Una coalición integrada por 28 iglesias presentó este martes una demanda en contra de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump, por permitir que agentes federales lleven a cabo operaciones en lugares de culto, autorización otorgada en enero que puso fin a las denominadas ´zonas sensibles’ donde no se llevaban a cabo redadas de inmigrantes.

Las zonas sensibles, además de iglesias o templos, incluían hospitales, cortes y escuelas.

El grupo, integrado entre otros por denominaciones evangélicas cristianas, judías y episcopales que aglutinan a millones de fieles en todo el país, presentaron la demanda ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington DC.

El principal argumento presentado en el escrito al tribunal señala que la política migratoria del gobierno encabezado por Trump infringe la libertad religiosa de los grupos, particularmente su capacidad para ministrar a los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en Estados Unidos indocumentados.

En la demanda, las iglesias (bautistas, hermanos, judíos conservadores, episcopalianos, evangélicos, menonitas, cuáqueros, pentecostales, presbiterianos, judíos reconstruccionistas, judíos reformistas, unitarios universalistas, metodistas unidos, metodistas de Sión y otros) argumentan que, basados en sus creencias, "todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, es un hijo de Dios digno de cuidados y de amor", a quienes se les debe dar la Bienvenida".

También señalan en el escrito que "la Torá establece este principio 36 veces, más que cualquier otra enseñanza, que el extranjero que resida con vosotros será para vosotros como uno de vuestros ciudadanos". Y recuerdan al gobierno que a los extranjeros "Los amarás como a ti mismo, porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto", como señala el libro del Levítico en el capítulo 19.

"Tenemos inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas", declaró a la agencia Prensa asociada (AP) el reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal. "No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo. Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos".

Respeto a los extranjeros

En la introducción, los demandantes también señalan que las iglesias tienen una irrefutable obligación de "acoger, servir y defender a los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en medio de ellos sin importar la documentación o el estatus legal".

Agregan que, reconociendo la importancia de las prácticas religiosas comunitarias "para el bienestar de las personas y las comunidades de las que forman parte", el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante más de 30 años restringió sustancialmente la acción de cumplimiento de la ley de inmigración en o cerca de los lugares de culto".

Y aunque el DHS tiene autoridad legal para llevar a cabo una variedad de acciones de cumplimiento de la ley, como realizar detenciones e interrogatorios, notificar procesos y otras órdenes, y ejecutar arrestos y redadas de inmigración sin orden judicial, la política de larga data del DHS de "lugares sensibles" (o "áreas protegidas") establecía que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo harían en lugares de culto o cerca de ellos solo en circunstancias apremiantes o con la aprobación previa por escrito de un supervisor de alto nivel".

Pero lamentan que, a partir del 20 de enero, cuando el presidente Donald Trump tomó posesión del cargo para iniciar un segundo mandato, "el DHS cambió de postura abruptamente y rescindió la política de lugares sensibles" y se otorgó a los oficiales de ICE y la CBP "utilizar [su] discreción junto con una buena dosis de sentido común" al decidir si llevar a cabo acciones de control de inmigración en lugares de culto, durante ceremonias religiosas y en otros lugares sensibles.

El proyecto 2025 lo advertía

El desmantelamiento de la política de zonas sensibles está mencionado en el Proyecto 2025, una estrategia conservadora redactada por exfuncionarios del primer gobierno de Trump y actuales funcionarios, entre ellos Tom Homan, zar de la frontera, y Stephen Miller, subdirector de política de la casa Blanca. El documento, en su momento (antes de la elección del 5 de noviembre de 2024) recomendó que "se debería aclarar el papel de los agentes de deportación del ICE" y que las operaciones de ejecución y deportación (ERO) de la agencia "deberían ser identificadas como las principales responsables de hacer cumplir las normas civiles de inmigración, incluido el arresto, la detención y la deportación de los infractores de inmigración en cualquier parte de los Estados Unidos, sin orden judicial cuando corresponda, sujeto únicamente a los requisitos de orden judicial civil de la INA cuando corresponda".

También aconsejó que "todos los memorandos de ICE que identifican 'zonas sensibles' donde el personal del ICE tiene prohibido operar, deberían ser rescindidos". Esto significa que lugares como escuelas, hospitales e iglesias son potenciales blancos de redadas.

Por último, la estrategia conservadora precisó que, para maximizar el uso eficiente de sus recursos, "ICE debe hacer un uso completo de las autoridades de deportación expedita (ER) existentes". Y precisa que, los extranjeros a ser deportados de manera expedita "no debería estar limitado a las primeras 100 millas desde la frontera" porque "esto no es un requisito legal".

Cabe señalar que el plan de deportaciones masivas del nuevo gobierno, según dijo Homan poco antes del 20 de enero, contemplaba la expulsión de entre 1 y 1.5 millones de extranjeros criminales en el primer año. Pero en los días siguientes a la toma de posesión el escenario cambió y hoy en día cualquier indocumentado o extranjero no autorizado que lleve menos de dos años en Estados Unidos, está sujeto a ser arrestado y deportado de manera expedita.

Amenaza permanente

Según la demanda, la rescisión ordenada por Trump de poner fin a las zonas sensibles "refleja el objetivo del presidente de deportar a todos los inmigrantes en Estados Unidos sin estatus legal durante su mandato de cuatro años". Y que para lograr esto, el propio Homan ha dicho que el DHS "llevará a cabo acciones de control migratorio en todo el país, sin inhibiciones por ninguna directriz de la administración anterior".

Las iglesias argumentan además que "los funcionarios federales han confirmado que el objetivo de estas acciones de control incluirá a los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales" y citan que, durante la primera semana de la actual administración, ICE arrestó a más de 4,500 personas, incluidas casi 1,000 en un "blitz de control migratorio" dominical", situación que activó todas las alarmas.

"Al menos una de estas acciones de control ocurrió en una iglesia en Georgia durante el servicio de adoración", precisaron. "Según la cobertura de noticias, un acomodador que estaba parado en la entrada de la iglesia vio a un grupo de agentes de ICE afuera y cerró la puerta. Los agentes dijeron que estaban allí para arrestar a Wilson Velásquez, quien había viajado a Estados Unidos desde Honduras con su esposa y tres hijos en 2022. Inmediatamente después de cruzar la frontera, se entregaron a las autoridades estadounidenses y solicitaron asilo. Se les dio una fecha de audiencia judicial y luego fueron liberados después de que las autoridades federales los arrestaran", explicaron.

La familia fue puesta en libertad a esperar la resolución de sus casos de asilo bajo el Programa de Detención Alternativo (ATD). "Los agentes colocaron un monitor de rastreo GPS en el tobillo de Velásquez. Después de establecerse en los suburbios de Atlanta, la familia se unió a una iglesia pentecostal donde adoraban varias veces a la semana y ayudaban con la música. Estaban escuchando el sermón del pastor cuando los agentes de ICE llegaron para arrestar a Velásquez. Aunque Velásquez había asistido a todos los registros requeridos en una oficina de ICE en Atlanta y tenía una cita en la corte programada para presentar su caso de asilo ante un juez, los agentes de ICE lo arrestaron de todos modos, explicando que simplemente estaban buscando personas con brazaletes en los tobillos.

El pastor Luis Ortiz trató de tranquilizar a su congregación, pero ‘podía ver el miedo y las lágrimas en sus rostros’ de los fieles", se lee en la demanda.

Qué piden las iglesias

Los demandantes solicitan al tribunal de distrito del Distrito de Columbia, que "dicte sentencia a su favor" y ordene el establecimiento de la política de zonas sensibles para evitar operaciones del DHS y de ICE en o cerca de lugares de culto o durante ceremonias religiosas" y con ello evitar que se viole la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa tal como se aplica a los demandantes, sus congregaciones y sus miembros.

Las iglesias también piden a la corte "una orden judicial preliminar y permanente que prohíba al DHS y sus subcomponentes, sus funcionarios, agentes, empleados, cesionarios y todas las personas que actúen en concierto con ellos, llevar a cabo actividades de control migratorio, incluidas, entre otras, las actividades autorizadas por 8 U.S.C. §§ 1226(a) y 1357(a) y las reglamentaciones pertinentes, en los lugares de culto de los demandantes o durante ceremonias religiosas, en ausencia de circunstancias apremiantes o la existencia y ejecución planificada de una orden judicial".

También piden "una orden judicial preliminar y permanente que prohíba al DHS y sus subcomponentes, sus funcionarios, agentes, empleados, cesionarios y todas las personas que actúen en concierto con ellos, hacer efectiva la Nota de Rescisión de 2025 que pretende rescindir la política de ubicaciones sensibles de larga data del DHS, y que además requiere que los procedimientos y políticas establecidas en la política de ubicaciones sensibles de 2021 se mantengan a menos que y hasta que el DHS revise esa política de manera consistente con las leyes y regulaciones aplicables".

Por último, los demandantes piden una orden que "anule y remita la Nota de Rescisión de 2025 por ser arbitraria y caprichosa y por haberse emitido sin observar los procedimientos requeridos por ley".

"La magnitud de la demanda será difícil de ignorar", afirmó Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, quien es la abogada principal de la demanda citada por la agencia AP.

Corkran añadió que, antes del reciente cambio en el gobierno de Trump, los agentes de inmigración generalmente necesitaban una orden judicial u otra autorización especial para realizar operaciones en lugares de culto y otros lugares "sensibles" como escuelas y hospitales, una práctica que fue eliminada siguiendo las recomendaciones hechas por el Proyecto 2025.