TeleSUR _ 04/04/07 - Miembros de La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía colombiana explicaron que los seis alcaldes adquirieron compromisos burocráticos y financieros con grupos paramiltares cuando aspiraban a los cargos.
La Fiscalía General de Colombia ordenó la detención de seis alcaldes del departamento oriental de Casanare (este), por mantener presuntamente conexiones con grupos paramilitares.
Según la investigación, los funcionarios, señalados como responsables del delito de "concierto para delinquir", habrían comprometido en la época preelectoral del año 2000, 50 por ciento del presupuesto y 10 por ciento de los contratos de los diferentes despachos a los que aspiraban, a cambio del respaldo de las autodefensas.
Los alcaldes acusados por la fiscalía son: Aleyder Castañeda Ávila, alcaldesa de Monterrey; Jorge Eliécer López Barreto perteneciente a Tauramena; Raúl Cabrera Barreto, alcalde de Villanueva.
También Henry Montes alcalde de Maní; Mauricio Esteban Chaparro perteneciente a la Alcaldía de Sabanalarga, y Leonel Torres Arias de Aguazul.
Miembros de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía colombiana explicaron que los seis alcaldes "en su condición de aspirantes a esos cargos locales adquirieron compromisos burocráticos y financieros con grupos paramilitares.
De acuerdo con los establecido en el supuesto pacto suscrito entre las partes, la facción paramilitar recibiría cuotas "políticas" como cargos en las alcaldías de esa zona colombiana, que recibe cuantiosas regalías por la explotación petrolera, según reseñan informaciones de prensa.
Los alcaldes, que ya declararon ante la fiscalía colombiana, explicaron que suscribieron el documento bajo presión y para evitar ser victimas de los paramilitares.
Según los representantes de la fiscalía, el nuevo pacto entre dirigentes políticos y paramilitares es el más grave, por los acuerdos burocráticos y financieros negociados con los grupos armados de ultra derecha.
La orden de detención contra los alcaldes se suma al denominado caso de la "parapolítica" que ha llevado hasta la cárcel al menos a ocho representantes del oficialismo.
En marzo, la Fiscalía abrió una investigación contra 20 ex políticos y ex funcionarios regionales que firmaron en el 2001 un pacto secreto de gobernabilidad con jefes paramilitares en la costa caribeña colombiana.
