Los habitantes del municipio de Cajamarca decidieron este domingo que no quieren proyectos mineros en su territorio. Los resultados de la consulta popular minera realizada en esta población del occidente del Tolima deja en apuros al Gobierno Nacional y a la multinacional AngloGold Ashanti, que pretende extraer más de 26 millones de onzas de oro de la mina La Colosa.
A las 4:45 de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el boletín número ocho en el se habían contabilizado 5.633 votos, superando claramente el umbral (5.438 votos) para que la consulta fuera válida.
En total, escrutadas las 18 mesas instaladas, votaron por el NO 6.165 cajamarcunos (97,92 %) mientras que por el SÍ lo hicieron 76 personas (1,21 %). Según las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, votó el 38,6 % del potencial electoral.
Esta consulta popular enfrentó decenas de obstáculos administrativos, políticos y jurídicos. Por ejemplo, la Alcaldía Municipal, perteneciente al partido de La U, más exactamente la vertiente del representante Carlos Edward Osorio, intentó todas las estrategias posibles para sabotearla. Este grupo político simpatiza con el proyecto que adelanta la multinacional sudafricana.
Al mismo tempo, algunas organizaciones locales, aparentemente auspiciadas por Anglogold Ashanti, promovieron acciones de tutela en contra de este mecanismo democrático, pero sin éxito.
Reacciones
Carlos Hernando Enciso, gerente de asuntos corporativos de AngloGold Ashanti en el Tolima, le dijo a Noticias Caracol que los resultados de la consulta minera de este domingo no tiene ningún efecto negativo para La Colosa por cuanto "los efectos son a futuro, y no tiene retroactividad". Además, que el Estado tendría que respetar los derechos adquiridos por esa multinacional.
Sobre este planeamiento, la reconocida ONG Dejusticia explicó que la sentencia de segunda instancia sobre la consulta de Cajamarca, que le correspondió a la sección Quinta del Consejo de Estado, no hizo mención alguna al tema del alcance de la consulta ni sobre su impacto sobre los proyecto en curso.
Y agregó: "Finalmente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos. El contrato de concesión o la licencia ambiental, son situaciones jurídicas que emanan del derecho público, y se ha entendido que estas situaciones “son susceptibles de modificaciones en el futuro y aun de ser extinguidas por obra de la voluntad legislativa en aras del interés supremo de la colectividad y de sus necesidades inmanentes de progreso y equilibrio social” . En esa medida, en esos casos especiales, la noción de derecho adquirido se diluye".
