COMUNICADO

A PROPÓSITO DE LA AGRESIÓN MILITAR AL PUEBLO PEMÓN OCURRIDA EN CANAIMA

El pasado 8 de diciembre de 2018 se produjo una operación militar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Campo Carrao, en las cercanías de Körepakupai wena Vena, también conocido como Salto Ángel, que arrojó un trágico saldo de un indígena asesinado, Charlie Peñaloza Rivas, y otros dos heridos, los tres pertenecientes al pueblo pemón. Cuatro días después de haber ocurrido este hecho, el General Vladimir Padrino López, titular del Ministerio de la Defensa, declaró que se trataba de un enfrentamiento armado, afirmación que fue desmentida de manera contundente por voceras del Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón, quienes aseguraron que los indígenas agredidos no estaban armados.

Este incidente, que ha suscitado la airada y justa protesta por parte de las instancias de organización autónoma del pueblo pemón, así como de otras organizaciones, movimientos y personalidades diversas del activismo social en todo el país, se suma a una cadena de ataques verbales, simbólicos y físicos que incluyen, entre otros, la criminalización de Lisa Henrito, Coordinadora de Mujeres del Agua, dos atentados y el asesinato de un jefe de la guardia territorial, en el marco de un escalamiento de sucesos que vienen afectando de manera negativa a diversas personas, comunidades y pueblos indígenas en distintas partes del territorio venezolano. Dichos pueblos y sus hábitats se encuentran hoy por hoy acosados, segregados, expoliados y maltratados por acciones y políticas derivadas de los intereses estatales y corporativos vinculados al modelo de dominación económica, social y política extractivista y de colonialismo interno que impera en el país, en particular por las dinámicas propias de una minería voraz y depredadora estimulada de manera directa e indirecta por el propio gobierno a través del proyecto Arco Minero del Orinoco y del Motor Minero que extiende su incidencia a estados como Carabobo y Nueva Esparta, por nombrar algunos.

Quienes firmamos este comunicado, un conjunto de organizaciones y movimientos integrados por hombres y mujeres venezolanos, nos pronunciamos de manera firme e inequívoca desde la multidiversidad que nos configura, atentos y solidarios con nuestra Madre Tierra y nuestra ancestralidad, sujetos plenos de derechos tanto como nuestros hermanos y hermanas indígenas, declarándonos:

• Solidarios con el pueblo pemón y exigimos justicia para con las víctimas del hecho de sangre que ha enlutado a Kanaimö.

• Reconocemos al pueblo pemón con sus costumbres y tradiciones propias que están en permanente movimiento y diálogo, buscando responder, desde la resistencia y la re-existencia, a las necesidades que le plantea el medio, así como las múltiples relaciones con la constelación cultural venezolana.

• Apoyamos y reconocemos la jurisdicción especial indígena, respetamos la organización autónoma pemón, espacio democrático para la toma de decisiones y postura ante las autoridades nacionales y la opinión pública, reconociendo dentro de este espacio la unión en la diversidad, siempre perfectible y compleja, en ejercicio permanente de intercambio, coincidencia y contradicción como cualquier otro espacio diverso, vivo y dinámico.

• Abogamos y luchamos por la derogatoria inmediata del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco (Decreto 2.248), que es lesiva a la soberanía de nuestra nación y a la sociodiversidad indígena; la cual, además, vulnera importantes derechos ambientales, económicos, políticos, laborales y culturales, y amenaza con destruir de manera irreversible ecosistemas estratégicos para la viabilidad del conjunto de la sociedad venezolana y la trama de vida que la hace posible y no es compatible con la figura protectora del Parque Nacional Canaima y las otras áreas protegidas del sur del Orinoco, incluyendo los tepuis y otros monumentos naturales y las zonas protectoras del Caroní.

• Solicitamos la eliminación de la minería depredadora en la Amazonía y Guayana venezolana, la adecuada gestión de todas sus áreas protegidas y sus ecosistemas naturales, procurando simultáneamente vías alternas de reconversión laboral y de subsistencia a la población minera y la recuperación de los ecosistemas y redes de vida que allí existen.

• Nos pronunciamos a favor de la promoción de alternativas dignas y amistosas de la vida que de manera transicional vayan sustituyendo en todo el país al insostenible modo de vida extractivista. Cada una de las organizaciones firmantes, contamos con experiencia en diferentes áreas que podrían apoyar a las comunidades e instituciones públicas, en la búsqueda de alternativas económicas y mejoras sociales cónsonas con el futuro sostenible para todos los venezolanos.

• Denunciamos la arremetida gubernamental contra el pueblo Pemón y rechazamos de manera rotunda la militarización de los territorios indígenas, los desplazamientos forzados de comunidades enteras y las diversas formas de violencia a las que a diario se ven sometidas.

• Demandamos la inmediata reactivación del proceso de demarcación de tierras indígenas por ser un mandato constitucional con plena vigencia, y, finalmente, hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano a cerrar filas en un vasto movimiento por la defensa irrestricta de nuestra naturaleza y nuestro patrimonio cultural.

• Y finalmente, reconociendo la ausencia de estado de derecho como la causa del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos y venezolanas, solicitamos a la comunidad internacional acompañarnos para lograr la investigación exhaustiva y sanción a los responsables, tanto individuales como institucionales, de las violaciones de derechos humanos que constantemente ocurren en nuestro país y especialmente estar atenta a la actual agresión dirigida contra el pueblo pemón, con miras a implementar garantías para su no repetición.

Organizaciones firmantes: