Durante una declaración de prensa, Jabour recordó que en los últimos años el PCV “ha sido víctima de esa política” y que en las últimas elecciones regionales y municipales, las y los candidatos del Gallo Rojo fueron objeto de la mayor cantidad de inhabilitaciones arbitrarias.
El PCV reiteró que la inhabilitación política “hace un flaco servicio a la democracia” y su práctica “viola los derechos de actores y organizaciones políticas”.
Jabour denunció el uso demagógico del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para imponer inhabilitaciones, violentando el artículo 65 de la Constitución en el que se establece expresamente que no podrán optar a cargos públicos quienes hayan sido condenados penalmente.
“El Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de revisar este artículo y garantizar el derecho político del pueblo venezolano, se afianza este tipo de política que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, apuntó.
Tal es el caso de la dirigente de derecha opositora María Corina Machado, sobre quien no pesa condena alguna a pesar de ser una “de los actores políticos que ha llamado a la injerencia, a la intervención extranjera en contra de nuestro país; que ha servido de funcionario en representación de un gobierno extranjero, promoviendo políticas en contra de los intereses nacionales”, dijo Jabour.
“Esto tiene que ver con una conducta permisiva del Gobierno Nacional que ha generado impunidad para diversos actores de la vida política nacional que han actuado en contra de la República”, explicó el dirigente del PCV.
Política de impunidad
Jabour rechazó que las instituciones del Estado no hayan establecido las responsabilidades jurídicas penales sobre aquellos actores que han operado en contra de los intereses del pueblo venezolano.
“El Gobierno ha permitido que estos señores que promueven políticas en contra del pueblo venezolano y articulan con gobiernos extranjeros, entren y salgan del país como les da la gana”, criticó Jabour.
“Eso pasó con Guaidó”, recordó el dirigente comunista. “Desde que usurpó el cargo de presidente de la República, el clamor popular -del que el Partido Comunista en Venezuela también fue parte- es que lo metieran preso. ¿Pero qué hicieron? Dejar que hiciera lo que le viniera en gana, hasta que decidió irse”.
En esta misma línea de denuncia de impunidad, Jabour citó los casos de Antonio Ledezma y Leopoldo López.
“Lo que se dan son falsos discursos desde la Asamblea Nacional y no se aplica la ley”, dijo Jabour al denunciar “una componenda entre la cúpula gubernamental con sectores de esa derecha opositora que están defendiendo a agentes del imperialismo estadounidense”.
