IMPA es una fábrica procesadora de aluminio administrada por el Movimiento Nacional de Empresa Recuperadas (MNER) desde 1998. Hace una semana fue tomada por una treintena de obreros armados que responden a las órdenes del abogado Luis Caro, aunque el plantel es de 164 trabajadores.
Afuera resiste un sector mayor de trabajadores, mientras otra porción se fue a su casa.
En IMPA, además de la fabricación metalúrgica funcionan un consultorio médico con 5 galenos, una escuela secundaria para 50 alumnos, un centro de atención gerontológica y varios talleres de arte, de ingeniería y recreación. Todo está paralizado por la toma armada y la ocupación policial de la planta.
La Justicia se adjudicó otra página grotesca. Una juez ordenó “el desalojo inmediato” el jueves 21 pasado. Pero se equivocaron de obreros y de lugar: “desalojaron a los obreros que estábamos afuera y con la ayuda de la policía nos cagaron a palos. Los usurpadores siguen adentro”, dijo uno de los obreros declarantes.
Fondo policial
El escenario de la rueda de prensa fue un recodo en las esquinas de Querandíes y Pringles en el viejo barrio de Almagro; el telón de fondo no podía ser peor: una valla policial de vereda a vereda que impedía el paso hacia la fábrica y decenas de policías de miradas esquivas pertrechados como para una guerra.
Expresaron su apoyo en vivo el diputado nacional Mario Cafiero, los diputados de la Legislatura porteña Beatriz Baltroc, Daniel Betti y Rubén Devoto, la abuela de Plaza de Mayo Nora Cortina, un representante del ARI (Alianza por una República de Iguales que dirige Elisa Carrió) y uno del PO (Partido Obrero) y la ex diputada del MAS por la Provincia de Buenos Aires, Silvia Díaz.
Cuatro obreros de IMPA contaron los hechos que condujeron al conflicto. “Un grupo de compañeros, casi todos nuevos y sin estar afiliados a la cooperativa en su mayoría, entraron por la fuerza el jueves pasado, sacaron a golpes a los compañeros y compañeras que no estuvimos de acuerdo y decidieron cerrar las puertas y ocupar la fábrica”.
“Todos saben que detrás de este conflicto actual –siguió explicando una trabajadora– hay dos hechos: primero que hubo un robo de materias primas y segundo que la situación interna fue aprovechada por el abogado Luis Caro, conductor del Mov. de fábricas Recuperadas para intervenir en IMPA, convencer a algunos compañeros, ofrecerles dinero, créditos y tratar de controlar la fábrica”.
¿Quién es Luis Caro? Según la información brindada para esta agencia por Eduardo Murúa, “es un abogado peronista de la más rancia derecha, miembro del Opus Dei; conduce el Movimiento de Fábricas Recuperadas, en oposición al MNER, no acostumbra realizar asambleas y decide la gestión en forma corporativa. Fue candidato en la lista de un partido de ultraderecha.”
A los trabajadores de IMPA les dijo lo siguiente, según por lo menos 41 testigos: “Soy enviado del gobierno nacional, si ustedes me pone como abogado de IMPA el Gobierno pone la plata que necesitan”.
El crédito y la trampa
Eduardo Murúa, presidente del MNER, declaró que la historia del conflicto “hay que situarla hace siete meses atrás cuando IMPA comenzó a perder competitividad en el mercado. Desde entonces le venimos pidiendo al Estado un fondo o subsidio para pagar las cuentas básicas, especialmente los salarios, pero el gobierno se ha negado sistemáticamente. Nos hicieron perder más de cuatro meses en trámites con el Banco Nación, sabiendo ellos que nos iban a negar el crédito”.
Murúa explicó que el objetivo del retardo y la negativa del Banco Nación era llevar a los trabajadores al límite de la desesperación, generar un ambiente de división interna.
“En ese ambiente se produce el robo de las materias primas y hace una semana, mientras estaba en Venezuela, adonde fui invitado a participar del III Encuentro de Solidaridad con la Revolución bolivariana en la Mesa de Cogestión” aprovecharon para dar el golpe de gracia como si fuera un golpe de estado”.
El presidente del MNER contó que su viaje a Caracas también tenía el objetivo de hablar con la dirección de ALCASA y VENALUM, las dos empresas de aluminio del Estado bolivariano con el fin de hacer acuerdos comerciales y técnicos que favorecieran a IMPA. “A ellos les faltan cosas que nosotros hacemos y nosotros consumimos insumos que ellos producen, nos parecía una buena complementación para ayudar a salir de la crisis”.
Para los trabajadores expulsados de IMPA no es casual que la toma de la cooperativa se haya realizado la semana pasada. “Primero, aprovecharon la ausencia del presidente del MNER, segundo, impedían que IMPA pudiera salir de abajo mediante un acuerdo con las empresas de Venezuela”.
“Este plan tiene nombre, Luis Caro, y el del gobierno nacional detrás, no se pueden tragar empresas recuperadas que funcionen en forma independiente, con autonomía, sin el control de funcionarios del gobierno”.
“Este no es un conflicto entre Caro y Murúa, –dice Murúa– ni siquiera el problema es que me vaya o me quede en IMPA; de hecho sometí a la asamblea mi lugar en la cooperativa y ellos decidieron que me quede. Este es un problema del gobierno nacional contra las fábricas recuperadas y todas las formas de resistencia independiente. Eso ocurre en este gobierno que es como la etapa superior del Menemismo”, remató el presidente del MNER.
El próximo 7 de mayo, los trabajadores de empresas afiliadas al MNER se reunirán en la Provincia de Buenos Aires para debatir la situación interna y lo que algunos consideran “una conducta demasiado personalista del compañero Murúa dentro del movimiento.
