20 de mayo de 2020.-
Un grupo de venezolanos conformado por Víctor Álvarez, Luis Fuenmayor, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán, Temir Porras, Eduardo Semtei, Ramón Rosales y Manuel Sutherland preocupados ante la acelerada precarización de la vida de la población provocada por la crisis económica hiperinflacionaria y recesiva preexistente, agravada por la aplicación de las sanciones económicas y financieras por el gobierno de EEUU y sus aliados, en el contexto de un conflicto político institucional entre el gobierno de Maduro y la oposición extrema liderada por Guaidó (G4), ambos centrados en la disputa por el poder de espaldas al sufrimiento del pueblo venezolano y ante una situación que pareciera conducir inexorablemente hacia una catástrofe humanitaria, decidieron avanzar en la construcción de una propuesta económica originada en diálogo plural y enfocado en el abordaje prioritario de las necesidades urgentes de las familias venezolanas.
Mucho más allá de las diferencias políticas y conceptuales que existen entre ellos, arribaron a la construcción de un documento que han denominado: "Elementos para una propuesta para enfrentar el coronavirus y sus secuelas", como una contribución a la construcción de un programa consensuado para enfrentar la emergencia social compleja existente en el país.
Manifiestan que "cualquier iniciativa orientada a la prevención, tratamiento y contención de la pandemia en las condiciones de precariedad social y económica en las cual se encuentra el país, requiere de un acuerdo político-institucional que exprese la voluntad de los actores que permita viabilizar en el corto plazo el acceso de Venezuela a los recursos disponibles, para recuperar y acondicionar la infraestructura sanitaria y garantizar la operatividad de los servicios básicos, sin los cuales normalizar su funcionamiento en condiciones adecuadas, no sería posible".
Igualmente plantean que "desde la sociedad debe insurgir un movimiento creciente de presión para colocar en primer plano la atención de las necesidades de la gente, sin que eso signifique bajar la guardia en el impulso que hay que darle también y simultáneamente al proceso reinstitucionalización del país. Hay que romper la lógica equivocada de un liderazgo político que perdió la brújula y su conexión con las necesidades de la gente según la cual, primero hay que resolver cuál de los dos factores extremos en pugna va a detentar el poder político para luego ocuparse de los problemas de la Nación. Una lógica absurda que subordina el Bien Común a la política y no como debe ser, la política al servicio del bien común. Eso pasa por rescatar y adecentar la política con "P" mayúscula y abrir espacio al diálogo y la negociación para lograr ese propósito". En este sentido reiteran: "cada vez más se evidencia que Venezuela marcha inexorablemente hacia una Catástrofe Humanitaria, si no se produce en el corto plazo un Acuerdo Humanitario entre los actores políticos y sociales, independientemente de su forma de pensar o posición política, que priorice por la vida ante la muerte a la que conduce el conflicto político-institucional, para permitir avanzar en la ejecución de un Plan para Enfrentar la Pandemia y sus Secuelas."
A continuación el documento completo:
ENCUENTRO PLURAL POR LA VIDA
UN ESFUERZO NACIONAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA[i]
ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA PROPUESTA ECONÓMICA (I)
I. ECONOMÍA Y CORONAVIRUS
La pandemia en la economía global
La pandemia del coronavirus COVID-19 se presentó como un fenómeno sobrevenido de un elevado impacto socioeconómico y alcance planetario, cuya duración y consecuencias sistémicas todavía están por despejarse. Aunque está afectando a la humanidad en su conjunto, debido a las condiciones socioeconómicas asimétricas existentes entre los distintos países y regiones del mundo, sus efectos devastadores y la capacidad de resiliencia de las sociedades afectadas dependerá del nivel de sus economías y las acciones oportunas que se emprendan desde los estados, para enfrentar una situación solo comparable a un escenario de guerra. Las economías del sur global que basan su actividad en el extractivismo primario exportador y mantienen una estructura social muy desigual, como las de América Latina y El Caribe, África y parte de Asia, tienen mucho más dificultad para enfrentar la pandemia y lograr su recuperación, de ahí la importancia de que la cooperación internacional coadyuve a ese propósito. Además de las grandes pérdidas de vida humanas debido a la estrechez estructural de los sistemas sanitarios para atender la sobredemanda de atención que genera la pandemia, las consecuencias sociales y económicas podrían ser de proporciones similares a las vividas en la "gran depresión" de 1929. La potencia de la onda expansiva del coronavirus en la economía global generó un shock de oferta ocasionado por el cierre masivo de empresas, la ruptura de las cadenas de suministros y de valor, el enlentecimiento del sistema productivo, y a la vez un shock de demanda generado por la pérdida masiva de empleos y la reducción del consumo.
El FMI pronostica para 2020[ii] un decrecimiento de la economía global de 3% aunque podría quedarse corto ese estimado, si tenemos en cuenta que China[iii] y EEUU[iv] decrecieron 6,8% y 4,8% respectivamente en el primer trimestre y se pronostica que éste último decrecerá -37% en el segundo trimestre, siendo ésta caída del PIB superior a la que ocurrió durante la crisis financiera 2008-2009. Según el FMI se espera una contracción del volumen del comercio internacional de 11% y un desempleo que solo en EEUU[v] en 6 semanas ha alcanzado a 30,3 millones de personas, y progresa a ritmo de 4 millones adicionales semanalmente, superando las cifras de la gran depresión. Cómo era de esperarse, el impacto mayor de la crisis caerá sobre los países más pobres y las poblaciones más vulnerable. La CEPAL[vi] estima que la economía de América Latina y El Caribe decrecerá entre 3% y 4% como consecuencia de la disminución de la actividad económica de sus socios comerciales, especialmente China, por la contracción de la demanda y la consecuente tendencia a la baja de los precios de los productos primarios y commodities, siendo el petróleo quizás de los rubros más afectados lo cual agravará aún más la crisis continuada de la economía venezolana, a la cual el FMI[vii] le pronostica para 2020 un decrecimiento de 15%.
La Agencia Internacional de Energía estima una caída drástica del consumo energético, especialmente de los combustibles fósiles, debido principalmente a la reducción de la actividad del transporte y del consumo de los combustibles industriales, por la aplicación de las medidas de cuarentena y distanciamiento social en 187 países y territorios, las cuales aún cuando se levanten progresivamente en la segunda mitad de 2020, de todos modos ocasionarán una fuerte disminución de la demanda de petróleo. Por su parte, la OPEP en su informe[viii] más reciente sobre el desempeño del mercado petrolero mundial, ubicó la caída del precio de su cesta de referencia de febrero a marzo de éste año en 38,9%, al pasar de 55,63 $/b a 33,92 $/b. Esa caída del precio del barril de petróleo fue impulsada en primera instancia por la "guerra de precios" protagonizada entre Arabia Saudita y Rusia, a la cual se superpuso la fuerza recesiva del coronavirus lanzando el precio hacia la baja hasta niveles históricos, debido al desplome de la demanda entre un 25% y 30%, creando con ello una sobreoferta de esa magnitud que ni siquiera pudo reducir significativamente el reciente acuerdo OPEP+ a pesar de que ésta vez incluyó a EEUU.
La crisis venezolana en tiempo de pandemia
La pandemia del coronavirus llega a Venezuela en medio de una grave crisis social pre-existente, caracterizada por la fragmentación y el debilitamiento de la institucionalidad en el contexto de un colapso de la economía, el cual provocó la caída abrupta de las condiciones de vida y de trabajo de los venezolanos creando una emergencia social compleja. En un país en el que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU[ix], WFA por sus siglas en inglés, al menos 1/3 de la población no tiene seguridad alimentaria porque no dispone de los ingresos para adquirirlos y su sistema de atención sanitaria tiene graves deficiencias, la pandemia podría ocasionar una catástrofe humanitaria sin precedentes, especialmente si tenemos en cuenta que ese flagelo ha hecho estragos en países que tienen sistemas de salud bien dotados.
A la reducción en 2/3 del tamaño de la economía en los últimos 6 años con una hiperinflación persistente, el default de la deuda externa desde 2017, el desplome de la producción y las exportaciones petroleras a sus mínimos históricos (680.000 b/d[x]), se suma la debacle de los precios del petróleo en un mercado en el cual hay una sobreoferta por ahora del 20%, llevando el precio de la cesta venezolana a un nivel por debajo de su costo de producción y, el impacto negativo de las sanciones económicas y financieras aplicadas por EEUU., las cuales objetivamente han reducido las facilidades de crédito y financiamiento de las importaciones de bienes y servicios esenciales, incluyendo la importación de gasolina, medicamentos y alimentos. A una economía que sufre de una crisis hiperinflacionaria y recesiva profunda por la caída del consumo y la producción en el contexto de un deterioro de los servicios básicos, se le agrega ahora la carga demoledora de la pandemia paralizante de la actividad económica creando una situación de mayor gravedad.
A fin de dimensionar el alcance del problema, hay que tener en cuenta que a la caída de los ingresos petroleros debido a factores internos y externos y, al paro cuasi total que supone la cuarentena de un aparato productivo que ya estaba en terapia intensiva, se adiciona la merma de las remesas que en 2019 se estimaron en 3.500 millones de dólares, la parálisis de la economía informal y de las PYMES generadora del grueso de la actividad económica empleadora, y para completar, la falta de la gasolina ha trastocado las redes de suministros de alimentos, medicamentos, seguridad y servicios. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que el aislamiento social y la cuarentena tiene múltiples impactos en el orden económico y social, especialmente en lo que tienen que ver con la sustentabilidad económica de las familias, trabajadores formales e informales y desempleados en cuarentena, así como el sostenimiento de las empresas paradas por la misma razón y aquellas que se mantienen operativas en la producción de bienes y servicios esenciales (alimentación, salud, electricidad, seguridad, agua, comunicaciones etc.) y en general, las empresas familiares y PYMES económicamente vulnerables, muy afectadas por la caída de la demanda y la parálisis laboral. Además, es fundamental la dotación de insumos, equipos y el apoyo económico y logístico que requiere el personal de salud para cumplir con la delicada misión que tiene encomendada en la primera línea de combate al coronavirus. Esto último es válido para todo el personal que realiza actividades esenciales conexas en el área de seguridad, mantenimiento y producción y particularmente, en las relacionadas con alimentación, medicamentos e insumos médicos y servicios públicos.
En estas condiciones críticas, la opción de política económica que han implementado países como China, Francia, España, entre otros, y recomendadas además por el FMI, es aplicar medidas fiscales extraordinarias para financiar la crisis. Sin embargo, en el caso venezolano debido a su carencia de liquidez en divisas y la paralización del aparato productivo nacional, seguramente tendría que recurrir al financiamiento monetario para ese fin, pero a costa de atizar aún más la inflación, con lo cual en lugar de resolverse el problema lo agravaría. Por lo tanto, las opciones realmente eficaces que le queda al país para disponer de fondos para enfrentar la pandemia son: 1) Acudir al crédito y a la cooperación internacional a través de los organismos multilaterales (FMI, BM, BID, CAF etc.), pero sin que ello signifique la exigencia aceptar las típicas condiciones de "austeridad" fiscal con impacto social,que acostumbran imponer a los países del sur global, las cuales por lo demás serían inaplicables y éticamente inaceptables en la coyuntura actual; 2) Canalizar la ayuda humanitaria a través de la ONU y sus organismos especializados y; 3) Disponer de los fondos que son propiedad de la República y que se encuentran bloqueados en cuentas en el exterior. Sin embargo, para que esa estrategia sea viable, es indispensable la suscripción de un "acuerdo humanitario por la vida" entre los actores políticos y sociales, que permita una tregua en la confrontación político-institucional que protagonizan el Gobierno y la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, para permitir que se concrete la obtención de los recursos financieros necesarios para conjurar la terrible amenaza del coronavirus. Eso permitiría, bajo un modelo de gestión compartida con el apoyo de la ONU, adelantar las inversiones para repotenciar la red de prestación del servicio sanitario-asistencial, darle sustentabilidad económica y social a las familias durante el aislamiento social y la cuarentena y, apoyar al sector productivo de bienes y servicios esenciales para que se mantenga activo durante la cuarentena y a las redes productivas, especialmente las más vulnerables, para que estén en capacidad de resurgir después que se supere la pandemia. En resumen, cualquiera iniciativa orientada a la prevención, tratamiento y contención de la pandemia en las condiciones de precariedad social y económica en las cual se encuentra el país, requiere de un acuerdo político-institucional que exprese la voluntad de los actores, de permitir que en el corto plazo se concrete el acceso de Venezuela a los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles, para recuperar y acondicionar la infraestructura sanitaria y garantizar la operatividad de los servicios básicos, sin los cuales éstas no podría funcionar adecuadamente.
II. ORIGEN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Para enfrentar la pandemia necesariamente hay que instrumentar en el corto plazo una política fiscal muy activa, la cual debe convertirse en el pivote fundamental de las otras medidas económicas que se deben implementar, tal como lo vienen haciendo la mayoría de los países del mundo[xi], lo que significa destinar recursos financieros y estímulos económicos para lograr resolver la situación dilemática que implica aplanar la curva de contagio y aplanar también el efecto negativo sobre el desempeño económico de los países. Lamentablemente como producto de la crisis política institucional que padecemos, nuestro país no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar con relativo éxito una política de confinamiento y aislamiento social, que conlleve a no tener que profundizar aún más el drama social complejo que aqueja a las familias venezolanas, sin que necesariamente se construya y promueva un acuerdo político entre los dos poderes en pugna a fin de acceder, bajo mecanismos transparentes, democráticos, constitucionales, consensuados y rápidos, a los recursos de los cuales dispone la república en el sistema financiero mundial, bien porque le pertenecen o bien porque forman parte de la cooperación internacional disponible para enfrentar esta pandemia.
Sin pretender llegar a un resultado real definitivo, exponemos aquí grosso modo los potenciales recursos financieros de los que pudiera disponer la república y que serían objeto, tal como lo hemos señalado, de un "acuerdo humanitario por la vida" para que el país como un todo, pueda de forma progresiva y sostenida, dadas las precarias condiciones sociales que tenemos, crear capacidades internas (humanas, de insumos médicos, de servicios, infraestructura e importación de alimentos y materia prima) que le permitan con relativo éxito, en el corto y mediano plazo, enfrentar la amenaza social que significa esta pandemia.
Recursos disponibles y posibles que podría lograr la República[xii] en el corto plazo.
a) Recursos financieros pertenecientes a la república ubicados en el exterior
En el documento publicado recientemente por el economista Francisco Rodríguez que lleva por título: ¿Qué debe hacer Venezuela frente al COVID-19?[xiii], así como la información que suministra la encuestadora Hinterlaces[xiv], se tiene que en cuanto a los recursos financieros que posee la república en el exterior (al 30-04-19) y que en cierta medida son objeto de bloqueos como consecuencia de las sanciones financieras y económicas aplicadas a Venezuela por parte del gobierno de EEUU y de algunos países, se estima una cantidad total de aproximadamente 5.470 millones de USD, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Por otra parte, si a este monto le sumamos los recursos de las empresas mixtas que son utilidades no distribuidas a PDVSA estimados en 6.989 millones de USD[xv] así como los recursos ubicados en CITGO también estimados en 1.408 millones de USD[xvi], estaríamos hablando que la república posee en el exterior un total general aproximado de 13.867 millones de USD.
Otra vía para obtener recursos se abriría con la flexibilización en las sanciones que mantiene EEUU sobre PDVSA, lo que conllevaría a facilitar la gestión y las transacciones financieras generadas en la comercialización y producción de los hidrocarburos y por ende en el drenaje de los barriles de petróleo que están almacenados en los depósitos. De esa manera el país no tendría que verse en la obligación de vender petróleo con significativos descuentos como lo viene haciendo, además de evitar que el proceso esté inmerso en una importante opacidad que termina afectando el patrimonio de la república.
b) Programa Petróleo por Alimento.
Esta es una propuesta que vienen planteando diversos actores nacionales, además de la Fundación Petróleo por Venezuela que dirige el economista Francisco Rodríguez[xvii] también lo ha venido esbozando la oposición que se agrupa en lo que se define como Mesa de Dialogo Nacional[xviii], cuyo objetivo es paliar los efectos devastadores que está ocasionando la grave crisis humanitaria compleja ahora agravada por el COVID-19 sobre la población, al poder vender el petróleo venezolano en el mercado estadounidense, como lo hizo en su momento Irak con el auspicio de la ONU para paliar la devastación de la guerra, destinando una parte de la factura petrolera a la compra de medicinas y alimentos para garantizarle la seguridad alimentaria a por lo menos 1/3 de la población venezolana que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, presenta una alta vulnerabilidad en cuanto a seguridad alimentaria se refiere.
c) Recursos financieros que pueden surgir de la cooperación internacional
Por otra parte, el país podría contar con recursos financieros que están disponibles por parte de los organismos multilaterales como lo son el FMI, el BID y la CAF. Con base en el mismo documento del economista Rodríguez tenemos que en cuanto al FMI la republica podría contar con un monto estimado en 2.554 millones de USD como producto del uso del Instrumento Financiero Rápido (IFR) que tiene este organismo para otorgar asistencia financiera a los países miembros que estén pasando, entre otras razones, por situaciones de necesidades urgentes. Otros recursos podrían estar disponibles en el BID[xix] y el BID Invest, en una diversidad de programas que van desde la respuesta inmediata a la salud pública, hasta el apoyo en políticas fiscales para aliviar los impactos económicos negativos que genera la pandemia y, asimismo en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)[xx] el cual recientemente aprobó una línea de crédito contingente para sus países miembros destinada a apoyar los sistemas de salud. La referida línea de crédito contempla además de destinar 50 millones de USD por país que lo solicite para sus sistemas de salud y sectores críticos, la donación de insumos esenciales y apoyo al sistema de salud por el orden de los 400.000 USD. Así mismo, también podría reactivarse el crédito por USD 340 millones preaprobado por la CAF para ejecutar el proyecto de habilitación del sistema eléctrico de occidente[xxi] el cual a pesar de tener el visto bueno de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional controlada por la oposición y del gobierno y su bancada parlamentaria, finalmente no fue aprobado por la mayoría opositora.
d) Recursos provenientes del robo a la nación venezolana
Tal como se ha venido planteando en este documento, el país requiere en el muy corto plazo atender la emergencia social compleja agravada por el COVID-19, sin embargo no podemos dejar a un lado, independientemente de que la recuperación sea en un plazo mayor, a los recursos financieros que le pertenecen al Estado venezolano y que son producto de captura delictiva de capitales. Nos referimos a la necesidad de reclamar, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de fecha 2003 de la cual Venezuela es parte, la repatriación de capitales de la República bloqueados en el exterior que son objeto de procesos judiciales en marcha por lavado de activos procedentes de la corrupción[xxii], los cuales grosso modo se encuentran ubicados en Estados Unidos y en Europa. A este respecto queremos resaltar lo que en el prefacio de la Convención señala como un aspecto devastador del fenómeno de la corrupción en los ciudadanos, por lo que la lucha contra la misma involucra a todos los países del mundo:
"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo" (UN, 2004)[xxiii]
En este sentido tenemos conocimiento que hasta la fecha en el sistema judicial norteamericano, de España y del Principado de Andorra se llevan a cabo juicios contra la corrupción, donde están implicados exfuncionarios de alto nivel del gobierno venezolano, tal como se explica en la siguiente matriz. Por lo tanto, apelando a la Convención de la ONU contra la Corrupción debemos solicitar la colaboración de los países en los cuales se llevan a cabo dichos juicios, para que en nombre de la república y del pueblo venezolano, bajo mecanismos de transparencia y respetando la soberanía nacional, los referidos recursos, que solo representan una fracción de la totalidad de los activos procedentes del desfalco a la nación ubicados en el exterior, sean `devueltos al país para hacerle frente a la crisis social compleja que afecta al pueblo venezolano.
e) Declaración formal de suspensión de pago y reestructuración de la deuda externa
Desde agosto del año 2017 y como consecuencia de las sanciones financieras y económicas establecidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país entra forzosamente en una situación de no pago de sus compromisos internacionales, esta realidad si bien, le ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro contar con flujo de caja en el corto plazo, también ha colocado al país en una situación legal a nivel internacional un tanto irregular, ya que no es lo mismo declarar una cesación de pagos y reestructuración integral de la deuda externa de manera soberana que estar en una especie de limbo legal a nivel internacional.
Gestión compartida de los recursos para enfrentar la pandemia con apoyo de la ONU
El Acuerdo Humanitario por la Vida resultante de la voluntad de los actores políticos, sociales e institucionales, debe materializarse en un plan consensuado para enfrentar la pandemia del coronavirus en el contexto de la emergencia social compleja existente, ejecutable mediante la aplicación de los recursos extraordinarios provenientes de la fuentes señaladas anteriormente, para el desarrollo de los proyectos y programas enfocados en la habilitación del sistema de atención sanitaria, sostenibilidad de la cuarentena y el distanciamiento social como estrategia de contención del virus y sus secuelas.
El modelo de planificación y gestión del plan y, la aplicación de los recursos asociados al mismo, debe permitir la participación y corresponsabilidad de los actores políticos e institucionales, del Gobierno y la Asamblea Nacional, en el mecanismo decisorio y, en la designación de un equipo técnico responsable de la elaboración del plan y del mecanismo de seguimiento y control del mismo. La administración de los recursos y la gestión de dicho plan deberá hacerse con criterios de máxima transparencia, eficiencia y equilibrio, para lo cual es fundamental que en los procesos de toma de decisiones y seguimiento tenga un papel decisivo la ONU, sus agencias y organismos especializados, lo cual debe quedar reflejado en el modelo de gestión del plan para enfrentar la pandemia y sus secuelas. Igualmente, debe contemplarse en el mismo, la participación en el ejercicio de la contraloría social de la comunidad organizada y la sociedad civil.
III. ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO HUMANITARIO PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
El desplome de los precios del petróleo es inducido por una caída del 30% de la demanda impulsada por la desaceleración de la economía mundial, como consecuencia del aislamiento social y la cuarentena impuesta por el coronavirus, combinado con la sobreoferta de crudo provocada por la guerra de precio que escenificaron Arabia Saudita y Rusia, lo cual condujo a un punto de quiebre histórico el lunes 20 de marzo, cuando se copó la capacidad de los almacenamientos en Cushing (Oklahoma)[xxiv] y el precio del crudo WTI se hizo negativo[xxv] (-45 $/b). En ésta coyuntura extraordinaria, el desempeño futuro del mercado petrolero es incierto y excesivamente volátil. La recuperación de los precios dependerá del incremento de la demanda, la cual está atada al crecimiento de la economía y éste a su vez dependerá de cuando se comience a superar la pandemia y el aislamiento social. Para éste año el FMI estima que la economía decrecerá 3%, de lo cual se infiere que éste año no habrá recuperación de la demanda de petróleo ni de su precio. Como consecuencia de ésta crisis del mercado petrolero, el precio del paquete de exportación venezolano cayó al nivel de un dígito (9,8 $/b), aproximándose al valor[xxvi] de su cotización en 1998, mientras su costo de producción actual está estimado en 18,5 $/b, generando una pérdida neta de -8,7 $/b. La perspectiva de cómo se comportará el mercado de ahora en adelante es incierta, debido a que los efectos de la profunda recesión de largo aliento causada por el coronavirus se sentirá con mucha fuerza en lo que queda de 2020 y no está claro cómo y cuándo se iniciaría el rebote de la economía. Adicionalmente la producción nacional ha caído hasta 700.000 b/d y la aplicación de las sanciones del gobierno estadounidense a la producción y comercialización del petróleo, tales como las decisiones recientes de la OFAC[xxvii], que exige a la transnacional petrolera Chevron el cese progresivo de sus actividades hasta pararlas a final de noviembre de 2020, tienden a acelerar esa caída de la producción. A ello se agrega el déficit de gasolina y gas para suplir el mercado interno, producido por la paralización de los procesos de refinación y la imposibilidad de importar alimentos, medicinas, insumos y gasolina por la carencia de divisas, debido a la merma de los ingresos petroleros y la del aparato productivo nacional.
Este escenario de "cierre económico" nos encuentra inmersos en una crisis social compleja, incapacitados para darle sostenibilidad a la cuarentena y al aislamiento social necesario para contener el coronavirus y proveer la atención de la sobredemanda de los servicios de atención sanitaria que genera la pandemia. Es cada vez más evidente que Venezuela marcha inexorablemente hacia una catástrofe humanitaria, si no se produce en el corto plazo un acuerdo humanitario entre los actores políticos y sociales, independientemente de su forma de pensar o posición política, que priorice la vida respecto del conflicto político-institucional, permitiendo la ejecución de un plan para enfrentar la pandemia y sus secuelas. Al evaluar el escenario del mercado petrolero mundial, la situación de la industria petrolera nacional y las dificultades que confronta ésta por la aplicación de las sanciones del gobierno de EEUU, se hace evidente que en el corto plazo al menos, no podemos contar con los ingresos petroleros para sustentar la acción contra la pandemia y sus secuelas. Por otra parte es inaceptable que se pretenda, bajo la cobertura de la lucha contra la pandemia, sustituir el ingreso petrolero por la exportación de oro, cuya producción en el Arco Minero del Orinoco y más allá, está produciendo devastaciones socio-ambientales irreversibles en extensas zonas del país, depredando el patrimonio socio-ambiental de la nación. Por esa razón, tanto los recursos extraordinarios requeridos para ese propósito como la capacidad de ejecución real de dicha acción, solo es posible si se produce un Acuerdo Humanitario por la Vida.
Acuerdo Social Humanitario por la Vida para enfrentar la pandemia
- Objetivo
Su propósito es comprometer la voluntad y la capacidad de gestión de los diferentes actores sociales que hacen vida política, económica, cultural, religiosa, académica, laboral, gremial, vecinal, comunitaria y similares en el país, para apoyar los objetivos y líneas de acción estratégicas que conforman el "Plan para enfrentar la pandemia COVID 19", avalada y apoyada por el Sistema de las Naciones Unidas y otros entes de la comunidad internacional, en el entendido que solo la articulación plural de todo el espectro de actores de la sociedad venezolana, con el apoyo internacional, podrá conformar la plataforma tecno-científica y logística operativa necesaria para enfrentar los efectos de corto, mediano y largo plazo del COVID 19.
-
Líneas de Acción
a) Facilitar y procurar el empleo y concurso de los mejores talentos y capacidades disponibles por los actores firmantes del acuerdo, que contribuyan a la implantación del Plan para enfrentar la pandemia del COVID-19.
b) Participación de los movimientos sociales, comunidad organizada, organizaciones académicas, religiosas, culturales, gremiales, laborales, vecinales, cooperativas y no gubernamentales en la conformación de redes de apoyo a actividades del plan para enfrentar la pandemia del coronavirus.
c) Privilegiar la búsqueda del consenso relevante para la implantación del Plan y su respectivo seguimiento y control, ejerciendo y practicando la tolerancia y el respeto por la diversidad de opiniones y propuestas fundamentadas con rigurosidad tecno científica y la pertinencia social, según las prioridades y estrategias establecidas. .
d) Para garantizar la transparencia, eficiencia y probidad en la gestión del plan y los recursos asignados a las distintas actividades del mismo, se establecerán mecanismos de contraloría social articulados con la acción de seguimiento y control de los procesos y proyectos.
Acuerdo Humanitario Político-institucional para enfrentar la pandemia
1. Objetivo
Su propósito es comprometer la voluntad y la capacidad de gestión de los diferentes actores políticos-institucionales para apoyar los objetivos y líneas de acción estratégicas que conforman el "Plan para enfrentar la pandemia COVID 19", avalada y apoyada por el Sistema de las Naciones Unidas y otros entes de la comunidad internacional, en el entendido que solo la articulación plural de todo el espectro de actores de la sociedad venezolana, con el apoyo internacional, podrá conformar la plataforma necesaria para enfrentar los efectos de corto, mediano y largo plazo del COVID 19.
2. Líneas de Acción
a) Designar por consenso un equipo técnico que asuma la responsabilidad de diseñar y coordinar conjuntamente con la representación de la ONU, la implementación del plan para enfrentar la pandemia y sus secuelas.
b) El modelo de gestión compartido entre el gobierno, la Asamblea Nacional y la representación de la ONU, se basará en los principios de equilibrio, transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, seguimiento y control articulado con la contraloría social.
c) Facilitar y procurar el empleo y concurso de los mejores talentos y capacidades disponibles . para su empleo en las distintas actividades que conforman el plan.
Suscriben: Víctor Álvarez, Luis Fuenmayor, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán, Temir Porras, Eduardo Semtei, Ramón Rosales y Manuel Shuterlan
_________________________________
[i] Para enfrentar la crisis social compleja agravada por la pandemia del coronavirus
[ii] World Economic Outlook, Chapter 1, The Great Lockdown, FMI, Report 2020
[iii] https://www.businessinsider.com/china-economy-falls-first-quarter-2020-after-half-century-growth-2020-4
[iv] https://www.wsj.com/articles/first-quarter-gdp-us-growth-coronavirus-11588123665
[v] https://www.wsj.com/articles/states-struggle-with-coronavirus-unemployment-claims-surge-11588239004
[vi] https://actualidad.rt.com/actualidad/349044-impacto-e%20conomico-america-latina-coronavirus-cepal
[vii] World Economic Outlook, Chapter 1, The Great Lockdown, FMI, Report 2020
[viii] Monthly Oil Market Report, 16 abril 2020, OPEC
[ix] Venezuela, evaluación de seguridad alimentaria, Principales hallazgos, julio-septiembre de 2019, WFA
[x] Dato de la OPEP (2019)
[xi] Para seguridad social, empresas y empleo: Alemania destinó 126.000 mil millones de euros, España 18.000 mil millones de euros, Francia 45.000 mil millones de euros, Italia 24.000 mil millones de euros, EEUU 2.500 mil millones de USD. Ver: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
[xii] En un escenario en el que se sumen los esfuerzos institucionales y la voluntad política, para con esa fortaleza, exigir el respaldo de las instituciones de la comunidad internacional
[xiii] https://oilforvenezuela.org/2020/04/02/que-puede-hacer-la-asamblea-nacional-frente-al-covid-19/
[xiv] https://www.hinterlaces.net/
[xv] Ver documento de Francisco Rodríguez
[xvi] Ibídem.
[xvii] https://oilforvenezuela.org/2019/12/17/acuerdo-petrolero-humanitario-generaria-8-mil-millones-de-dolares-para-importaciones-de-bienes-esenciales/
[xviii] https://www.vtv.gob.ve/conformada-mesa-impulso-intercambio-petroleo-alimentos/
[xix] https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-anuncia-areas-prioritarias-de-su-apoyo-paises-afectados-por-el-covid-19
[xx] https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/directorio-de-caf-aprueba-usd-2500-millones-para-enfrentar-el-covid-19/
[xxi] https://www.eluniversal.com/economia/56463/caf-atendera-emergencia-electrica-en-venezuela
[xxii] Aplicación de la convención internacional contra la corrupción y la ley contra la corrupción vigente.
[xxiii]https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
[xxiv] El mayor centro de almacenamiento de petróleo en EEUU. https://en.wikipedia.org/wiki/Cushing,_Oklahoma
[xxv] https://www.preciopetroleo.net/productos/tradingview-wti.html
[xxvi] https://www.dw.com/es/venezuela-precio-de-barril-de-petr%C3%B3leo-cae-a-m%C3%ADnimo-en-dos-d%C3%A9cadas/a-53238375
[xxvii] Office of Foreign Aseets Control, Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU