Gerardo Peláez Ramos
Diciembre 09 de 2011.-Sigue la lista de caídos nahuas de la comunidad de Santa María Ostula, en la costa del estado de Michoacán, cuando apenas el 6 de octubre fue liquidado a balazos el comunero Pedro Leyva Domínguez, delegado de dicha comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Para agravar la situación, el 7 de diciembre del año en curso fue encontrado el cuerpo sin vida, y con evidentes signos de tortura, de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, jefe de la encargatura de Xayakalan, quien había sido secuestrado el día 6 por un grupo paramilitar encabezado por Margarita Pérez, alias La Usurpadora, que de acuerdo con los comuneros está vinculado al narcotráfico y el crimen organizado.
Don Trino, como era llamado el dirigente nahua, de 73 años de edad, sostuvo el 28 de noviembre retropróximo una entrevista con comisionados de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y el gobierno de Michoacán, en la cual se tomó el acuerdo de imponer medidas de seguridad para la caravana del MPJD que saldría de Guadalajara el 6 de diciembre para ir rumbo a Santa María Ostula, municipio de Aquila, de la entidad federativa mencionada.
Al encontrarse entre Aquila, cabecera municipal, y Xayakalan, la Policía Federal abandonó la caravana, circunstancia que aprovechó, poco después, un grupo paramilitar al servicio de los “pequeños propietarios” para amenazar a los marchistas con las armas en la mano y secuestrar al jefe indígena. La caravana se proponía culminar con una asamblea en la comunidad de Santa María Ostula.
El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón Hinojosa sostiene que en México no existen grupos paramilitares, pero en fechas recientes han caído bajo las balas de estos cuerpos irregulares varios dirigentes y activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca; del Comité de Defensa Ciudadana, en Tuxtepec, Oaxaca; de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, y de otras organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y populares en diversos estados de la República. La existencia de los grupos paramilitares está documentada en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, además de las guardias blancas que utilizan los grandes capitalistas de las industrias de la minería, la metalurgia y la siderurgia para enfrentar los movimientos de huelga y otras acciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Desde que la comunidad de Santa María Ostula recuperó, el 29 de junio de 2009, cerca de mil 300 hectáreas que ilegalmente se habían apropiado supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, el asedio de cuerpos francos de matones es permanente. Para responder a esta situación inadmisible, los comuneros nahuas reorganizaron la policía comunitaria y formaron una guardia comunal. Si se toma en cuenta la población de esta comunidad, la cadena de asesinatos y desapariciones es realmente exagerada y escandalosa: 27 caídos y cinco desaparecidos.
Para observar el desarrollo de la consulta interna de la comunidad de Santa María Ostula, 12 miembros del MPJD, integrantes de una comisión, habían acudido el pasado 6 de diciembre a una asamblea de ciudadanos de tal comunidad, que resolverían acerca de las tratativas que están en curso con la Secretaría de la Reforma Agraria y la administración del estado de Michoacán.
Prisciliano Corona Sánchez, El Chalano; Iturbide Alejo, El Turbinas, y Margarita Pérez, La Usurpadora, ya habían públicamente molido a golpes y amagado de quitarle la vida a Don Trino, el anterior 14 de noviembre. Estos individuos, que conforman una banda armada, están al servicio de grupos del crimen organizado, según el MPJD.
En un boletín la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó el secuestro de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, y señaló: “De acuerdo con defensores de derechos humanos entrevistados por la CDHDF, hace una semana autoridades civiles de Santa María Ostula, entre los que se encontraba Trino, firmaron un acuerdo para la seguridad pública de la comunidad, que involucraba a autoridades federales, estatales y municipales.
“Según la información proporcionada, el incumplimiento a dichos acuerdos por parte de las autoridades federales derivó en la agresión hacia la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y en el secuestro de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo. En particular dos hechos documentan este incumplimiento, según los defensores de derechos humanos entrevistados: la negligencia de la Secretaría de Marina de mover el retén con el que contaban al sitio convenido y por otro lado el abandono del operativo por parte de la Policía Federal, que había acompañado a la Caravana, cuando ésta se internó en Santa María Ostula.
“Cabe recordar que la comunidad de Santa María Ostula cuenta con medidas precautorias por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de otros tres comuneros en 2010”.
Conforme a un comunicado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “ Trino, como lo conocíamos, fue un líder comunero fundamental para el proceso de organización interno de Santa María Ostula, Michoacán.
“Desde el 25 de septiembre de 2010 se contaba con medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los dirigentes comuneros y de la propia comunidad.
“El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo una reunión para la implementación de las medidas que no se estaban cumpliendo.
“Los acuerdos que se tomaron fueron: que por parte de las autoridades participaran representantes de las Secretarías de Seguridad Pública del Gobierno Federal y del Estado de Michoacán, de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina así como de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Gobierno, ambas de Michoacán.
“Es importante destacar que en esta reunión se dejó claro que en términos de seguridad nacional, la seguridad en la zona corresponde a la Marina.
“Asimismo, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública señaló que se coordinaría con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a efecto de incrementar los rondines en las zonas.
“Por su parte, los representantes de la comunidad de Santa María de Ostula --entre los que se encontraba el compañero Trino-- manifestaron que además del incremento de rondines y aumento de la vigilancia se requiere que el Estado mexicano adopte las acciones que considere pertinentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
“La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) --que ha acompañado el caso jurídicamente-- considera que este crimen es una ejecución extrajudicial, dado que al retirarse la Policía Federal de la zona que tenía que haber resguardo, generó condiciones de omisión o de complicidad con los delincuentes para que sucediera este delito y porque la Marina debería haber implementado su presencia en la zona”.
Considerando la cantidad de activistas sociales asesinados y secuestrados en fechas recientes, la nula solución a tales crímenes y la persistencia de una política oficial de seguridad completamente errónea, La Jornada plantea en su editorial del 8 de diciembre: “Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la guerra contra el narcotráfico, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.
“Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.
“En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública --además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional-- son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos”.
Para la izquierda política y el movimiento social, tanto en México como en otros países, es indispensable continuar desarrollando la solidaridad con la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, y otros núcleos agredidos por fuerzas represivas gubernamentales y cuerpos irregulares de matones que son pagados y sostenidos por terratenientes, capitalistas y narcotraficantes.
