El anuncio comentado coincide con el acuerdo alcanzado ayer entre los gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo para rescatar el banco francobelga Dexia, el cual enfrenta la amenaza de quiebra a consecuencia, entre otras cosas, de la devaluación de la deuda pública griega. La operación –que supondría un costo de 100 mil millones de euros con cargo al erario público– consistiría en dividir a Dexia en tres entidades financieras y colocar los activos tóxicos en una de ellas –la cual tendría a los tres estados como garantes–, en lo que constituye una nueva maniobra de socialización de las pérdidas.
En la lógica de gobiernos como los de Berlín y París, la recapitalización de las instituciones bancarias del viejo continente es una medida necesaria para asegurar el funcionamiento del sistema crediticio –como dijo ayer Sarkozy–, resguardar los ahorros de sus clientes y evitar escenarios de pánico. Pero hay que ver con cuánta determinación esos mismos gobiernos –al unísono con las autoridades de la Unión Europea, el Banco Central del conglomerado de naciones y el Fondo Monetario Internacional– exigen a naciones en problemas económicos la aplicación de reformas y medidas de choque que conllevan el sacrificio de la población: recortes al gasto social, eliminación de prestaciones, depredación de la propiedad pública, castigo a los ingresos de los hogares y despido masivo de empleados estatales.
El referente más inmediato de esta fórmula nefasta es la propia Grecia, país que ha sido colocado en la perspectiva de un estallido social –como demuestran las movilizaciones y paros nacionales que se han desarrollado en ese país en semanas y meses recientes– a consecuencia de las políticas de ajuste y austeridad demandadas por la troika europea al gobierno de Atenas.
Para colmo de males, los rescates y recapitalizaciones de bancos privados de poco o nada han servido para prevenir que esas instituciones dejen de entrar cíclicamente en problemas. Ilustrativo de ello es el caso de Dexia, rescatado con recursos públicos en 2008, el cual vuelve a requerir de asistencia estatal pese a las buenas notas de solvencia que le fueron otorgadas por distintas calificadoras hace apenas tres meses.
A falta de regulaciones y controles a la voracidad especulativa, y ante la persistencia de malas prácticas de los bancos en Europa y en todo el mundo, las multimillonarias sumas destinadas por los gobiernos con recurrencia exasperante para salvar esas entidades no pueden ser vistas sino como una forma de financiar la torpeza y la desmesura de las élites políticas y financieras causantes de las crisis económicas, y de castigar, en forma por demás injusta, a las poblaciones.
En suma, anuncios como el comentado ponen de manifiesto el carácter intrínsecamente devastador del modelo económico vigente: según puede verse, en la lógica del neoliberalismo la estabilidad económica en tiempos de crisis se logra provocando desestabilización social. En tal escenario, y ante el descontento e irritación sociales que se comienzan a manifestar con movilizaciones, acampadas y protestas en varias partes de Europa y América, las autoridades de esas regiones tendrían que empezar a destinar una parte sustantiva de los recursos a su alcance para rescatar a las sociedades, no los capitales. De lo contrario, los gobiernos occidentales corren el riesgo de minar severamente su propia legitimidad y de desgastar en forma peligrosa la gobernabilidad de sus países.
