Washington, 22 Feb. - El diario The New York Times instó este jueves al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia estadounidenses a poner fin a las arbitrariedades del Gobierno contra los prisioneros en la Base Naval de Guantánamo.
Un editorial del Times, citado por la agencia Prensa Latina, critica la decisión del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que este martes respaldó una directiva oficial de otoño de 2005, secundada por el órgano legislativo, la cual negó el derecho de Habeas Corpus a cientos de personas recluidas en ese enclave.
La instancia judicial determinó que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones cuando validó el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros, como medida preventiva, y desestimó todas las solicitudes de revisión presentadas por los detenidos.
«El derecho de un prisionero a cuestionar su encierro está recogido en la Constitución... el Congreso y la Corte Suprema (de Justicia) y deben actuar para deshacer el daño provocado por la ley de otoño último», afirma el periódico.
De acuerdo con el rotativo, la legislación levantó obstáculos insuperables por los reos para desafiar sus detenciones y le concedió al Gobierno prerrogativas para anular el derecho de Habeas Corpus a cualquier ciudadano no estadounidense, etiquetado de combatiente enemigo.
Bajo ese término, Estados Unidos mantiene a más de 400 personas en la base militar de Guantánamo, territorio cubano ocupado en contra de la voluntad de las autoridades y el pueblo de la isla.
La inmensa mayoría fue detenida a fines de 2001, a raíz de la invasión norteamericana a Afganistán.
En opinión de The New York Times, el Congreso no debe esperar por el Tribunal Supremo para actuar.
Con la mayoría demócrata en el Capitolio, existe un escenario favorable a la aprobación de una nueva ley que repare los daños a las libertades civiles, indica el influyente matutino.
Empero, recuerda, que los ataques a los derechos ciudadanos no lesionan sólo la posibilidad de los detenidos de apelar a la justicia.
«El Congreso también debe promover una iniciativa que proscriba el empleo de evidencias obtenidas por medio de torturas a prisioneros», concluye el diario, tras exigir que los «cimientos» establecidos por los fundadores de la nación deberían ser respetados.
