San José de Costa Rica, 29-06-05.
Como un acto de gran madurez y profunda convicción democrática en el respeto y apego a los derechos humanos por parte del Estado venezolano, que se expresa además en su legislación interna y en la suscripción y ratificación de los diferentes instrumentos internacionales que rigen esta materia, calificó la Agente del Estado venezolano para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano Internacional, María Auxiliadora Monagas, la decisión del allanamiento total en los casos de presunta violación de los derechos humanos, en las figuras de presuntas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de tres ciudadanos venezolanos durante el deslave del Estado Vargas, ocurrido en diciembre de 1999, supuestamente a manos de efectivos de los cuerpos de seguridad.
María Auxiliadora Monagas compareció en las audiencias públicas de este lunes 27 y martes 28, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica, en representación del Estado venezolano, para atender la causa que sigue esta suprema instancia, tras la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el pasado 30 de junio de 2004, contra el Estado venezolano, por los casos señalados en perjuicio de los ciudadanos Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, cuyas causas también se llevan en la jurisdicción venezolana.
Señaló Monagas, que más allá de la decisión de la Corte Interamericana, “cuya determinación respetamos y acogemos, el Estado venezolano está satisfecho de haber asumido esa posición, porque actuó con plena convicción de sus principios y valores, contenidos en nuestra Constitución, que nos erige como un Estado de derecho. Se trata de una decisión que nos enaltece en lo ético y lo jurídico, en tanto que el Estado está manifestando la integridad en la observancia de sus normas, y está reivindicando la justicia, la realización de la justicia como es su propósito, sus fines”.
Explicó que el allanamiento total significa el reconocimiento por parte del Estado venezolano de los hechos imputados, así como de las pretensiones que fueron alegadas dentro de la demanda, referidas a la investigación, sanción y reparación del daño.
Para María Auxiliadora Monagas, en este caso el Estado venezolano actuó con coherencia y con conciencia de sus responsabilidades. “Esta ha sido la conducta que hemos mantenido y seguiremos asumiendo cuando así lo requiera la conclusión de la causa, y prueba de ello ha sido el anterior allanamiento realizado en 1999, en el caso de El Caracazo, ocurrido en 1989”.
Para el Estado venezolano, asumir los errores y acciones indebidas cuando estas sean cometidas por sus funcionarios, es un acto que nos dignifica, y que evidencia el compromiso de materializar los principios y las normas, agregó. “Estamos expresándole a nuestros ciudadanos y al Sistema Interamericano que somos un Estado responsable, que no admitimos la impunidad, que nos interesa la realización de la justicia en todas sus dimensiones”.
