los productores directos, de los consumidores y de la comunidad sobre su actividad económica y productiva y sobre sus condiciones de supervivencia, reproducción y vida social. Dicho de otra forma, la clave de una auténtica Revolución Socialista en el siglo XXI que libere al pueblo trabajador de la explotación y los flagelos sociales del capital radica en las nuevas formas de propiedad sobre los medios de producción fundamentales que sea capaz de impulsar y materializar. Es de estas nuevas relaciones de poder que dependerá el nivel de desarrollo que alcance la democracia económica participativa y protagónica que en Venezuela intenta abrirse camino en medio del abrumador poder establecido.

El concepto “democracia participativa” planteado en la Constitución no se limita solo al ejercicio del sufragio, sino que tiene que ver también con la capacidad real de la mayoría ciudadana de decidir sobre los principales asuntos económicos de la Nación, particularmente con la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicio que son imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, en función de garantizar sus condiciones de supervivencia y reproducción. El paso a la democracia económica se materializará, entonces, cuando ese poder de decisión pase de los patrones y burócratas a los productores individuales y colectivos. La transición al nuevo socialismo se abrirá camino a través de la democracia económica, la cual se basa en la participación activa y protagónica de los productores y consumidores directos sobre el control de los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo.

Desde esta perspectiva planteamos, entonces, que una revolución social sin una revolución económica es una revolución insostenible. Ciertamente, hay que transformar el capitalismo rentístico en un nuevo modelo productivo basado en un pujante desarrollo de la agricultura y la industria, pero en manos del pueblo. No se trata de imponer “la dictadura del proletariado” sino de impulsar la democracia del “pobretariado” en el marco de la democracia participativa y protagónica que en Venezuela se construye. El triunfo de la Revolución Bolivariana será irreversible en la medida que desarrolle una nueva economía social, dejando atrás la cultura rentista y sustituyéndola por una cultura centrada en el valor del trabajo. Una revolución política y social, pacífica o armada, que no produzca cambios sustanciales en la economía, sometida a una dinámica de crecimiento cada vez más dependiente del comportamiento errático del ingreso petrolero, incapaz de mantenerse con base en su propio esfuerzo productivo, corre el riesgo de quedarse en una eterna promesa que nunca llegará a concretarse ni a valerse por sus propios medios.

Hasta ahora, la mayoría de las revoluciones conocidas destruyeron el capitalismo privado y lo transformaron en un capitalismo de Estado. Pero la Revolución Bolivariana se ha declarado socialista y esto implica ir contra todo tipo capitalismo, incluso contra el capitalismo de Estado. Más allá de los cambios en el mapa político y de la indiscutible mejoría y progreso de los indicadores sociales, para que esta Revolución sea socialista tiene que transformar las relaciones sociales de explotación y empoderar a los trabajadores directos y a la comunidad. Solo así se podrán erradicar, de manera definitiva y para siempre, las causas estructurales que generan el desempleo, la pobreza, la miseria y la exclusión social.

[1] Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Op. cit. pp. 115-116

[2] Ibid.

[3] Ver Banco Central de Venezuela. BCV. Informe Económico 2009. En: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/infoeco2009.pdf.

[4]Partido Socialista Unido de Venezuela. Libro Rojo. Bases Programáticas del PSUV. Pág. 109. Venezuela Junio 2010.

[5] PSUV: Op cit. Declaración de Principios del PSUV. p. 29

[6] Asamblea Nacional. Proyecto de Ley de Comunas. Op cit. Artículo 4.

[7] Banco Central de Venezuela. (BCV) PIB Estructuras Porcentuales En: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/infoeco2009.pdf.

[8] Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV). Componentes del VAB, Remuneración de los asalariados y Excedente de explotación. En: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/infoeco2009.pdf.

[9] Partido Socialista Unido de Venezuela.Libro Rojo. Bases programáticas. Op. Cit Pág. 100.