El exministro y exdiputado asegura que el grupo que planteó la Constituyente es el de mayor poder dentro del partido y el Gobierno, y apunta que la suspensión de las elecciones se daría si avanzan las conversaciones entre las cúpulas. Asevera que la ANC agudizará la crisis.

Caracas. Durante 15 años, Héctor Navarro estuvo en el Gobierno como diputado y ministro de Educación y de Energía Eléctrica, y en 2014 fue expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras cuestionar la política del presidente Nicolás Maduro y a la dirigencia de partido. Conoce a profundidad el oficialismo y a sus cabezas, por lo que no duda en aseverar que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) agudizará la crisis. Avala el diálogo entre todos los sectores y apunta que dentro del chavismo “hay gente dispuesta” a conversar.

Adelanta que se “están llevando a cabo negociaciones cupulares al muy viejo estilo de la cuarta República“  y comenta que “la no realización de las elecciones del domingo 30 de julio se daría solo si son exitosas las conversaciones cupulares”.

¿Era necesario reformar la Constitución de 1999? ¿Por qué cree que el Gobierno no consultó si el pueblo —o poder originario— quería o no una Constitución nueva?

—De ninguna manera era necesario reformar la Constitución. Absolutamente todos los planteamientos que hacen los candidatos, e incluso los que anuncia el propio Presidente en lo que atañe a las condiciones de vida de los venezolanos, tienen su solución en medidas de tipo administrativo. La necesidad es de otro tipo: mayor y antidemocrática concentración de poder como objetivo de corto plazo que veremos rápidamente si llega a instalarse la ANC, y, como objetivo estratégico —creo el que más se está pesando para tanta premura—, la legalización de los grandes contratos y concesiones que se han venido otorgando en la Faja Petrolífera del Orinoco y en el Arco Minero de manera inconstitucional e ilegal.

El Gobierno y la cúpula del PSUV no consultaron al pueblo porque es evidente que no se habría producido la necesaria aprobación. Este Gobierno ha perdido apoyo popular tan escandalosamente que le sería imposible ganar unas simples elecciones de un Centro de Estudiantes. Por eso, no hay elecciones de ningún tipo.

La oposición  hizo una Consulta Popular en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente, tras este resultado, ¿usted y el grupo que representa estarían dispuestos a hacer un frente común en defensa de la Constitución?

—Nosotros hemos estado participando abiertamente en un frente con venezolanos que, aunque estuvieron vinculados hasta hace poco con la MUD, hoy han dado un paso al frente fijando posición en muchas cosas de actualidad.

En la consulta, los ciudadanos votaron por reinstitucionalizar los poderes ¿estarían dispuestos a participar en ese procedimiento?

—Hemos estado planteando la necesidad de la vuelta al Estado de Derecho y de justicia que pauta la Constitución, que es la primera institución de la República. El Gobierno-PSUV ha venido, sin dudas, violándola consistentemente. Hay que señalar, sin embargo, que el llamado a que las Fuerzas Armadas se subordinen a la Asamblea Nacional o la formación de un “Gobierno de Unidad Nacional” al margen de la Constitución, de ninguna manera constituyen formas de reinstitucionalizar, es decir, de volver al cauce democrático. Esto es, ni más ni menos, un paso en la dirección de la estructuración de un nuevo Estado paralelo al existente que, como resulta obvio, apunta en la dirección ya señalada del escalamiento de la violencia.

La AN aprobó el nombramiento de nuevos magistrados ¿es legal esta designación o es extemporánea? ¿Se puede considerar que habría un TSJ paralelo? ¿Qué opina de las amenazas de cárcel a esos magistrados escogidos por el Parlamento?

—En primer lugar, en las circunstancias actuales creo que cualquier amenaza está de más, venga de donde venga. El tema del TSJ se ha desviado de lo realmente importante: ¿Cumplen los magistrados actuales con los requisitos? La respuesta, que no ha sido asumida ni siquiera por los actuales magistrados, luce evidente, no han mostrado sus credenciales. No obstante, la discusión se ha centrado en la forma y no en el fondo. Es evidente que se quiere montar un TSJ paralelo que no ayuda a la reinstitucionalización del país.

Si se instala la Constituyente habrá otra instancia parlamentaria, se estaría creando una estructura paralela ¿Cómo se gobierna de esa manera?

—Exacto. Uno de los objetivos de la ANC es justamente crear esa instancia paralela. Obviamente, eso dificulta la gobernabilidad, al menos la gobernabilidad democrática, aunque podría facilitar otro tipo de gobernabilidad.

¿Considera que una vez que se instale la Constituyente, la crisis de gobernabilidad puede empeorar?

Definitivamente, porque esa espuria ANC va a comenzar a asumir funciones antidemocráticamente y a tomar decisiones contrarias al interés nacional que simplemente agudizarán la crisis ya grave en la cual nos encontramos, con riesgo incluso de un escalamiento de la violencia y de hasta una guerra civil.

Frente a esta crisis ¿considera que es urgente dialogar? ¿Que es necesario que oposición y Gobierno dialoguen para evitar que el deterioro aumente?

—Sí, definitivamente es urgente dialogar, pero la crisis, que inicialmente se inició como una crisis política cuando después de los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional, se impidió la realización del Referendo Revocatorio —ya anunciado por el CNE— y luego las elecciones regionales —dispuestas en la Constitución para diciembre pasado—, pudo haber sido evitada mediante el diálogo de cúpulas al viejo estilo. Hoy a esa crisis se suma la profundización de una de carácter social que alcanza a las grandes mayorías del pueblo venezolano: crisis de servicios como seguridad, hospitales, vialidad, agua potable; crisis de abastecimiento en insumos básicos como medicinas y alimentos, crisis de hegemonía y de liderazgo en las cúpulas derechistas de la MUD y del PSUV-Gobierno. Todo ello con que además la inflación es la más elevada de nuestra historia y del mundo.

Esto significa que, si bien la respuesta está en el diálogo, ahora se trata de un diálogo abarcante, popular, sincero, con todos los sectores sociales y no la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente que ni siquiera fue consultada con el pueblo. Un multidiálogo.

Usted dice que es urgente dialogar y que en el diálogo participen diversos sectores, pero también se tendría que negociar ¿Qué pueden negociar oficialismo y oposición para evitar que la crisis de gobernabilidad aumente?

—Me considero de oposición, oposición revolucionaria, chavista, bolivariana y socialista, de tal manera que no me siento incluido cuando genéricamente se habla de Gobierno y oposición.

El problema es que la crisis social es tan profunda que la solución pasa por la toma de decisiones que tendrían que afectar intereses poderosísimos de quienes están, han estado o pretenden estar en el poder. ¿Están esos intereses dispuestos a renunciar a los grandes negocios, a la repartición del Arco Minero del Orinoco, a la entrega de la Faja, a suspender el pago de una deuda externa ilegítima hasta que se realice una auditoría, al retorno de los capitales “fugados”, todo ello en función del pueblo cada vez más necesitado? Por eso es que el diálogo tiene que ser múltiple, incluyente, para que ese pueblo pueda hacerse sentir e imponga sus exigencias. De esta manera, los “negociadores” que, como tales, al final se pondrían de acuerdo porque representan los mismos tipos de intereses, estarían supervisados, controlados por el doliente que es el pueblo, que es el soberano. Ese es el único tipo de negociación posible a estas alturas en función de salvar la paz de la República y, quizá, la República misma.

La crisis del partido 

Usted conoce a las cabezas del oficialismo ¿entre ellos puede haber disposición de diálogo?

Sí. Estoy convencido de ello. Fui dirigente fundador del PSUV —botado por instrucciones de Diosdado Cabello sin que hubiese derecho a la defensa— y en el PSUV, especialmente en sus bases, e incluso en el alto Gobierno, hay gente consciente con disposición al diálogo sincero pero se impone el terrorismo instalado por parte de algunos dirigentes.

¿Cómo ve la situación interna del oficialismo de cara a la Constituyente? ¿Este proceso beneficia a un solo grupo dentro del PSUV? ¿Puede haber internamente dirigentes del PSUV en contra de este proceso?

—Por el conocimiento que poseo del PSUV y por el contacto permanente actual con varios de sus principales cuadros, el PSUV se encuentra atravesando una profunda crisis que tiene como punto de partida: a) el descuido de la formación y discusión de los militantes y con los militantes y su periferia, b) la destrucción de la democracia interna y c) su uso como instrumento acrítico del Gobierno. Un partido revolucionario requiere de la atención permanente a sus cuadros en materia de formación y en materia de democracia interna ya que resulta imposible pretender construir una verdadera democracia participativa y protagónica con un partido que no lo es.

¿Puede haber cuadros dentro del partido que incidirían en la suspensión de la elección de la Constituyente? ¿O algunos grupos tienen tanto peso que el proceso es irreversible?

—A partir de diversas declaraciones de voceros tanto del Gobierno-PSUV como de la Cúpula de la MUD, resulta obvio que en este momento, de espaldas a las militancias y de espaldas al pueblo, se están llevando a cabo negociaciones cupulares al muy viejo estilo de la cuarta República —tales negociaciones son compartidas por grupos de poder en la MUD y el Gobierno-PSUV—, lo cual complica todavía más el panorama.

Por parte del PSUV, la militancia fue incorporada a una dinámica fraudulenta de elecciones para la Constituyente por lo cual, de concretarse las negociaciones mencionadas, se produciría una frustración más que definitivamente acabaría con lo que queda en pie del PSUV. El grupo que se planteó la Asamblea Constituyente es, sin dudas, el de mayor poder, por lo cual la no realización de las elecciones del 30 de julio se daría solo si son exitosas las conversaciones cupulares mencionadas.

¿Cuál cree que sea la vía o la solución a esta crisis político-institucional?

Cumplir con la Constitución. Está claro que el pueblo, todos nosotros, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La propia Constitución nos da el derecho a protestar e incluso nos asigna deberes en la restitución de la vigencia del orden constitucional. De esta forma, la protesta pacífica hay que llevarla a cabo y la protección de los que protestan pacíficamente debe estar garantizada por el Estado y sus distintas instituciones. No es aceptable que se instale por parte de grupos paramilitares un toque de queda que afecta, como hemos visto, a vastos sectores de la población, incluso con el costo de heridos y muertos.

¿Estima que la Fiscal debe acelerar las investigaciones de corrupción como el caso de Odebrecht, Cadivi que ha sido muy cuestionado por usted?

—Evidentemente, en estos temas de la corrupción ha habido muchas demoras y complicidades en muchas partes. Recuerdo cuando el presidente [Hugo] Chávez denunció públicamente el caso del señor Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón. Chávez nos explicó que aquel era un “pata en el suelo” y de la noche a la mañana se había convertido en millonario finalizando: “me lo meten preso”. Aquí ha habido denuncias de mucha mayor cuantía por parte del propio Presidente Maduro y no ha ocurrido absolutamente nada. Desde luego que la Fiscalía debe apresurarse en su actuación sobre esos casos que mencionas pero, además, también debe dejar sentada su actuación en los casos del Arco Minero y de la Faja Petrolífera del Orinoco. En este momento, ella está llamada a pasar a la historia con una posición digna; mañana podría ser tarde.