La plenaria de la AN aprobó, por unanimidad, el informe de la Comisión Especial designada para investigar la apertura petrolera, ente legislativo, presidida por el diputado Rodrigo Cabezas (Independiente/Zulia), declarando la responsabilidad política de todos los funcionarios que formularon, celebraron y ejecutaron los convenios operativos, las asociaciones estratégicas y los negocios de internacionalización durante las décadas de los 80 y 90, particularmente a la Directiva de Pdvsa (1994-1999) presidida por Luis Giusti.

Esta decisión se enmarca en lo establecido en el artículo 222 de la Constitución Nacional, toda vez que se ocasionó, solamente por internacionalización, una pérdida a la nación de 7.5 millardos de dólares y, por ende, se solicita al Poder Ciudadano intentar todas las acciones políticas, administrativas y penales a que haya lugar para sancionar y castigar a los responsables de la celebración de estos contratos.

El informe estima que el proceso de internacionalización adelantado por la Directiva de Pdvsa (1994-1999), fue un mecanismo de transferencia de ganancias y de lavado de dinero, montado por la vieja meritocracia, que dominó en el pasado a la industria petrolera.

Se precisa que la internacionalización tuvo específicamente un motivo fiscal, que provocó ganancias insólitas, y no permitió a la República, ni a los venezolanos, recibir un centavo de dólar de los ingresos fiscales de la explotación de su crudo.

La AN solicita al Ejecutivo nacional ejercer, a través del Ministerio de Energía y Petróleo, el control fiscal de los precios de exportación, mediante mecanismos de control fiscal público, con el objeto de eliminar los efectos negativos que sufre el erario público venezolano por causa del programa de internacionalización.

Sobre este punto, recomiendan el control fiscal de los precios de exportación, para lo cual Pdvsa terminará con los descuentos en los contratos de las empresas filiales que controlan al 100 por ciento, buscando reestructurar los contratos con estas filiales y en ningún caso permitirá la venta de crudo venezolano por debajo del precio del mercado, por lo cual la petrolera deberá suspender de inmediato la práctica de los descuentos.

Se señala en el informe, que Pdvsa debe asegurar que sus filiales en el exterior remitan dividendos a Venezuela cónsonos con la rentabilidad real de sus operaciones.

La comisión especial ratifica que los convenios son ilegales al provocar una pérdida de 7.5 millardos de dólares, lo que se traduce a 11 mil millones de dólares para el 2006, y por lo que no se enteró al Fisco Nacional aproximadamente de 253 millones de dólares.

Considera, además, que dichos contratos eran parte de una estrategia antinacional que consistió, por una parte, en privatizar la industria petrolera y, por la otra, en desnacionalizar y globalizar el recurso natural y, por ende, negar al pueblo venezolano como dueño del recurso natural la remuneración que le corresponde por concepto de regalía e impuesto sobre la renta.

El capital privado sólo podía participar en las actividades reservadas legalmente en asociación con una empresa del Estado y previa aprobación del Congreso de la República, no obstante, aclara que actualmente esta participación requiere del cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es decir, constituyendo una empresa mixta con participación accionaria mayoritaria de la empresa del Estado, además de mantenerse el requisito de autorización previa de la AN.

La Asamblea Nacional, ratifica el documento, respalda plenamente la actuación del Ministerio de Energía y Petróleo para que la migración se produzca sobre la base de un entendimiento con las compañías, lo que se traducirá en un aumento en la recaudación fiscal y de dividendos.

Se exhorta a Pdvsa a identificar los activos que no sean medulares para su operación y solicitan desincorporarlos al precio más ventajoso para su accionista, a quien remitirá los ingresos generados por la venta, además se pide reestructurar los pasivos de las filiales que continúen formando parte de la petrolera venezolana, sin cercenar los derechos de la República.

Asociaciones estratégicas

En cuanto a las asociaciones estratégicas firmadas con capital trasnacional en la faja petrolífera del Orinoco, la instancia parlamentaria concluye que se ha producido un masivo sacrificio fiscal para los venezolanos, cuando las tasas no petroleras eran de dos tercios de regalía, sin embargo se cancelaba un tercio de regalía.

Sobre este punto, se encontraron irregularidades en todos los casos, especialmente en el caso de SINCOR, empresa que no ha cumplido con los volúmenes de producción establecidos por el antiguo Congreso Nacional, así como la reducción del área de explotación a 250 kilómetros cuadrados. “Esta Asamblea estima que el MEP debe tomar medidas para hacer respetar por SINCOR los volúmenes aprobados por el extinto Congreso por ser vinculantes, llegando a arreglos ventajosos para la Nación”.

Con relación al impuesto sobre la renta petrolera, estimado en 50 por ciento, se constató que estas empresas pagaban sólo 34%, además se determinó que se violaron las cláusulas aprobadas por el viejo Congreso Nacional con relación al método de producción de inyección cíclica de vapor, lo que hubiese permitido una tasa de 22 por ciento de recuperación de crudo, no obstante, por el método adoptado por las transnacionales solamente se logró 7%, provocando daños en los yacimientos con la pérdida de 90 por ciento de las reservas.

Las cuatro asociaciones (SINCOR, Petrozuata, Ameriten y Cerro Negro) producen en frío, con un factor de recobro de apenas 7%, reduciendo, si no se actúa de inmediato, nuestras reservas a 84 mil millones de barriles, cuando la capacidad de reserva de la Faja asciende a 267 mil millones de barriles.

Por ello, la AN concluye que el Estado venezolano no debe tolerar más la explotación rapaz de la cual está siendo objeto la Faja, por lo que se le debe exigir a todas las compañías incrementar de manera inmediata el factor de recobro, respetando la política conservacionista del recurso natural. “Se insta al Ejecutivo a revocar cualquier acuerdo que no le otorgue a Pdvsa y al Estado venezolano la mayoría accionaria en el negocio de extracción de petróleo”.

Se solicita entonces al Ejecutivo, a través del MEP, la elaboración de un instrumento legal que permita la garantía plena de una explotación soberana y racional de la Faja Petrolífera del Orinoco y se le insta a revocar cualquier acuerdo que prohíba que la República controle las operaciones en la Faja y garantizar la participación mayoritaria de Venezuela en el negocio.

Debate

Sobre este punto, Rodrigo Cabezas, presidente de la instancia, expresó que esta investigación obedece a las irregularidades detectadas por el MEP, cometidas en la formulación, celebración y ejecución de los convenios operativos, destacando que se cierra un capítulo oscuro de entrega de nuestros recursos a transnacionales.

Añadió que la meritocracia de la IV República vulneró la soberanía nacional y entregó nuestras riquezas sin retribución alguna para los venezolanos (as). “Nuestro informe concluye que la internacionalización gira sobre un único objetivo: reducir la carga impositiva de Pdvsa, creando mecanismos seguros de ganancia al país del norte, dándole precios más baratos a los norteamericanos en cuanto a la gasolina”.

Enfatizó que se vendió petróleo con descuentos a las filiales de 1,03 dólares por barril, provocando un daño patrimonial 7 mil 500 millones de dólares. “Venezuela no recibió nada cuando debió percibir 253 millones de dólares. La conclusión principal de la AN es que se respalda al Ejecutivo y al MEP en un control fiscal de los precios de exportación, eliminar los descuentos, no se permitirá la venta del crudo venezolano por debajo del precio del mercado y asegurar que las filiales en territorio extranjero remitan al país los dividendos”.

“Se acabó la entrega del petróleo, con este informe se cierra este perverso capítulo y votaremos conforme al artículo 222 de la Constitución, estableciendo la responsabilidad política contra aquellos que condujeron a Pdvsa, para que por lo menos quede establecida una sanción moral contra la IV República”, finalizó Cabezas.

Deben pagar el daño patrimonial

El diputado Juan Carlos Dugarte (MVR/DC), indicó que de verdad Venezuela fue engañada por la ex directiva de Pdvsa, expresando que quizás tienen la percepción global de las pérdidas que le provocaron a la República, recursos que pudieron ser invertidos en programas sociales, “pero los venezolanos se preguntan ¿para qué nos sirve el informe?, aunque sabemos que el Ejecutivo está tomando medidas para recuperar los daños de esta apertura y respaldamos todas sus acciones, no obstante, el pueblo venezolano se pregunta ¿qué pasará con los responsables?”.
A su juicio, no es justo que se declare la sanción moral mientras que los responsables están disfrutando de los recursos robados a todos los venezolanos. “La Fiscalía y los organismos del Estado deben investigar esta situación, deben pagar por el daño que le han hecho a los venezolanos. Es importante abrir un debate con todos los venezolanos, nuestro trabajo no ha terminado, deben haber asambleas populares permanentes, que se publique el informe y sea del conocimiento de todos los venezolanos, a fin de garantizar que esto no volverá a pasar”.

Propuso, además, que la comisión reciba al fiscal y al contralor general de la República, a fin de pedirles que se abra una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias, “no puede morir con una responsabilidad política o moral y no se les juzgue por todo el dinero que le robaron a todos los venezolanos”.

Que paguen su traición

El diputado Mario Isea (PPT/Zulia) sostuvo que no contentos con obtener ganancias con cifras disfrazadas, además calculaban precios de explotación de crudos livianos como si fueran pesados o viceversa, con el objeto de obtener mayores ganancias.

A su juicio, Humberto Calderón Berti no puede pasar por debajo de la mesa en estas sanciones, pues fue ministro de Minas durante Luis Herrera Campíns, “fue uno de los que delineó este esquema, proponiendo la venta de la Faja del Orinoco a 20 centavos de dólar el barril”.

Acotó que con las asociaciones estratégicas se establecieron condiciones ambiguas. “Nunca estuvo en la mentalidad de la meritocracia establecer el verdadero nivel de recobro, dejaron que las filiales escogieran el más barato, no se limitó el área y no hubo preocupación en la eficiencia de la explotación”.

“Estamos en presencia de una acción depredadora del patrimonio de todos los venezolanos, de los vende patria. Esto no es un problema del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de cualquier poder, sino un problema de Estado y, por ende, la Asamblea, el Poder Ejecutivo y el Poder Ciudadano deben procurar que los apátridas paguen su traición”, recalcó.

El diputado Ángel Rodríguez (MVR/Anzoátegui), presidente de la Comisión de Energía y Minas, manifestó que es la política de entrega y traición la que convirtió a una nación rica en una inmersa en la pobreza. “Esa acción debe ser castigada, deben generarse las sanciones necesarias a través de la Fiscalía y el Poder Moral”.

Se preguntó qué papel deben jugar los trabajadores petroleros, los que lograron, después de la paralización de la industria, mantenerla a flote. “No podemos seguir siendo simples técnicos, gerentes, tenemos que abrir la industria al debate, definir su rumbo, del que debe ser el nuevo papel dentro del proceso revolucionario”.

El segundo vicepresidente de la AN, diputado Roberto Hernández (PCV/Yaracuy), indicó que si alguna historia es trágica es la del petróleo venezolano, pues sus recursos se transformaron en un instrumento de dominación y de miseria de nuestro pueblo.

Asegura que la política de las trasnacionales era eliminar las regalías, “aseguran que los recursos naturales son patrimonio de la humanidad y no del país dónde se encuentran, esa es la tesis que manejan, especialmente de EUA, que incluso ha llegado a aseverar que los recursos hídricos del Amazonas son del mundo, particularmente de Estados Unidos, tengo copias de mapas donde esto se puede evidenciar”.

Puntualizó que la faja petrolífera del Orinoco era tratada como faja bituminosa para no tener que cancelar los impuestos por explotación y extracción del petróleo, “nuestra soberanía ha costado mucha sangre y debemos seguir defendiéndola”.

La presidenta encargada de la AN, diputada Desirée Santos Amaral (MVR/DC), pidió que se prorrogue la acción de la Comisión Especial con el objeto de extender la discusión de las conclusiones del informe a los debates de las asambleas desarrolladas dentro del parlamentarismo de calle.