Buenos Aires, julio 1º - El exjuez español Baltasar Garzón calificó de esperpento el juicio político que destituyó a Fernando Lugo como presidente de Paraguay y advirtió que vulnera la solidez democrática de América Latina, en una entrevista que publica este domingo el diario Página12.
“No es bueno para el fortalecimiento democrático de la región. Después de la malísima experiencia en Honduras y las consecuencias que trajo el golpe en 2008 nos parecía que ya tenéis estabilizada la región y que los mayores incidentes políticos se estaban resolviendo por vía democrática y aparece este esperpento que cuestiona la solidez democrática”, dijo.
Según Garzón “el hecho de que un mecanismo está previsto en la Constitución no quiere decir que su uso sea adecuado o jurídicamente correcto, o incluso que no pueda llegar a ser un fraude”.
“Si (la destitución de Lugo) ha sido un fraude también se debería responder política y judicialmente por parte de quienes se han aprovechado de ese mecanismo para acabar con el mandato de alguien que legítimamente lo estaba desempeñando por elección popular”, sostuvo.
En su opinión el juicio político que llevó adelante el Senado paraguayo el pasado 22 de junio “se hizo de forma sorpresiva, con nocturnidad y alevosía”.
Garzón, asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, está en la provincia de Tucumán (noroeste) para reunirse con organismos defensores de los derechos humanos que promueven allí juicios por crímenes ocurrido durante la dictadura (1976-1983).
El exmagistrado, mundialmente conocido por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, fue condenado el 9 de febrero por el Tribunal Supremo español a 11 años de inhabilitación como juez por ordenar la grabación de conversaciones entre abogados defensores y sus clientes en prisión, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 salpicó a altos cargos del Partido Popular (derecha) que ahora gobierna España.
Sin embargo la justicia española lo absolvió pocos días después de la acusación de infringir la ley de amnistía votada por el Parlamento español en 1977 al abrir una investigación en 2008 sobre las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo (1939-75).
“En España no hay intención ninguna de investigar los crímenes franquistas y eso denuncia la permanencia ideológica del franquismo. No es sólo revisar la historia, hay hechos criminales que se siguen cometiendo”, afirmó.
