10 de enero de 2020.- La organización feminista Pan y Rosas emitió un comunicado en exigencia de #JusticiaParaVannesa. Diversas activistas y organizaciones han estado haciendo el reclamo y expresando su rechazo ante un caso de injusticia patriarcal. Vannesa Rosales es defensora de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes en #Venezuela.
Acá el comunicado completo de Pan y Rosas
#JusticiaParaVannesa: se impone otro caso de injusticia patriarcal
Más de 200 organizaciones nacionales e internacionales y activistas por los derechos de la mujer unieron sus voces en un tuitazo por Justicia para la defensora de DD.HH. Vannesa Rosales, detenida desde el 12 de octubre de 2020, a quien el estado le imputa cargos por brindar información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo a una adolescente de 13 años que fue violada, mientras su violador sigue libre y sin juicio. Desde Pan y Rosas declaramos que Vanessa no está sola.
Este viernes 8 de enero, a las 6:00 PM se dio inicio a un tuitazo nacional por #JusticiaParaVannesa convocado por diversas organizaciones políticas, feministas y de DD.HH., que llegó a posicionarse como tendencia en el primer lugar del rankeo nacional.
Como fue señalado recientemente a través de un Petitorio de apoyo para la joven activista Vannesa Rosales, tres son los cargos que desde el pasado 16 de octubre pesan en su contra: agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero, exponiéndola a penas elevadas de acuerdo al Código Penal venezolano.
Un racconto de hostigamiento procesal movido por intereses ideológicos
Para esta joven maestra oriunda de Mérida, quien también ejerce como trabajadora social y activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde hace por lo menos ocho años, su situación judicial es un racconto de claros ejemplos de injusticia patriarcal:
• Detenida el pasado 12 de octubre y trasladada al Centro Penitenciario de Mérida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de que su casa fuera allanada producto de una denuncia en su contra por brindar información y medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo a una adolescente de 13 años que fue violada; todo esto ocurre mientras se conoce que el violador de la adolescente sigue libre y sin juicio.
• Cuatro días después de su detención, durante la audiencia de flagrancia -que legalmente debió darse en un plazo no mayor a 36 horas- la Fiscalía expresó su intención de imputar el menor de los delitos con respecto al aborto, que implicaría ser juzgada en libertad con una pena menor de 4 años, pero dicha intención fue desestimada inmediatamente por el juez asignado, con base al activismo de la joven Vannesa Rosales por la despenalización del aborto, impidiéndole el beneficio de ser juzgada en libertad e imputándole los tres cargos señalados que agravan su situación legal.
• Los abogados de Vannesa Rosales han venido solicitando desde el 9 de diciembre al Tribunal Tercero de Control de Mérida que considerasen medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad que también han sido desestimadas, de hecho señalan que hasta la fecha ni siquiera se les ha permitido el acceso a los expedientes de la investigación.
• Por si esto no bastara, la audiencia preliminar pautada para el 14 de diciembre fue aplazada y no reprogramada, por lo cual excede el límite de 15 días siguientes a la acusación establecidos por la ley, razón por la cual sus abogados se vieron en la necesidad de interponer un amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Mérida para solicitar el debido cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de Vannesa, reiteradamente pisoteados.
Esto representa apenas una muestra del fuerte hostigamiento que interpone el Estado venezolano y sus instituciones patriarcales contra quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un estado que -dicho sea en voz alta- se encuentra dentro del 25% de países que no han despenalizado ni flexibilidado su legislación acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de décadas de luchas a nivel internacional y nacional por estas demandas, y de las recomendaciones realizadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud.
Para el Estado y quienes le defienden contra el derecho a decidir cuando ser madre, una niña de tan solo 13 años, violada y que no quiera continuar con su embarazo, debe resignarse cristianamente en soledad a esperar su maternidad no deseada y todo tipo de complicaciones a la salud que implican el embarazo a esa edad, y cualquiera que sea el apoyo prestado por terceros para interrumpir ese destino deberá acarrear severas penas con hostigamiento procesal incluido, como lo demuestra el caso enfrentado por Vannesa Rosales.
Vannesa no está sola
Sin embargo Vannesa no está sola, y esto lo demuestra el respaldo de más de doscientas organizaciones políticas, feministas y de DD.HH., dentro y fuera del país que suscribieron el petitorio por Justicia para Vannesa, así como numerosos respaldos que se sumaron al tuitazo del viernes 8 de enero, posicionando la etiqueta #JusticiaParaVannesa en el primer lugar del Tendencias de Venezuela, a una hora de iniciada la jornada.
Indudablemente, la histórica conquista del aborto legal en Argentina, ganada a finales del año 2020 por la fuerza de la organización y movilización de millones de mujeres, representa un punto de apoyo para la causa por las que nos organizamos en Venezuela, para que ninguna niña o mujer se vea forzada a continuar un embarazo no deseado y ninguna persona tenga que sufrir la injusticia patriarcal que hoy se ensaña contra Vannesa.
Las mujeres que nos organizamos como Pan y Rosas desde Venezuela, declaramos que Vannesa no está sola, será la fuerza de la organización independiente la única capaz de garantizar su libertad incondicional, a la vez que poner en pie un fuerte movimiento contra la criminalización del aborto en Venezuela que siguen sufriendo con mayor saña las mujeres trabajadoras y pobres del país.