LIMA, 3 sep 2018 (IPS) - "A los 18 años fui la primera dirigenta en mi organización, mi abuelo que era un machista pedía que me pegaran porque estaba sentada entre hombres", recuerda Teresita Antazú, lideresa indígena del pueblo yanesha, en la Amazonia peruana.

Ahora, cuando está por cumplir 57 años y tras una vida dedicada a romper barreras, considera que en las últimas tres décadas las mujeres indígenas de su país y de toda la región andina han logrado visibilidad, reconocimiento formal de sus derechos y apertura de las instituciones a sus demandas.

Pero todavía siguen víctimas de violencias cruzadas por su condición de mujeres e indígenas, así como de discriminación y de amenazas crecientes sobre sus territorios, dijo a IPS la primera mujer cornesha (máxima autoridad) de la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas, desde Constitución, en la selva central peruana, donde reside.

"Si los gobiernos no saben cómo vivimos las mujeres indígenas y los problemas que enfrentamos cada día, no podrán hacer políticas públicas que respondan a nuestras necesidades": Teresita Antazú.

Antazú, la primera mujer que es cornesha (máxima autoridad) de la Federación de Comunidades Nativas Yaneshas, sintetiza como de "persistentes deudas sociales" el escenario en sobrevive la población femenina indígena en los países andinos.

Para Rosa Montalvo, documentalista ecuatoriana con 25 años de trabajo con mujeres indígenas en la región andina, es justamente su actual lucha por el territorio y la igualdad el hilo de continuidad con la gesta de Bartolina Sisa, la aymara ejecutada en 1782 por rebelarse ante la opresión de los conquistadores españoles.

Es en homenaje a esta heroína indígena que el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América Latina, realizado en Bolivia en 1983, instituyó el 5 de setiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena.

"Como Bartolina Sisa, las mujeres indígenas están en la brega por existir, por vivir en sus localidades y mantenerse como culturas, como pueblos y tener las oportunidades que merecen preservando la continuidad de las nuevas generaciones y más ahora que la arremetida a sus territorios es más fuerte", dijo Montalvo a IPS desde Quito.

Se refiere por ejemplo al caso de Colombia, donde la Organización Nacional Indígena que agrupa a 102 pueblosdenunció que entre noviembre de 2016 y julio de este año fueron asesinados 65 líderes defensores por acción de grupos armados ilegales. Es justo desde que en el país se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla, que puso fin a medio siglo de conflicto.

La ecuatoriana Rosa Montalvo, con más de 25 años de trabajo ininterrumpido con las mujeres indígenas, contribuyendo a desarrollar procesos de fortalecimiento y liderazgo femenino dentro de los pueblos originarios, durante un encuentro sobre el tema en Lima. Crédito: Mariela Jara/IPS

"Las comunidades indígenas han quedado más vulnerables en un grave escenario de disputas territoriales siendo las mujeres severamente afectadas porque permanecen en sus territorios para sostener la vida quedando expuestas a la violencia", explicó Montalvo, integrante también de la no gubernamental Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.

Triple discriminación y violencia

Rosa Montalvo, especialista en mujeres indígenas y campesinas andinas, sostiene que la triple discriminación por etnia, clase y género hacia las mujeres indígenas es una constante en toda la región.

Le suma a esta trenza el rasgo común de la violencia interna, no solo de la pareja, sino el desarraigo que provoca la pérdida de referentes culturales por la presencia de mega obras (carreteras, represas, entre otras), o actividades extractivas.

"Es muy violento ver que desaparece el apu (montaña sagrada), el cementerio, todo lo que ha significado para la vida de los pueblos. Estos cambios en los territorios afectan en términos económicos y de despojo, y de manera subjetiva, sobre todo a las mujeres", dice.

Es así, explica, porque son ellas quienes más han defendido su identidad y presencia. "Se ven como las madres que van a preservar las generaciones futuras. Esta labor de resistencia las coloca en el centro de las disputas territoriales y son afectadas por los nuevos intereses que entran a las comunidades".

Montalvo indica que sus esposos muchas veces pueden ser tentados por las empresas que les ofrecen trabajo. Por su rol de proveedores en contextos de crisis productiva del campo por el cambio climático y escasez de tierras, ellos aceptan.

"Entonces es la mujer quien hace la resistencia porque sabe que la tierra permite la continuidad de la vida. Vive la arremetida de la empresa hacia afuera y del esposo hacia adentro, con la desventaja que tiene menos articulaciones con el exterior, menos formación, conocimiento de la legislación y recursos económicos", explica.

La amenaza a los territorios con los impactos en las vidas de los pueblos y de las mujeres se da también en países como Ecuador y Bolivia pese a sus Constituciones progresistas, postuló Montalvo.

"En los dos países, continúa el modelo primario exportador para obtener recursos y eso significa arremeter en los territorios indígenas", dijo la especialista ecuatoriana.

El territorio es la vida para los pueblos y mujeres indígenas, allí encuentran los medios para sustentarse, se reproduce su cultura y forma de ver el mundo. Si estos son atacados se pone en riesgo la existencia misma.

Los Estados andinos han suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan la consulta previa e informada para poder realizar proyectos de inversión en los territorios de las comunidades indígenas.

Sin embargo, los compromisos se incumplen y las actividades extractivas impactan sobre los medios de vida de las poblaciones, culturas y cosmovisiones, indican especialistas y dirigentes indígenas.

"Por eso nosotras hablamos de violencia en plural, como violencias que se producen en nuestros cuerpos y en nuestros territorios" explicó a IPS la peruana Tarcila Rivera, integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Rivera, vicepresidenta del Centro de Culturas Indígenas de Perú Chirapaq, que formó hace 34 años, refirió que cerca de la mitad de las mujeres indígenas de América Latina habita en territorios donde los Estados han multiplicado las concesiones para megaproyectos y actividades extractivas.

Pero se trata de zonas que, al mismo tiempo, se caracterizan por la pobreza y la postergación de sus poblaciones.

"Luchamos para que en el área rural no se concilie la violación de una niña a cambio de dinero o bienes y para evitar el despojo de nuestras tierras, la contaminación de nuestros ríos y huertos", señaló en Lima.

Rivera es una activista indígena reconocida mundialmente y que sigue las enseñanzas dadas por su madre en su natal Ayacucho, la región del centro de los Andes peruanos golpeada especialmente por el conflicto armado que azotó el país en los años 80 y 90.

"Mi madre murió analfabeta, pero tenía una gran sabiduría para enfrentar los problemas y crear soluciones", recordó.

"Si tú quieres tener una pollera (faldón andino) nueva o comer algo especial, me decía, tienes que tener tu propio dinero, no te falta capacidad, fortaleza espiritual y puedes salir adelante", citó como ejemplo de sus consejos a favor de su autonomía y empoderamiento.

En más de 30 años de activismo nacional e internacional por los derechos de las mujeres indígenas, destaca como logros importantes el haberse organizado, hablar con voz propia y articular desde lo local a lo global.

La peruana Tarcila Rivera, impulsora de la organización y articulación de las mujeres indígenas a nivel local y mundial, quien defiende los derechos de la población femenina en foros internacionales. En la imagen, en una comunidad de Ayacucho, en los Andes peruanos, de donde es originaria y dónde abandera el acceso a la educación de niñas y adolescentes indígenas. Crédito: Cortesía de Chirapaq

Impulsora también del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Rivera coloca como desafío prioritario internacionalmente la erradicación del racismo hacía las mujeres de pueblos originarios, que considera una de las violencias estructurales en su contra.

"El racismo daña la autoestima, es la discriminación a tu identificación étnica, te hacen sentir menos porque eres mujer, por no hablar castellano, por ser pobre, por vivir en el monte", afirmó.

Como consecuencia, "no tienes herramientas para defenderte ya sea del hombre que en tu casa te golpea o de un policía que injustamente te maltrata por reclamar tus derechos, y eso lo tenemos que erradicar en nuestros países", afirmó la lideresa indígena.

En la región andina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es Bolivia el país con mayor porcentaje de población indígena, con 62 por ciento del total, seguido de Perú (24 por ciento), Chile (11 por ciento), Ecuador (siete por ciento). Colombia (tres por ciento) y Venezuela (2,7 por ciento).

Desagregar los datos por sexo y establecer diferentes variables en relación a violencia, salud, empleo, educación, vivienda, es otra de las deudas de los Estados que coinciden en señalar Atanzú y Rivera.

"Si los gobiernos no saben cómo vivimos las mujeres indígenas y los problemas que enfrentamos cada día, no podrán hacer políticas públicas que respondan a nuestras necesidades", expresó Antazú.

Consultadas sobre su horizonte en 10 años, coinciden que se ven con presencia más equitativa en los espacios de decisión a nivel local, regional y nacional; y con niñas y jóvenes indígenas que reciben una educación de calidad que las haga sentirse capaces de comerse el mundo.

"Y sin esas miradas que nos gritan: ¿y tú, qué haces acá?", remarcó Rivera.