El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas de Argentina (Mesa 29 de Mayo), el Movimiento Intersindical Clasista, el Cuerpo de Delegados de Metrovías y el Diputado Nacional Carlos Tinnirello, repudian la condena a prisión contra los dirigentes sindicales Richard Fernando Ponce Valverde, Carlos Aníbal Cardozo Magallanes y Richard Mérida Damacena. Los otros 70 empleados permanecen procesados penalmente.

Los obreros fueron condenados el 9 de marzo, por ejercer el derecho humano de garantizar el sustento para sus familias y esta nueva forma de empleo legítimo: la recuperación de empresas abandonadas por sus patronos. Como relata el Fallo Judicial: "Una vez constituida la cooperativa, los indiciados comenzaron la explotación de la planta ocupada en su exclusivo beneficio, repartiéndose entre ellos las utilidades producidas". Este reparto colectivo de las utilidades es lo que no soportan los patronos que tiran empresas a la quiebra.

La legitimidad moral y social de la acciòn de sobrevivencia realizada por los 70 obreros de imprenta Van, quedó registrada –en contradicción consigo mismo– por las argumentaciones del propio Juez que los condena: "La historia reciente del movimiento sindical uruguayo, registra experiencias exitosas de ocupaciones llevadas adelante por sindicatos de empresas abandonadas por sus propietarios, para mantener la unidad productiva (Funsa, Sudantes, etc) En estos casos se mantuvo y preservó la planta con el esfuerzo de los trabajadores y la solidaridad de la población..."

"Delincuentes"

La empresa fue tirada al estado de quiebra por su patrón el 23 de septiembre de 2005. Catorce días después, los trabajadores se organizaron en una cooperativa y asumieron la responsabilidad social de hacerla trabajar, producir y rentabilizarla, garantizando todos sus deberes fiscales y comerciales, según consta en el Fallo Judicial, emitido el 9/03/06. Pero esta acción solidaria fue considerada "delito" en el régimen heredado por el gobierno de Tabaré.

Cualquiera tiene derecho a preguntarse qué hizo el gobierno del Frente Amplio para enfrente ese régimen heredado. Ninguno de los gobernantes que acompañan al presidente Tabaré se puso al lado de los derechos sociales.

Por silencio o por acción administrativa se pusieron al lado del patrón. El Director Nacional del Trabajo, Julio Miguel Baraibar Figueredo, declaró: "El MTSS no puede actuar en este caso". A eso lo llaman "lavarse las manos". Por ello, los trabajadores podrían ser encarcelados "de 3 meses a 3 años de prisión".

Esta medida judicial, con propósitos claramente políticos contra los obreros y el movimiento sindical, contradice las ilusiones puestas en el actual gobierno de Tabaré Vázquez, un socialista de centro-izquierda que habló de defender al pueblo cuando era candidato. En este caso, se acudiò al Código Penal uruguayo para acusarlos de "delito de apropiación indebida".

Estos trabajadores hacían parte de la gestión de la empresa Vanni, una imprenta recuperada por sus obreros en Montevideo, en septiembre de 2005. Esta empresa fue parte del Ier. Encuentro de Latinoamericano Empresas Recuperadas, realizado en Caracas. Poco después, el gobierno venezolano otorgó a las "recuperadas" de Uruguay, cerca de 5.000.000 de dólares para ayudar a su desarrollo. En contradicción con este beneficio financiero enviado por el gobierno de Hugo Chávez, el gobierno de Tabaré prefirió desalojar, tirar a la miseria y condenar penalmente a estas 70 familias.

Los adherentes de este comunicado exigen la inmediata libertad de los trabajadores presos, la despenalización del resto y la devolución de la imprenta como fuente de trabajo a la cooperativa COPROGRAF.