06/05/12.-La decisión del Gobierno portugués de suspender las jubilaciones anticipadas hasta 2014 generó fuertes críticas entre los partidos de izquierda y los sindicatos, por considerar que el Ejecutivo estaba engañando a los ciudadanos.
Pedro Marques, ex secretario de Estado de Seguridad Social, calificó en declaraciones recogidas por los medios portugueses de "inaceptable", "incomprensible", "perjudicial" y "precipitada" la decisión.
El Gobierno conservador de Portugal consideró a última hora que las jubilaciones anticipadas deben ser controladas, ya que a largo plazo podrían empeorar la sostenibilidad de la seguridad social y argumentó que actualmente tienen problemas de salubridad financiera, debido al "aumento continuado de la esperanza media de vida de la población , especialmente en los mayores de 65 años".
Según los datos aportados por el Ejecutivo luso, las peticiones para acogerse a este tipo de jubilación se incrementaron "significativamente" en los últimos años, pasando de 14 mil 843 a 26 mil 630 peticiones entre 2009 y 2011.
Las proyecciones del Gobierno estimaban que este número seguiría creciendo en 2012 y 2013, hasta las 37 mil 900 y las 45 mil 900 peticiones, respectivamente.
La medida entró en vigor este viernes, un día después de ser publicada y establece como excepción a los desempleados involuntarios, es decir, en el paro desde hace más de cinco años.
Medios lusos anticiparon este viernes que la decisión de suspender las jubilaciones anticipadas tampoco afectará a la mayoría de funcionarios, ya que sólo no podrán someterse a la jubilación anticipada aquellos cuya vinculación con el Estado comenzó a partir de 2005, año en el que los trabajadores se integraron en el régimen general de la Seguridad Social.
En Portugal se estima que cerca de 700 mil personas trabajan para el Estado luso de los 5,5 millones de ciudadanos que conforman su población activa.
La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron un préstamo monetario a Portugal para el período 2011-2014, debido a la llamada crisis de la deuda soberana, a cambio de un severo programa de ajustes y reformas económicas y sociales, encaminadas a intentar controlar el déficit público.
