Izquierda Anticapitalista, organización política del Estado español, interpuso el jueves 15 de diciembre, en el Tribunal Supremo (España) una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por un delito de prevaricación. La prevaricación o acto de prevaricar, es el delito cometido por un funcionario público, en este caso un funcionario judicial, cuando dicta o propone a sabiendas una resolución de manifiesta injusticia, que constituye, por consiguiente, una falta de fidelidad de su parte o una falta a sus deberes.
La acusación se fundamenta en que el juez anuló la citación de un testigo en la causa que sigue por supuesta colaboración entre ETA y las FARC, al tener conocimiento Velasco de que el General (R) Nestor González González, prófugo de la justicia venezolana, estaba reclamado por Venezuela por su participación flagrante en el golpe de Estado que derrocó por breves días al presidente Hugo Chávez, en 2002 (Ver Solicitan a Interpol alerta roja contra Néstor González González : http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=139365).
La querella, señala que el magistrado español actuó al margen de la legalidad al "suspender la declaración de un testigo aprobada por él mismo a petición de la propia parte que solicitó dicha diligencia de investigación, ante la posibilidad de que el testigo pudiera ser reclamado por un Estado con el que España tiene...firmado un Tratado de Extradición desde 1990".
El juez Velasco había solicitado en el pasado ayuda a la justicia venezolana, pero en cambio, en este caso, habría evitado su colaboración en la detención de una persona reclamada por Venezuela y por la Interpol, implicada en una cuestión tan grave como el golpe de Estado en Venezuela. Izquierda Anticapitalista sostiene que es inadmisible que el juez le haya ayudado a evadir la acción de la justicia venezolana e internacional y que decida arbitrariamente cuándo se debe cooperar con la Justicia de otros países y cuándo no, especialmente cuando este juez se ha caracterizado (según IA) por razones vinculadas con su ideología- por ser un perseguidor implacable con otros casos, como el de varios miembros del movimiento 15-M por la manifestación realizada ante el Parlament catalán el día 15 de junio del 2011.
El periódico Público informó en mayo que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que en el sumario en el que se investigan las presuntas conexiones entre ETA y las FARC también representa a la Plataforma de Venezolanos en Madrid y al Frente Iberoamericano de Madrid (contrarios al gobierno de Hugo Chávez), había solicitado que Velasco tomara declaración como testigo a Néstor González González respecto al tema de las presuntas relaciones ETA-FARC.
Refiere el citado periódico que "el juez lo acordó el 21 de septiembre de 2010. El 8 de noviembre, la acusación presentó un escrito en el que decía que había sabido por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo venezolano había decidido solicitar la extradición de González, cuando se encontrara en España, por su participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002".
Se puede presumir que en sus declaraciones, como ya lo había hecho en ocasiones
anteriores, el "testigo" González González trataría de involucrar al
presidente Chávez en el tema de las "conexiones" entre las dos
organizaciones armadas, lo cual arrojaría un provecho político colateral
para los interesados.
La querella destaca que la AVT renunciaba al testimonio "ante la posibilidad" de que pudiera "ser detenido en nuestro país, si viajaba para prestar declaración". Coincidiendo con esto, Velasco suspendió la comparecencia el 11 de noviembre, lo que Izquierda Anticapitalista protesta como una "clara contradicción con la legalidad vigente en la materia", En contraste con esta conducta tan dudosa frente a un personaje pública y abiertamente implicada en el golpe contra Hugo Chávez, Velasco ha solicitado varias extradiciones a Venezuela, entre ellas, la de Arturo Cubillas, por integración en ETA en grado de dirigente; reclamación que fue rechazada, porque el tratado firmado con España faculta a las autoridades de Venezuela a no entregar a nacionales y Cubillas adquirió nacionalidad venezolana tras casarse con una ciudadana de del país sudamericano.
A continuación reproducimos la noticia publicada en la Web de Izquierda Anticapitalista:
Querella criminal por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
Los hechos a los que se refiere la querella se remontan al mes de septiembre del 2010, cuando el juez Velasco aceptó la solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y el Frente Iberoamericano de Madrid de tomar declaración como testigo a Néstor González González- general retirado del ejército venezolano y solicitado por las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de rebelión civil en el año 2002- en la causa que se seguía en su Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional para determinar la supuesta colaboración entre ETA y las FARC. El 8 de noviembre de 2010, días antes de la fecha prevista para la toma de declaración de Néstor González, la acusación particular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo presentó un escrito ante el juez Eloy Velasco en el que advertía que el Tribunal Supremo Venezolano había aprobado solicitar la extradición de Néstor González, refugiado en Costa Rica, a instancias de la Fiscalía General de la República de Venezuela por su participación en el golpe de Estado de 11 de abril de 2002 contra el entonces Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez. La búsqueda de Néstor González también había sido incorporada en la base de datos de la Interpol. En dicho escrito la AVT solicitó al juez Velasco que, ante la posibilidad de que el testigo pudiera ser detenido en el Estado español si viajaba para prestar declaración, suspendiera su declaración testifical. Pocos días más tarde, y en clara contradicción con la legalidad vigente, el juez Eloy Velasco suspendió la declaración testifical para evitar que el testigo pudiera ser detenido y sometido a procedimiento de extradición.
La base de la querella interpuesta por Izquierda Anticapitalista es que en su función jurisdiccional el juez Eloy Velasco suspendió una diligencia de instrucción para evitar que Néstor González fuera detenido como resultado de una reclamación extradicional por rebelión civil existente en su contra a raíz del proceso penal que se sigue en Venezuela, país al cual el propio juez Velasco ha solicitado una serie de extradiciones en el marco del Tratado de Extradición entre Venezuela y España firmado el año 1990.
Desde Izquierda Anticapitalista consideramos que:
* A pesar de que el juez Velasco ha solicitado en el pasado ayuda a la justicia venezolana, su propia ideología ha primado a la hora de evitar su colaboración en la detención de una persona perseguida por Venezuela, Néstor González, supuestamente implicada en una cuestión tan grave como el golpe de Estado en Venezuela.
* Los hechos por los que se acusa a Néstor González son extremadamente graves y consideramos inadmisible que un juez, en este caso Eloy Velasco, le haya ayudado a evadir la acción de la justicia venezolana e internacional.
* Consideramos inadmisible, asimismo, que un Juez de la Audiencia Nacional se permita decidir de manera unilateral sobre cuándo se debe cooperar con la Justicia de otros países y cuándo no. Es obvio que Eloy Velasco ha actuado al margen de la Ley.
* El nulo rigor demostrado por Eloy Velasco a la hora de permitir la huida de Néstor González a sabiendas que éste estaba siendo perseguido por la Interpol, contrasta notablemente con el tozudo rigor con el que está persiguiendo a varios miembros del movimiento 15-M catalán por la manifestación realizada ante el Parlament catalán el día 15 de junio del 2011.
* La actuación de Eloy Velasco es extremadamente peligrosa ya que, si bien se presenta como un Juez imparcial a pesar de estar vinculado directamente con el Partido Popular como su participación en el gobierno de Francisco Camps demuestra, persigue de manera injustificada a activistas sociales por un lado y por el otro no es capaz de cumplir con su obligación de facilitar la detención de un prófugo condenado por un delito extremadamente grave.