28-03-14.-Este viernes la Fiscal general de la República, Luisa Ortega, ofreció un balance de los actos conclusivos tras los hechos violentos que han dejado al menos 36 muertos desde el pasado 12 de febrero.
“Hemos presentado 21 actos conclusivos y un sobresemiento”, expresó.
En el Zulia se acusó al mecánico Denis Johan Ortega Fuenmayor por instigación pública, afirmó.
Entre los casos, señaló que se acusó a Rodolfo Carlos Pasos González por los delitos de homicidio intencional simple en perjuicio del estudiante de 17 años, José Ernesto Méndez. "Eso ocurrió el 17 de febrero cuando fue atropellado en la avenida perimetral de Carúpano (Sucre)", expresó.
Agregó que el suceso ocurrió durante una protesta en la que resultaron heridas cinco personas, esta persona, Pasos González, fue acusada por el delito de homicidio intencional en grado de frustración y se encuentra privada de libertad.
Acotó que en Lara se acusó a Héctor Doménico Pusatti Martínez por delitos de homicido calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Arturo Alexis Mariotnez, de 58 años, quien era hermano del diputado a la Asamblea Nacional, Gustavo Martíenz.
Indicó que se le acusó por de delitos de porte de armas de fuego en lugares prohibidos y por descargar arma de fuego en lugares públicos y habitados e instigación pública. "Aquí la victima fallece de un impacto de bala, mientras limpiaba escombros de una barricada en una avenida de Lara".
El sobreseimiento fue por el caso de Jimmy Vargas González, muerto el 24 de febrero a consecuencia de traumatismo craneoencefálico cuando cayó desde un edificio.
Ortega Díaz recalcó que todos los jueves ofrecerán balances sobre los actos conclusivos.
Sobre los hechos donde fallecieron varios venezolanos aseguró que el Ministerio Público “tiene mucha claridad” y ofrecerá detalles en la próxima rueda de prensa pautada para el jueves.
“Hasta el día de hoy el Ministerio Público tiene 81 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
“Hay 17 funcionarios de los cuerpos de policías y militares privados de libertad. Hay siete con medidas cautelares y siete órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas”, detalló.
“Lo que ha ocurrido son acciones de individuales, personas que forman parte de algún cuerpo que han cometido estas irregularidades, tengan la seguridad que vamos a castigar a los responsables”, subrayó en referencia a los funcionarios imputados por excesos y abusos.
De las acusaciones explicó que “dos son por tortura, 75 por trato cruel, dos por homicidio consumado y dos por homicidio frustrado”.
De los privados de libertad siete son del Sebin, dos de Polichacao, cuatro son de la Policía Nacional, uno del Ejército, uno de Politáchira, uno de Polimérida y uno de la Guardia Nacional.
Los que se encuentran con medias catutelares sustitutivas de libertad los tres son de la Guardia Nacional, destacó.
Sobre el asesinato de Adriana Urquiola, de 28 años, el pasado domingo 23 de marzo, afirmó que hay una orden de captura y que el Ministerio Público “tiene claridad del hecho”. Indicó que no puede ofrecer más detalles para no entorpecer la investigación.
Urquiola tenía siete meses de embarazo y murió tras recibir un tiro en la cabeza en Los Teques, estado Miranda, al bajarse de un autobús frente a una barricada, con su esposo, tras hacer mercado.