18 de junio de 2024.- El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) acordó convocar la tercera fase de la 16° Conferencia Nacional para el próximo sábado 22 de junio con el objetivo de definir la posición de la legítima militancia comunista ante las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

En este fase de la Conferencia Nacional, el PCV evaluará la realidad política nacional, «particularmente la agudización de las contradicciones de clase y los elementos que configuran el escenario de escalamiento del autoritarismo, de las prácticas antidemocráticas, de las violaciones a los derechos obreros populares, así como las violaciones a la Constitución por parte de la cúpula gubernamental», explicó Pedro Eusse, miembro del Buró Político del PCV.

El dirigente recordó que en marzo de este año, la segunda fase de la 16° Conferencia Nacional acordó proponer al pueblo venezolano, en particular a la clase trabajadora y a las fuerzas aliadas del campo popular, auténticamente democráticas, la candidatura presidencial del periodista Manuel Isidro Molina; no obstante, «el arbitrario manejo del proceso electoral impidió su inscripción».

El PCV, advirtió Eusse, «ha decidido que no respaldará ninguna de las opciones que han sido corresponsables de la catástrofe que enfrenta el pueblo venezolano».

El dirigente explicó que la táctica electoral del PCV está marcada por una nueva realidad: el despojo de su personalidad jurídica y la entrega de la tarjeta a un grupo de operadores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Debemos entender que para estas elecciones no hay ninguna opción electoral revolucionaria, ni de izquierda, porque el Gobierno, haciendo uso de su dominio absoluto sobre todos los poderes públicos y específicamente sobre el Poder Judicial y el Poder Electoral, impidió que el Partido Comunista de Venezuela y que otras fuerzas de la izquierda revolucionaria, la izquierda real venezolana, tuvieran representación», agregó.

Ante este viraje antidemocrático, dijo Eusse, se convierte en un objetivo prioritario que «el pueblo venezolano derrote definitivamente la política autoritaria, antiobrera y antipopular que se ha entronizado en el Gobierno».

«En ese sentido, estamos considerando la necesidad de un acuerdo político que vaya más allá de las fronteras de la izquierda venezolana. Establecer una nueva realidad política en Venezuela pasa por la posibilidad de un acuerdo más allá de la de los factores que nos asumimos como revolucionarios», afirmó.

No obstante, Eusse no desestimó el papel de las fuerzas populares en esta contienda electoral: «por supuesto, las fuerzas populares, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas de la izquierda venezolana, deben participar activamente en la lucha política y en la lucha electoral por la derrota de la cúpula autoritaria que preside Nicolás Maduro».

El Secretario para el Movimiento Obrero y Sindical del PCV aclaró que «independientemente de los resultados del 28 de julio, el Partido Comunista de Venezuela, como siempre lo ha hecho, proseguirá en su empeño en lograr un avance en unidad de todas las fuerzas que luchan contra el sistema capitalista en Venezuela».

«Por ahora, debemos avanzar en crear las condiciones para derrotar a la cúpula anticomunista, autoritaria, antidemocrática que estamos enfrentando todos», reiteró.

Eusse detalló que este acuerdo político electoral con actores políticos «más allá de la izquierda», implica «un programa mínimo que debe tener entre sus contenidos, el rescate de los derechos laborales y, de manera fundamental, del salario y las pensiones en Venezuela».

Eusse también desatacó la urgencia de avanzar en la recuperación de «los derechos políticos del pueblo venezolano: respetar la autonomía de las organizaciones políticas, así como la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales»

Este programa, además incluye, un sistema de seguridad social que le garantice derechos a todos los venezolanos; la restitución de las convenciones colectivas de trabajo; recuperar la libertad sindical y la liberación de los trabajadores presos por luchar o denunciar corrupción.