El 15 de julio se hizo público por Aporrea.org y otros sitios web la noticia de que la fiscalía de Suiza había ordenado el embargo de 42 millones de dólares en cuentas de la suegra del ex Ministro de Transporte y ¿actual? Diputado del PSUV, Haiman El Troudi[1]. Aunque la fuente original de esta información no fuese confiable para algunos, esto sucedía días después de  que la titular del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunciara que el Fiscal 55 Nacional citó a Elita Zacarías y María Baptista, suegra y esposa de dicho funcionario, por una investigación abierta por el caso de corrupción internacional Odebrecht[2].  

Ese escándalo de corrupción que llega a tres continentes, se basa en la delación premiada de presidente de la trasnacional brasileña, Marcelo Odebrecht a la justicia de ese país, en la que indica  que en Venezuela se habrían repartido 98 millones de dólares en sobornos.

Sin embargo las obras de Odebrecht en Venezuela son por valores mil millonarios. Entre ellas se encontraban las ampliaciones y nuevas líneas del Sistema Metro de Caracas. Pondremos un solo ejemplo para decir que el de El Troudi, podría ser apenas la punta de un iceberg: en el caso de las obras del sistema Metro el costo original de la línea 5 fue estimado en 2010 en MM$ 1.100 (Mil Cien millones de dólares) pero en 2014 esa cifra fue revaluada y ascendía a MM$ 3.992 (Tres mil novecientos noventa y dos millones de dólares), según registros de noviembre de 2015 de la página web de Metro de Caracas[3].

Lo que se puede inferir de estos datos es que la fiscalía venezolana no solo debería investigar los asuntos de soborno y a los funcionarios o sus testaferros presuntamente implicados, sino que esa investigación debería extenderse a todos los contratos de la Constructora brasileña como lo pidió en su momento la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana.

Pero cuatro meses antes de que se conociera esta medida contra la suegra de El Troudi, medios internacionales y nacionales difundían que, por una orden de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés), eran congelados bienes de 13 propiedades del venezolano Samark López Bello, por 3.000 millones de dólares. Las mismas fuentes señalaban a López Bello como testaferro del Vicepresidente venezolano Tarek El Aissami.  ¿Cómo fue posible que un funcionario público de responsabilidades subalternas como Samark López pudiera haberse convertido en un multimillonario en apenas 10 años? En una interesante investigación del periodista Roberto Deniz para el sitio web Armando.info[4], en la que señala la ruta de los negocios de este personaje, resalta que sus empresas fueron proveedoras privilegiadas del Estado en rubros que van desde alimentos para los Clap a árboles de navidad pasando por kits para la construcción de viviendas sociales, cuyo comprador casi exclusivo fue la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Corpovex, presidida por Giuseppe Yoffreda. Mayor General de la Aviación venezolana.

Poco tiempo antes, alguien que por ahora ha corrido mejor suerte que Samark, el empresario Mauro Libi Crestani de origen venezolano y con múltiples negocios en el país y el exterior, pasó de estar investigado por el Ministerio Público en el año 2014[5] por presunto desfalco de los dólares otorgados a alguna de sus empresas, a ser un protagonista principal, en una reunión con empresarios en el escenario de la Feria Venezuela Potencia junto al Vicepresidente El Aissami  y al Presidente Maduro.

Mucho antes, en agosto de 2013, el ex ministro Jorge Giordani primero y la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela luego, denunciaron una estafa con dólares otorgados para importaciones por empresas de maletín en el orden de los 20.000 millones de dólares, sólo en el año 2012.

En septiembre de 2014 Marea Socialista presentó una investigación que demostraba que la fuga delictiva de capitales durante el periodo 1998-2013 alcanzaba la escandalosa suma de 259.000 millones de dólares, para ajustarla en otra investigación presentada en diciembre de 2015 a 475.000 millones de la misma moneda. [6]

Tanto las denuncias de Giordani y Betancourt como las investigaciones de Marea Socialista y las presentaciones al Poder Ciudadano realizadas por la Plataforma de la Auditoria Pública y Ciudadana, nunca fueron respondidas. Pero fueron confirmadas indirectamente por el propio presidente Maduro, que en varias oportunidades señaló por los medios públicos que ese desfalco se había dado señalando una cifra superior a los 300.000 millones de dólares.

Mientras todo esto ocurre, el nivel de desabastecimiento de medicinas llegaba en el año 2016 a picos del 83% según un estudio de Visor 360 Consultores. Y el de alimentos superaba la barrera del 60%, según el mismo estudio.

Es evidente que la caída de los precios del petróleo ha afectado el normal desempeño económico del país, sin embargo no es menos cierto que, de demostrarse que las cifras del desfalco que se señalan y que son reconocidas oficiosamente, son reales, este procedimiento delictivo sería la causa principal de la angustiante situación que atraviesa la población venezolana.

El caso de Haiman El Troudi y su relación con el escándalo Odebrecht no puede resumirse a los sobornos delatados por el presidente de la compañía. Lo mismo que no pueden continuar ignorándose las denuncias públicas realizadas por Edmée Betancourt o el ex ministro Giordani y otros sobre la estafa de las empresas de maletín, sobre todo teniendo en cuenta que lo desfalcado por este concepto en el año 2012, con un procedimiento similar por el que se le abrió investigación al sr. Mauro Libi, representa un monto que supera por mucho el total anual de importaciones de alimentos que el país necesitaría. Tampoco puede continuar haciéndose la vista gorda con las compras de Corpovex a proveedores del tipo de Samark López Bello.

Si es cierto que es muy importante que se haya abierto una puerta para investigar los sobornos de Odebrecht con el caso de las cuentas de la suegra de El Troudi, la Fiscalía debe comprender que esto es completamente insuficiente y el Poder Ciudadano que hasta ahora viene haciendo oídos sordos a este tipo de reclamos debe salir de su abulia e indiferencia frente a la descarada corrupción. Es una responsabilidad de esas instituciones que toda la información de esos casos se haga pública, para iniciar una verdadera operación de moralidad y contra la impunidad de los corruptos y corruptores.

Una investigación independiente y pública, con participación ciudadana y acompañamiento de instituciones internacionales de incuestionable trayectoria como el CDTM, es imprescindible para llegar al fondo del Desfalco que confirman los casos mencionados. Porque al final de esta ruta, los fondos para los sobornos, la sobrefacturación de importaciones y la sobrevaluación de los contratos, son fondos públicos, es decir son los fondos que hoy necesitan los venezolanos para no tener que continuar pasando por la violencia del hambre, la falta de alimentos y medicamentos. La hora de iniciar una Auditoria Publica y Ciudadana es esta.