6 de enero de 2012.- A pesar de que el estado mexicano de Guerrero, no ha reformado sus leyes locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, ni limitar o eliminar las causales para la interrupción legal del embarazo (ILE), como lo han hecho otros estados, su sistema penal ratificó una condena de prisión contra una mujer indígena que sufrió un aborto espontáneo.

En la mayoría de los estados mexicanos, al igual que en toda Venezuela, el aborto continúa siendo ilegal, y se le continúa negando a la mujer la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, ignorando los grandes avances que en esa materia han logrado los movimientos feministas en muchos otros países. Su legalización ha incluso permitido una drástica reducción del crimen como sucedió en ciudades como Nueva York y Los Angeles a 18 años después de que en EEUU despenalizara el procedimiento y surgiera una nueva generación de familias con menos hijos, producto de menos embarazos no-deseados.

En México, es por segunda ocasión que el juzgado del municipio de Huamuxtitlan del estado de Guerrero, dictó auto de formal prisión contra la joven Virginia, indígena náhuatl que desde hace tres años permanece en la cárcel acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo durante el tercer trimestre de gestación.

Verónica Cruz, coordinadora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo a Cimacnoticias que la acusación contra Virginia “no tiene sostén jurídico, y es un ejemplo de la falta de justicia para las mujeres, agravada por ser pobres e indígenas”.

Con el auto de formal prisión, tras permanecer tres años encarcelada sin recibir sentencia, la indígena náhuatl es víctima por segunda vez de la “deshumanización de las autoridades” guerrerenses, las cuales hasta ahora han sido incapaces de actuar ante una “injusticia evidente”, denunció la activista.

CONTRADICCIONES JURÍDICAS

En abril de 2006 Virginia sufrió una caída en su casa que no le permitió levantarse. Varias horas después fue trasladada a un hospital en Puebla, donde los médicos la denunciaron ante el Ministerio Público (MP) por supuestamente inducirse un aborto, ya que su útero presentaba desgarres.

Sin orden judicial, las autoridades catearon la casa de la guerrerense y encontraron rastros de que la indígena tuvo una hemorragia; hallaron al producto sin lesiones, pero no la evidencia sobre la causa de su muerte. Al feto no se le practicó la necropsia para conocer el por qué del deceso.

A pesar de ello, el MP inició la averiguación contra Virginia por el delito de homicidio en razón de parentesco, sin proporcionarle un traductor y un defensor que conozca su cultura y costumbres, ya que ella sólo habla y entiende su lengua.

En contraste con los 17 estados del país que desde 2008 reformaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, Guerrero no tiene una modificación en ese sentido y mantiene en su Código Penal causales para el aborto legal.

Entre ellas está cuando el aborto sea espontáneo, sea resultado de una violación sexual o una inseminación artificial no consentida, y cuando el producto tenga malformaciones genéticas o congénitas.

Entre 2010 y 2011, en estados como Guanajuato y Baja California –donde se aplicaron las contrarreformas constitucionales– fueron encarceladas decenas de mujeres que sufrieron abortos espontáneos y a quienes –al igual que a Virginia– se les acusó de “homicidio en razón de parentesco”.

JUSTICIA PARCIAL

En febrero de 2009 Virginia fue detenida sin orden de aprehensión e internada en el Centro de Readaptación Social en Tlapa, Guerrero. Siete meses después, el Tribunal de Apelación de Huamuxtitlan ordenó el auto de formal prisión en su contra por el delito de homicidio en razón de parentesco. Pasaron dos años y 10 meses sin que la indígena recibiera sentencia.

En abril de 2011, apoyada por el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, el Colectivo Nosotras y Las Libres, la defensa de Virginia interpuso un amparo indirecto ante un juez federal en el que enunciaron las múltiples violaciones a sus derechos. La Federación ordenó a César Abraham Calderón Torres, juez mixto de Primera Instancia en Huamuxtitlan, reponer el proceso.

Sin embargo, el juez guerrerense “no entendió que reponer el proceso significa que no tienen elementos para mantenerla presa y, por ende, debió concederle su libertad”.

En lugar de ello “él interpretó la orden como rectificar lo que hicieron mal, que según él consistió en entregar las ‘pruebas’ en una sola, y lo que hizo fue desglosar una por una y repetir lo que ya estaba”, detalló Verónica Cruz.

La defensa de Virginia apeló y presentó un amparo ante el juzgado federal en Chilpancingo, en el que se inconforma por la respuesta de Calderón Torres y demanda que la liberación inmediata de la mujer.

Cruz indicó que con la segunda apelación, que deberá resolverse este mes, espera que se conceda la libertad a la indígena náhuatl.