14 de noviembre de 2024.- Más de tres meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, organizaciones revolucionarias y de izquierda siguen exigiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique los resultados. Según el CNE, el actual presidente Nicolás Maduro ganó con más del 51% de los votos. Sin embargo, la oposición de derecha cuestiona el resultado, alegando que las actas de los centros de votación en sus manos indican una victoria para su candidato, Edmundo González. Dadas las afirmaciones contradictorias, la publicación de los resultados no sólo es un requisito legal, sino esencial para verificar quién ganó. Ante la negativa del gobierno de Maduro, izquierdistas como Neirlay Andrade, dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), afirman que «está cruzando una línea sin retorno e imponiendo rápidamente un régimen reaccionario».

Por este motivo, varios grupos de izquierda, revolucionaria y progresistas crearon el Frente Democrático Popular (FDP) tras las elecciones, entre ellos: el PCV, Patria Para Todos-Alternativa Popular Revolucionaria, REDES, el Bloque Histórico Popular, La Otra Campaña, Voces Antiimperialistas, Movimiento Alternativo Popular, Centrados en la Gente, EnComún y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Para saber más sobre esta nueva formación y cómo caracterizan la situación actual, Federico Fuentes entrevistó a Andrade para LINKS International Journal of Socialist Renewal. Además de ser una vocera del FDP, Andrade es miembro del Buró Político del PCV y director de su periódico, Tribuna Popular.

¿Por qué se formó el FDP?

El FDP surge tras la realización de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio y la crisis política que se desató luego de que el CNE presentará un primer boletín cargado de inconsistencias legales y matemáticas, que alertaron a toda la población sobre la posibilidad de un fraude electoral. El boletín presentado por el CNE no provino de la sala de totalización y este fue el primer elemento que sembró de dudas sobre los resultados presentados. En segundo lugar, el rector Elvis Amoroso aseguró que este boletín expresaba una «tendencia irreversible» cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo candidato era de apenas 704 mil 114 votos, faltando aún contabilizar más de 2 millones y medio de votos. Las dudas sobre la transparencia del proceso se acrecientan aún más debido a que el CNE, en lugar de hacer público el segundo boletín electoral, con la votación discriminada por centro de votación y mesas electorales ─tal como establece la ley electoral y es costumbre de todos los procesos electorales en Venezuela─, procede apresuradamente a proclamar la victoria del candidato Nicolás Maduro.

En Venezuela, el voto es electrónico. Al finalizar la jornada, las máquinas imprimen un acta que recoge las votaciones de cada mesa, la cual es firmada por funcionarios del CNE y los testigos. Copias de estas actas son entregadas a los testigos electorales de cada partido político que participa en la contienda. Esto garantiza que la información que maneja el CNE y cada organización política sea la misma, dando transparencia al proceso. El comando de campaña del candidato Edmundo González Urrutia hizo público los resultados del 70% de las actas electorales sistematizadas por sus testigos en los más de 30 mil centros electorales habilitados en el país. En ellas se alza con una ventaja electoral considerable frente a Maduro. Sin aventurarnos a dar por ciertos los resultados presentados por la principal fuerza opositora del país ─aunque coinciden con el alto rechazo que el pueblo venezolano manifiesta contra la gestión antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro─, lo cierto es que la no presentación las actas y datos, desagregados por centros y mesas de votación, en las 72 horas siguientes al primer anuncio, es un acontecimiento inédito en la historia de los procesos electorales de los últimos 25 años en Venezuela.

En este complejo contexto, diversas organizaciones políticas, sindicales y defensoras de derechos humanos, así como intelectuales y personalidades, decidimos unirnos en una plataforma para la lucha por la recuperación de los derechos políticos, sociales y económicos consagrados en la Constitución, llamado el FDP.

¿Por qué cree que la publicación de los votos es tan importante? ¿Por qué crees que el CNE no los publica? Y por qué crees que el TSJ rechazó el amparo del FDP solicitando que el CNE cumpla con sus obligaciones legales?

El FDP hizo su primera aparición pública para exigir al CNE la publicación de los resultados desagregados mesa por mesa; que se abrieran las cajas y se contarán los votos bajo auditoría ciudadana. Al cumplirse tres meses de las elecciones, introdujimos un amparo constitucional para que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara al CNE cumplir con sus obligaciones. La acción fue desestimada y nuestra abogada, la activista María Alejandra Díaz, fue multada y suspendida temporalmente del ejercicio profesional. El Gobierno-PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) ha hecho que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ─bajo su control─ no solo se arrogue funciones que estrictamente son competencia del CNE, sino que también usurpe la soberanía que reside de manera intransferible en el pueblo venezolano. Sin embargo, una sentencia no puede reemplazar los votos.

La cúpula gobernante lo sabe y ha necesitado acompañar su ardid con la ejecución de una inédita ola de represión contra los sectores populares. Desapariciones forzadas temporales; detenciones de menores de edad, mujeres y personas con discapacidad; requisas arbitrarias y humillantes en las calles; allanamientos ilegales a viviendas y robo de pertenencias; extorsiones y la actuación de grupos parapoliciales en complicidad con fuerzas del Estado; así como la anulación de pasaportes, han estado a la orden del día. Esta política de terror ha sido alimentada con operaciones psicológicas y de propaganda que tienen como objetivo no solamente neutralizar las protestas populares, sino imponer una matriz de opinión en la que defender la soberanía popular, la Constitución o el estado de derecho, es lo mismo que ser fascista.

¿Cual es tu caracterización del gobierno de Maduro? ¿Cual es tu posición frente a la posibilidad de que Maduro tome posesión en enero sin que se publiquen los resultados?

Maduro pretende reelegirse con unos resultados escritos en una servilleta, sin el más mínimo cuidado de las formas y mucho de los mecanismos y procedimientos consagrados en la Constitución. Todo el mundo sabe qué ocurrió el pasado 28 de julio y el descalabro de la cúpula del Gobierno y del PSUV es tal, que han puesto en marcha una peligrosa conspiración contra la voluntad popular que incluye la judicialización de las elecciones.

Que el Gobierno-PSUV haya decidido no mostrar los resultados y usar al TSJ como árbitro de las elecciones es el punto culminante de una campaña que estuvo marcada por irregularidades de todo tipo; entre ellas el zarpazo contra las organizaciones revolucionarias y de izquierda, que no pudieron presentarse con una candidatura propia; concentrándose la disputa por la Presidencia en los dos polos hegemónicos de la burguesía ─como lo son el encabezado por el propio Nicolás Maduro y la dupla conformada por María Corina Machado/Edmundo González Urrutia.

¿No le preocupa lo que un gobierno de extrema derecha podría significar para los militantes de izquierda si los resultados dan como ganador a González?

La cúpula del Gobierno-PSUV ha devenido autoritaria. Hay dramáticos ejemplos de esto: el asalto judicial al PCV es uno de ellos. También, la persecución y encarcelamiento de trabajadores y dirigentes sindicales que luchan por la recuperación de salarios y derechos laborales. Lo que está aconteciendo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, nos confirma que el Gobierno de Nicolás Maduro está cruzando una línea de no retorno y marcha vertiginosamente hacia la imposición de régimen reaccionario.

El ministro Diosdado Cabello ha amenazado con impedir la participación en los próximos comicios electorales previstos para 2025 a quienes no reconozcan el fallo írrito del TSJ sobre las elecciones presidenciales. Por su parte, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, en un violento discurso en la Asamblea Nacional, instó a aquellos que denuncian la falta de transparencia en los resultados presentados por el CNE, a formar un frente guerrillero y sentenció: «los barreremos».

No nos queda duda de que la consolidación de giro autoritario del régimen de Nicolás Maduro y del PSUV se traducirá en la destrucción de lo poco que queda de libertades políticas y democráticas del pueblo trabajador, así como impactará negativamente en las libertades sindicales y gremiales de los trabajadores para emprender la lucha de clases contra los patronos. Nuestra demanda es clara: respeto a la soberanía popular, a las libertades democráticas y demás garantías constitucionales. La consolidación de un régimen autoritario, al servicio del capital nacional y extranjero, no puede ser nunca una mejor opción.

¿Cómo pueden los militantes de izquierda de fuera de Venezuela mejor ayudar a los militantes de izquierda de dentro de Venezuela hoy en día?

Los instamos a no dar la espalda a la clase trabajadora y al pueblo venezolano. Está en desarrollo una campaña para legitimar un proceso a todas luces viciado, basada en el reiterado discurso de la supuesta «lucha antiimperialista» del Gobierno-PSUV. No obstante, las actuaciones de esa cúpula corrupta confirman su servil disposición a garantizar las ganancias de la burguesía local y el capital transnacional, mientras descarga todo el peso de la crisis y las consecuencias de las criminales «sanciones» sobre los hombros de los trabajadores.

Es necesario impulsar una campaña internacional para exigir al CNE la publicación de los resultados desagregados por mesas y centros de votación. Además, que se permita la auditoría integral y la apertura del 100% de las cajas para el reconteo de las papeletas de votación. Sólo la transparencia puede evitar una agudización del conflicto. También es importante la solidaridad internacional con los cientos de detenidos, especialmente los jóvenes y menores de edad, que están siendo procesados ilegalmente por supuestos delitos de odio y terrorismo. Algunos de ellos ni siquiera protestaron; fueron secuestrados arbitrariamente por fuerzas de seguridad.

Es la hora de los pueblos. No podemos permitir que los poderes fácticos y los operadores del imperialismo y del capital condenen esta legítima lucha del pueblo venezolano al fracaso.