Cuando el diputado Luis Tascón visitó Valencia para dar detalles de la importancia de la Ley de Infogobierno comentó que si el Estado no era dueño de las aplicaciones de software utilizadas en todos sus procesos públicos y administrativos, Bill Gates tendría más conocimiento de sus operaciones que cada alcalde, ministro o funcionario.

Lo dicho por Tascón llama poderosamente la atención. Microsoft, empresa creada por Gates, no recibe ni 5% de las inversiones de software del Estado. La inquietud fue la que motivó la primera de las preguntas.

.¿Por qué se toma a Microsoft como bandera del imperialismo y de la dominación a tra- vés de un software?

Lo que ocurre es que Windows es una aplicación masiva; nosotros no estamos negados a Microsoft, de hecho, los invitamos a las reuniones de la subcomisión para escuchar sus puntos de vista. Ellos han aportado nuevos argumentos al debate, para que al final tomemos una decisión acorde con las necesidades del Estado. Si me pides mi opinión, te diría que a mí me gusta el modelo del software libre, pero claro, éste debe funcionar. Por eso incorporamos en la Ley de Infogobierno lo relativo al costo global. No sólo se gasta en pago de licencias, sino en mantenimiento, soporte. Al hacer esto, estamos obligando a la gente del software libre a ser mejor. Para que su promesa fundamental, que postula que sus aplicaciones son mucho más baratas, sea realmente así.

Tampoco dejamos la puerta cerrada al software propietario. Si existen aplicaciones libres que no cumplan las expectativas del Estado, se continuará con la aplicación propietaria. Vamos más allá del software libre, consideramos también el mayor valor agregado nacional posible, para que así comencemos a potenciar la industria nacional del software. Todo esto sin descuidar el derecho del Estado de conocer el código fuente, la libertad de utilizarlo, publicarlo y modificarlo.

Agregamos en la ley que las aplicaciones no deben tener puertas traseras o accesos no declarados, debe haber confiabilidad en los productos; además, se debe reconocer la jurisdicción nacional como la única para resolver diferencias que se puedan presentar. Las aplicaciones también deben garantizar su funcionalidad.

El artículo 86 es claro en apuntar que donde no exista una aplicación libre que cumpla con estas funciones o donde el personal no esté formado se continuará con las aplicaciones propietarias.

.¿Éste es el caso de SAP?

Sí, ese es un ejemplo. Estas aplicaciones se utilizan en Pdvsa, Sidor, la Asamblea Na
"No hacemos una ley más suave o más dura"
cional, el Seniat y otras instituciones.

Es por estas excepciones que se ha produci- do el enfrentamiento con la comunidad de software libre, específicamente Solve, que defiende la distribución Linux llamada De- bian. Dicen que ustedes han sido influidos por las transnacionales.

Nosotros no hacemos una ley más suave o más dura para nadie. La ley es el resultado de muchas consultas con expertos y usuarios, para saber cómo perciben ellos los paquetes. Por ejemplo, el Open Office, muy funcional, es similar al Office de Microsoft.

.Si el Gobierno dice que no importa el costo, pues asume que conocer y hacer el soft- ware es estratégico para la soberanía, ¿cómo es que en la ley se considera el me- nor costo global?

El costo es una característica más, pero la apertura de los códigos es una condición.


Si una empresa que ofrece software propie- tario cumple con todos los postulados de la ley, ¿sería mejor vista que las comunidades de software libre?

Todo sería libre, pero esto implicaría que por ejemplo Microsoft cambiara su modelo de negocios hacia el Estado. Si esto ocurre, el Estado podría hacer una gran contratación con la empresa. No se haría lo que hasta ahora ha estado ocurriendo, donde cada ministerio u oficina pública realiza contrataciones por separado. Se haría una gran compra nacional, donde se respetaría la distribución, se conocería el código fuente. En la ley estamos considerando que el Estado realice compras generales cuando se trate de aplicaciones de uso común. Es una economía de escala.

.Es decir, un sistema operativo.

Sí, por ejemplo.

Entonces, ¿por qué se coloca a Microsoft como el brazo tec- nológico del imperialismo?

No, realmente no lo hemos hecho. Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos les exige el control de la tecnología con la Ley Calea.

.La Ley Calea es para el mercado interno es- tadounidense, no aplica a Venezuela.

Por eso tenemos que conocer los códigos.

¿Es lo mismo que pidieron China y Rusia?

Exacto. A Microsoft le conviene, pues serían cientos de miles computadoras que tendrían acceso a sus sistemas operativos.

Nosotros tenemos, como Estado, el deber de protegernos y ellos están dispuestos a hacerlo. Están interesados en conversar, ya están abriendo sus códigos, luego vendría la modificación y que cumplan con el resto de los postulados de la ley.

Si Microsoft hace esto, ¿qué pasará con la comunidad de software libre y con los espa- cios que han ganado en importantes áreas del gobierno?

La gente de Solve quería que metiéramos el software libre porque sí. Nosotros decidimos que no debía ser impuesto, porque el software libre es una marca. Sin embargo, todas sus peticiones están en la ley. Pero debíamos preservar los intereses del país; si no lo hubiésemos hecho, se estaría dejando en manos de IBM y de otras empresas nuestro destino tecnológico. Estas transnacionales cumplen, pero dejan por fuera la producción nacional. En el artículo 90 establecimos que las compras de software y hardware deben hacerse por separado para evitar las ofertas engañosas.


EN LA RED...

En 1994 se aprobó
en Estados Unidos la Ley Calea (en español, Ley de Asistencia en Comunicaciones para los Cuerpos de Seguridad), que estableció, entre otras medidas, la obligación de que los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de equipos informáticos incluyeran dispositivos de vigilancia para facilitar el trabajo a las agencias policiales autorizadas a "pinchar" las comunicaciones. Tras esta nueva norma estaba la Oficina Federal de Investigación (FBI), interesada en no perder acceso a los más modernos sistemas en el caso de que tuvieran que intervenir las comunicaciones de un ciudadano con una orden judicial. Sin embargo, tras los atentados del 11-S se aprobó en EEUU una nueva norma, la Ley Patriot, que superó a su antecesora dándole al FBI acceso casi sin restricciones a cualquier comunicación.

http://www.libertaddigital com/noticias/noticia_1275320323.html


La Ley Patriot

(base jurisprudencial de la guerra "antiterrorista") instalada después del 11 -S, permite que, sin autorización expresa, todas las dependencias de seguridad tengan acceso a correos electrónicos, conversaciones por teléfono y hasta videos de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano.

Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión vienen señalando que la Ley Patriot avasalla y quebranta el derecho a la información otorgado por la Constitución estadounidense.

http://iarnoticias.com/secciones_2005/norteamerica/0048_prensa_antiterror ismo_04jul05.html