09.12.20 - El pasado domingo 6 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el índice de participación fue del 31%. Estos números han sido utilizados como argumento por parte de políticos, países y organizaciones regionales para calificar de “ilegítimo” este proceso electoral, que ya habían vetado, incluso antes que se conociera la fecha de su realización.

“Parece que la participación es muy baja”, dijo el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que el proceso electoral venezolano “no cumplía las condiciones democráticas”.

Este pronunciamiento que busca asociar abstención con ilegitimidad, ha sido utilizado en varias ocasiones contra Venezuela para justificar la promoción de políticas contrarias al derecho internacional como las llamadas “sanciones” y el bloqueo de activos venezolanos en sus países.

La abstención en Europa

Los argumentos de Borrell contrastan con la realidad electoral de Europa, donde las elecciones del parlamento han tenido como mayor índice de participación el realizado en 1979 donde obtuvieron un 63% de asistencia al acto comicial, cifra que en los últimos 20 años no ha logrado superar el 50% a excepción, del último proceso en 2019 donde se ubicó en 51%.

Pero este promedio cercano al 50 es impulsado por países la alta participación que se registra en países como Belgica, Italia, Alemania y Francia, ocultando que en los países de Este europeo, estos índices suelen estar hasta 10 puntos por debajo del porcentaje de la media.

Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Croacia, Estonia y la República Checa, desde su ingreso a este organismo han arrojado porcentajes de participación cuyo pico ha sido 47% y dónde la media no supera el 30%, siendo uno de los casos más emblemáticos Eslovaquia, donde estos comicios no ha logrado llamar la atención ni del 20% de sus votantes y cuya media histórica es de 16,45%.

Pese a estos números, la elección de los parlamentarios europeos no ha sido objeto de críticas o desconocimiento por ningún organismo internacional, esto debido a que ninguna Ley europea circunscribe la legitimidad de un proceso a un índice mínimo de participación.

El Grupo de Lima y la participación

Chile, Perú, Colombia y Ecuador han señalado la baja participación en los comicios venezolanos como argumento para mantener su línea de desconocimiento a las instituciones y la voluntad de la población venezolana.

Este discurso contrasta con la realidad de sus países donde -salvo Perú cuyo voto es obligatorio-, la participación en las elecciones parlamentarias en los últimos 20 años ha rondado poco más del 40%.

Uno de los casos emblemáticos es Chile, donde como consecuencia del voto obligatorio se promediaba el 87%, y luego de declararse voluntario el sufragio en el 2010, la participación cayó en casi 40% en las elecciones de 2013 y 2017.

Pese a este hecho en Chile y la imposibilidad de Colombia para alcazar el 50%, ningun organismo o país del mundo ha objetado los procesos parlamentarios de estas naciones, que en el caso del país neogranadino se ha signado por estar plagados de denuncias de irregularidades como consecuencia de un sistema electoral donde los ciudadanos sufragan en las calles sin un mecanismo de autenticación que garanticen la premisa de “un voto un elector” y donde se utilizan boletas fotocopiadas que no contienen ningún elemento de seguridad que impida su falsificación.

¿Reflejo de descontento y desconfianza?

Este argumento de la baja participación, ha sido calificado por políticos y medios como un reflejo del descontento y desconfianza de la población hacia el Gobierno y al sistema electoral venezolano.

Esta tesis se contrapone a lo acontecido en procesos como las parlamentarias de 2005, donde luego que la oposición decidiera no participar y las fuerzas del chavismo se lanzaron en solitario al ruedo electoral, se registró una abstención que superó el 75% pese a la campaña que encabezó el entonces presidente Hugo Chávez llamando a la participación.

Este evento electoral, fue calificado como una señal de rechazo de la mayoría de la población al chavismo y un apoyo a la oposición abstencionista, tesis que quedó destruida al año siguiente en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, donde con la participación del 74,69% de la población, el candidato Hugo Chávez obtuvo la victoria con el 62,84% de los votos.

Otro ejemplo de lo incomparable de los procesos electorales, es la elección parlamentaria de 2010 donde sufragó el 66,4% de la población que entregó gran parte de sus votos a la oposición que quedó muy cerca del chavismo. Esto que fue interpretado como un símbolo de desgaste del chavismo, fue nuevamente derribado en el 2012 cuando con una participación se ubicó en 80,56%, el candidato Hugo Chávez triunfó con más del 55% de los votos, quedando 11 puntos por encima del candidato de la alianza opositora, esa misma que dos años antes había quedado a tan solo un punto de igualar al chavismo.

Otra de las elecciones que son usadas como argumento de la “caída” del chavismo y la “fuerza creciente” de la oposición, es el proceso electoral de 2015, donde con el 74% de participación y unidos bajo una tarjeta el antichavismo obtuvo más del 56% de la votos que les otorgó la mayoría en el parlamento. Todo este panorama de supuesto “derrumbe del Gobierno” cambió en el 2017 durante las elecciones regionales, cuando con el 61% de participación, el chavismo obtuvo 55% de los votos, ubicándose 11 puntos por encima de la oposición y obteniendo 18 de las 23 gobernaciones.

¿Qué dicen las leyes?

De acuerdo a la contitución venezolana la elección de la Asamblea Nacional solo depende de que los diputados y diputadas sean electos “en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno por ciento de la población total del país.”

Asimismo señala que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas”, con lo que tras cumplirse el periodo constitucional de la AN electa el pasado 6 de diciembre de 2015, se hacía impostergable la elección de un nuevo parlamento que, de acuerdo a la misma carta magna, deberá instalarse el 5 de enero posterior a su elección.

Todo este cuerpo legal que sustenta la elección e instalación de la nueva AN, sin más predisposiciones que la de ser electa en voto secreto, universal y directo, ha sido silenciado por Europa, Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos, que han decidido apostar por dar continuidad al proyecto de “cambio de régimen” promovido por la saliente administración de Donald Trump, utilizando para ello un parlamento que ya cumplió su periodo constitucional y que, contrariando todas las leyes, pretende prolongar su existencia bajo la bendición de Washington y Bruselas.