Investigarán si se decretó quiebra fraudulenta. Comisión Mixta tiene 30 días para estudiar la sentencia que fue emitida en diciembre pasado. José Khan presidirá el equipo.

La plenaria de la Asamblea Nacional acordó ayer recuperar los bienes de Venepal C.A., sociedad mercantil cuya quiebra fue declarada el pasado 2 de diciembre por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario de Caracas, a cargo de Martín Valverde, y exhortó al Ejecutivo a emitir el decreto de expropiación por causa de utilidad pública e interés de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la fallida empresa y sus filiales, sobre la base de la legislación vigente.

Asimismo, el legislativo ordenó la conformación de una comisión mixta integrada por los diputados del estado Carabobo -donde estaba radicada la empresa constituida legalmente en 1954- y los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Social que preside José Khan, MVR.

La instancia de investigación será liderada por el parlamentario Francisco Ameliach, MVR.

De acuerdo con información suministrada por el diputado Osmar Gómez, del MVR, electo por esa entidad central, la comisión mixta tiene un lapso de 30 días para estudiar el caso pues presumen que hubo “quiebra fraudulenta”.

“Presumimos que hubo actos fraudulentos por parte del Juzgado que declaró la quiebra. Los trabajadores de Venepal -Venezolana de Pulpa y Papel-, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y apelaron la decisión que le daba ventaja a los dueños de la empresa.

Hay que determinar si esa quiebra fue fraudulenta", explicó Gómez.

La comisión irá al fondo del caso, porque durante la segunda gestión de Rafael Caldera se otorgó un préstamo por 22 millones de dólares para sacarla a flote y hasta la fecha no se sabe el destino de esos recursos.

“Vamos a aprovechar la situación desenmascarar a muchos propietarios de empresas que las están llevando a quiebra con intereses oscuros como el caso de Insanova”.

Venepal contaba con unos 800 trabajadores que quedaron no solamente sin empleo sino sin ningún tipo de beneficio laboral.

“Por ser una empresa líder en su ramo -manufactura de pulpa, papel, cartón y derivados-, de lograrse la expropiación por utilidad pública, esos bienes pasarían a manos de los trabajadores quienes se encargaría de reactivarla”.

Consultado en torno de qué pasaría si se determina la quiebra fraudulenta, Gómez respondió que acusarían al juez ante la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para que tome las acciones correspondientes.

El debate en la plenaria contó con la participación de 20 oradores y se extendió durante una hora y 45 minutos.

Solidaridad

Poco antes de iniciarse el debate sobre el caso Venepal, la Asamblea Nacional hizo entrega formal a los embajadores de algunos de los países del sureste de Asia afectados por el terremoto-maremoto del 26 de diciembre, de un acuerdo de solidaridad aprobado en la sesión del martes pasado.

Asimismo se guardaron tres minutos de silencio en homenaje de las más de 150 mil víctimas mortales y se hizo un reconocimiento público a la Cruz Roja Venezolana, por ser la primera institución del país que ofreció apoyo a las naciones sacudidas por el tsunami.

Los delegados diplomáticos de Indonesia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Burma, Somalia, Tanzania, Madagascar, Kenya, Islas Maldivas y Mianmar, recibieron el documento en el cual además se exhorta al Ejecutivo a promover expresiones de solidaridad y ayuda por parte de instituciones públicas, privadas y del pueblo en general, que impliquen el envío inmediato de medicinas, alimentos y otros enseres a los pueblos afectados.

De igual forma, el legislativo manifestó su apoyo a los corresponsales en Venezuela de la agencia de noticias France Press -AFP- quienes fueron despedidos pese a que se encontraban discutiendo la contratación colectiva y está en vigencia un decreto de inamovilidad laboral.

En tal sentido, se designó a los diputados Desirée Santos Amaral y Pedro Carreño para que acudan a la embajada de Francia en Venezuela a hacerle entrega a su delegado diplomático de un acuerdo aprobado por unanimidad, en el cual se insta al gobierno del país galo a intervenir para que AFP restablezca la legalidad y la ética en el manejo de sus operaciones en Venezuela y orden la reconexión de los sistemas de transmisión y recepción de noticias, así como la operatividad periodística y administrativa de su oficina en Caracas, suspendida el 1º de enero de este año.