18  de noviembre de 2024.- La abogada constitucionalista y activista de derechos humanos, María Alejandra Díaz se ha convertido en un símbolo de por qué ella cree que el estado de derecho en Venezuela está «en franco deterioro» luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Dado las persistente dudas sobre quién ganó —el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al presidente Nicolás Maduro como ganador, pero la oposición de derecha afirma tener pruebas que indican lo contrario—, muchos quieren que se publiquen los resultados para que se pueda verificar quién ganó y establecer, sin lugar a dudas, la legitimidad de origen del nuevo gobierno.

Por eso, el 4 de noviembre, Díaz presentó un Recurso por Abstención o Carencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidiendo que el tribunal solicitara al CNE que cumpliera con su obligación legal y la Sentencia de la Sala Electoral del TSJ emitida el día 22 de agosto (que ratificó la victoria de Maduro). Sin embargo, el TSJ declaró el amparo inadmisible e impuso una multa a Díaz, la suspendió de sus funciones profesionales y la amenazó con un posible arresto.

El Recurso fue presentado en nombre del Frente Popular Democrático (FDP), que incluye partidos y organizaciones de izquierda como el Bloque Histórico Popular, el Partido Comunista de Venezuela, La Otra Campaña, Voces Antiimperialistas, Movimiento Popular Alternativo, En Común, y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, como también a partidos de una tendencia política de oposición moderada como Centrados en la Gente, entre otros.

Hablando sobre su caso con Federico Fuentes para LINKS International Journal of Socialist Renewal, Díaz explicó: «Es el primer caso en la historia de Venezuela que se suspende a un abogado del ejercicio de su profesión, sin respetar la presunción de inocencia, sin juicio previo y sin derecho a la defensa.» Pese a eso, Díaz sigue reclamando de pensamiento y palabra, que se publiquen los resultados porque «es nuestro derecho» y nuestra manera de defender «el sistema electoral venezolano que hasta ahora ha sido transparente y pulcro, y hoy se ve manchado por este comportamiento.»

Díaz también se refirió a la situación de lo que denomina «presos por protestar o por reclamar derechos políticos o laborales», destacando que mientras cerca de 2.000 presos de este tipo siguen sin poder ejercer sus derechos básicos (pocos días después de finalizar esta entrevista, 225 de estos presos fueron liberados el 17 de noviembre), hay diputados de la derecha «en la Asamblea Nacional del día de hoy, ocupando curules, que pidieron invasión, pidieron sanciones y pidieron matar a Maduro» pero que nunca han enfrentado a la justicia.

Todo esto deja a los izquierdistas como Díaz en la posición de «pidiendo justicia en medio de bandos en pugna y estamos pidiendo respeto al estado de derecho y a la Constitución a ambos bandos». Pero el riesgo de un «choque de trenes» entre el Gobierno y la oposición de derecha no hace más que aumentar de cara al día de la investidura, el 10 de enero, algo que, en su opinión, «pudiera terminar muy mal». Ante esto, Díaz dice que no queda otra alternativa que «seguir trabajando y viendo cuáles son los espacios en los cuales nos toca avanzar y luchar», al tiempo que insiste en «rescatar la majestad, la transparencia, la soberanía popular y la Constitución.»

A continuación, la entrevista completa.

¿Podrías explicarnos lo que ha sucedido con tu caso?

Nosotros intentamos primero presentar una Solicitud de Revisión Constitucional de la Sentencia N° 31 de la Sala Electoral del TSJ por considerar que tenía vicios de inconstitucionalidad. El día 11 de octubre, la Sala Constitucional nos respondió en la Sentencia N° 211 que la Sentencia de la Sala Electoral era válida y que era cosa juzgada.

Sin embargo, intentamos otro recurso. Entendiendo que, aunque estemos en desacuerdo con la Sentencia de la Sala Electoral hay que acatarla, se nos ocurrió proponer un Recurso por Abstención o Carencia por la omisión del CNE en publicar los resultados desagregados. De acuerdo a lo que establece la Sentencias de la Sala Electoral y la Sala Constitucional, la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el CNE tiene el deber de presentar una relación detallada tabulada de las actas de escrutinio y de totalización, a los fines de que el acto electoral cumpla con los presupuestos fácticos que permitan determinar la proclamación de un candidato. El resultado desagregado es lo que permite que cualquier persona pueda tener acceso a ellos y si decide impugnar, impugnarlos.

¿Qué hizo la Sala Constitucional? Se declaró competente para conocer la acción, pero la declaró inadmisible sin revisar el fondo de la misma. Encima, nos acusó de temeridad, nos impuso una multa y ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de mi persona por el Colegio de Abogados. Además, me suspendió del ejercicio de mi profesión de una manera inaudita y nunca vista en el país. Creo que es el primer caso en la historia judicial de Venezuela que se suspende a un abogado de su profesión sin previo juicio o derecho a la defensa. Eso es muy grave. Si bien es cierto los profesionales tenemos responsabilidades por el mal ejercicio de la profesión, para poder determinar si hay o no una responsabilidad tienes que ser sometido a un debido proceso y derecho a la defensa, lo que no ha sucedido aquí.

Estamos en una situación de indefensión porque no contamos con la Sentencia completa, solamente la dispositiva. Tampoco hemos podido pagar la multa porque no tenemos la copia certificada de la Sentencia o el oficio donde conste que debemos pagar la multa, en qué lugar y a cuál cuenta de la Tesorería Nacional. Es decir, estamos en un estado de indefensión e incertidumbre.

¿En qué norma o estatuto se basó el TSJ para sancionarte?

Ellos alegan que la temeridad está basada en una ley del TSJ que la verdad no coincide. Es por eso que pedimos una aclaratoria. El artículo según el cual ellos me aplican la norma no coincide con la posibilidad de aplicar una multa. Es más, si se aplica una multa en realidad deberían ser de 900 bolívares, pero la multa es de 100 euros, que al cambio son más de 5.000 bolívares.

A esto se agrega el tema de que ellos han señalado en la dispositiva —no entendemos con qué intención— la posibilidad de aplicar arresto según la Ley de Amparos de 1988, una ley que colide con la Constitución [aprobado por el pueblo en un referéndum en 1999] porque nadie puede ser puesto bajo arresto —domiciliario o como sea— si no se le comprueba que cometió una falta o un delito y donde tiene que haber debido proceso con un juicio previo, un derecho a la defensa y garantizado el principio de presunción de inocencia.

Entonces, claro, hay mucha incertidumbre en el Gremio de Abogados de Venezuela, hay mucho miedo. De hecho, ninguno de los Colegios de Abogados o las Escuelas de Derecho se ha pronunciado. Por eso nos toca enfrentar esto solos, en compañía de los compañeros del FDP, de grupos de abogados que lo han hecho, y de ciudadanos. Yo tengo que agradecerle al pueblo venezolano porque los ciudadanos fueron quiénes de manera colectiva, recogieron el dinero para el pago de la multa que yo no tenía. Pero, bueno, yo digo que hay que seguir trabajando y viendo cuáles son los espacios en los cuales nos toca avanzar y luchar.

¿Por qué sigues insistiendo en que se publiquen los resultados electorales?

Porque es muy grave que frente a la duda razonable que hay de los resultados electorales, tú insistas en proclamar un ganador. Hay una duda razonable que persiste y eso daña la legitimidad de origen de cualquier gobierno.

Además, porque el CNE dice que hubo un hackeo y los venezolanos tenemos derecho a ver hasta donde este hackeo pudo afectar los resultados. La única manera de saberlo es contando los votos en las cajas como ya se ha hecho en otras oportunidades. En Venezuela, aunque fallen todos los sistemas informáticos de una elección, el voto electrónico tiene un respaldo físico. Ese respaldo físico está en las cajas que están custodiadas por el CNE y también en el Sobre Número 1, en donde hay elementos probatorios que te van a permitir, si lo autorizaran como se hizo en el año 2013, auditar el 100% de las cajas.

Además, si publicas los resultados, el que tenga un resultado distinto [reflejado en sus actas] puede impugnar. Pero, en cambio, el gobierno cerró la puerta a esto, llevando unos resultados al TSJ donde no hubo manera de controlar la experticia; los terceros interesados no fueron parte en ese recurso.

Entonces, ¿por qué insistimos? Porque es el camino constitucional. Porque es el camino político. Porque es nuestro derecho. Porque defendemos el sistema electoral venezolano que hasta ahora ha sido transparente y pulcro, y hoy se ve manchado por este comportamiento. Tenemos que insistir en hacer política y en rescatar la majestad, la transparencia, la soberanía popular y la Constitución.

¿Qué opciones legales les quedan para seguir exigiendo que el CNE cumpla con su deber legal?

Antes de lo sucedido con esta Sentencia, que parece ponerle sello final a la vía institucional, el FDP estaba estudiando la posibilidad de intentar un hábeas data: es decir, que algún candidato reclamara los datos. Además, estaba en estudio la posibilidad de pedir un Antejuicio de Mérito a los rectores del CNE por no haber cumplido con su tarea y obligación legal. Todo esto está en estudio en razón de que todavía no tenemos claro el resultado de la aclaratoria que se solicitó a la Sentencia donde me imponen las sanciones y me castigan.

Pero hay una incertidumbre, incluso jurídica, de hasta dónde podremos avanzar reclamando, y ya no solamente derechos electorales. Porque lo grave de esta Sentencia es que no solamente daña mi posibilidad de ejercicio, sino que cualquier abogado que intente un recurso donde se le reclama el gobierno el cumplimiento de un derecho constitucional que ha sido abandonado o violentado —por ejemplo, el derecho al trabajo o las violaciones a los derechos humanos por las detenciones arbitrarias— pudiera ser castigado también. Es una sentencia muy grave porque es una sentencia que impuso un castigo adelantado, sin debido proceso y derecho a la defensa, pero que además funciona como una advertencia para el Gremio de Abogados. Eso es lo más peligroso de todo, una sentencia que funciona como advertencia e inhibitoria de la defensa de los derechos de cualquier ciudadano.

Voceros del gobierno han vuelto a defender públicamente la detención de unas 2.000 personas a las que llaman «terroristas» por protestar luego de las elecciones. Usted fue uno de los firmantes de una carta abierta dirigida al presidente Maduro denunciando que se les ha negado los derechos humanos a estos presos políticos. ¿Podría decirnos por qué firmaste la carta?

Bueno, en principio, porque se debe apoyar a cualquier gestión que pueda hacerse para poner en libertad a venezolano que no han cometido delitos y que además se les haya violado su derecho a la defensa y el debido proceso mediante detenciones arbitrarias e imputaciones de delitos que no han cometido. Además, por humanidad y empatía debemos acompañar a las madres y los familiares de esos presos.

Pero quiero aclarar que yo le tengo mucho cuidado a esa categoría de preso político. Por eso yo hablo de presos por protestar o presos por reclamar derechos políticos o derechos laborales, que es otra cosa. La categoría de preso político es una categoría que se ha utilizado en general, pero nosotros aquí estamos defendiendo a todos aquellos presos por protestar, para reclamar derechos políticos o laborales. Poco se dice en Venezuela que hay 191 presos por reclamar derechos laborales, sindicalistas y no sindicalistas. Eso hay que reclamarlo también. Entonces cuando hablamos de esa categoría, hablamos de todos esos presos que deben ser incluidos para que el gobierno considere medidas extraordinarias para su libertad.

Estamos luchando para acompañar a las madres, a los familiares y para que se haga justicia en los casos de aquellas personas que están detenidas y no se les hayan respetado sus derechos a la defensa, a cumplir con la tutela judicial efectiva, con los derechos humanos y, por supuesto, que la tipificación del delito esté de acuerdo con la conducta supuestamente antijurídica que se llevó a cabo, porque siempre debe presumirse la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. En Venezuela existe el principio transversal en todos los procesos de la presunción de inocencia y tienes que respetar ese principio fundamental de los derechos humanos.

Pero sabemos que también hay casos donde sectores de extrema derecha han utilizado la violencia como parte de sus campañas desestabilizadoras…

Eso lo sabemos. Hay gente que, en otro tipo de contexto, en el 2014 y en el 2017, incluso quemaron gente viva por parecer chavistas. Yo no me olvido de eso. Yo no estoy pidiendo amnistía o libertad para quienes hayan cometido un delito que comporte violación de derechos humanos o corrupción. Quienes hayan cometido un delito grave, hayan asesinado alguna persona, hayan causado un daño a un bien público, deben ser castigados. Pero aquellos que no han cometido ningún delito, o es un delito menos gravoso, que solamente salieron a protestar sin cometer daños y sin asesinar a nadie, tú no puedes tratarlos igual.

Nosotros no estamos pidiendo impunidad, nosotros estamos pidiendo justicia, que es otra cosa. Y que se revisen los casos en los cuales no haya delitos graves y se les dé una amnistía o perdón. Que se revisen esos casos y se le dé la libertad porque hay niños entre 14 y 17 años, menores de edad, y personas con discapacidades diferenciadas, presas. Esa es la preocupación.

Ahora, quien haya cometido un delito tiene que pagar su pena frente a la sociedad. Eso sí, tienen que garantizarles los derechos. Tú no le puedes imponer un abogado, tú tienes que garantizar el acceso a la justicia, el acceso a un debido proceso. Esto es lo que estamos reclamando: condiciones para que ningún proceso de eso esté viciado de nulidad.

Dado todo lo que hemos hablado, ¿cómo caracterizas la situación en que se encuentra hoy en día el estado de derecho en Venezuela?

Muy golpeado, porque no se están respetando los principios y garantías establecidos en la Constitución. El estado de derecho está en franco deterioro. Y eso es un detrimento peligroso, no solamente al estado de derecho sino a la democracia porque si no hay justicia y no hay estado de derecho, no hay democracia. Hoy decimos que la democracia está herida de muerte.Es muy peligroso lo que está sucediendo. En vez de abonar en una solución pacífica al conflicto y a la crisis venezolana, se está abogando por una decisión de cerrar peligrosamente los caminos institucionales para resolver el conflicto.

Muchos militantes de izquierda solidarios con la Revolución Bolivariana les preocupa hablar de la situación de estos presos o cuestionar las elecciones por temor que podría alimentar los argumentos del imperialismo estadounidense y de la derecha venezolana en favor de las sanciones y otras acciones violentas en contra el pueblo venezolano. ¿Cómo respondería a estas preocupaciones?

Yo me deslindo completamente de ese tipo de argumentación. Nosotros no estamos defendiendo la violencia. Lo que hemos exigido es nuestro derecho constitucional de reclamar antes la instituciones los resultados electorales porque hay una duda razonable. Tampoco nos podemos hacer ciegos frente a las violaciones de derechos humanos que han sucedido y que está sucediendo porque eso, lejos de abonar por una solución pacífica, estaría ahondando la crisis política que vive el país.

Entonces, como digo una cosa digo la otra. Yo no voy a estar de acuerdo nunca con las sanciones, porque las sanciones las paga el pueblo. Es más, las sanciones han contribuido a la corrupción interna, porque las usas como justificación para evadir los controles y la ley, en razón de que te están persiguiendo, entonces tú utilizas caminos, digamos, subterfugios económicos para obtener recursos. Además, las sanciones han servido de excusa para abrir las puertas a la inversión extranjera y para que se acaben con los derechos laborales.

Nosotros estamos defendiendo el estado de derecho y un modelo que está en la Constitución. No estamos defendiendo delincuentes. El que haya cometido un delito, aun siendo político, no puede tener impunidad —sobre todo quienes pidieron sanciones, quienes pidieron invasión, quienes pidieron matar al presidente de la República y que tú ves que andan libres por ahí. Incluso hay diputados en la Asamblea Nacional del día de hoy, ocupando curules, que pidieron invasión, pidieron sanciones y pidieron matar a Maduro. Eso es incomprensible porque va en detrimento de la credibilidad del estado de derecho y de las instituciones venezolanas.

Entonces nosotros estamos en una posición difícil porque estamos pidiendo justicia en medio de bandos en pugna y estamos pidiendo respeto al estado de derecho y a la Constitución a ambos bandos. Y pareciera que ambos sectores se hacen los sordos y siguen en el juego del choque de trenes, que pudiera terminar muy mal, de cara al 10 de enero próximo. Y eso precisamente es lo que queremos evitar.