A propósito de los acontecimientos
surgidos a raíz de la no renovación de la concesión a la empresa
1 BC, propietaria del canal RCTV, el Observatorio Global de Medios,
capítulo Venezuela, se pronuncia en los siguientes términos:
1. Administración pública del espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico es un bien público que, según el ordenamiento legal venezolano y el de la mayoría de los países del mundo, es administrado por el Estado en beneficio de la sociedad. En tal sentido, debe reconocerse que la decisión sobre la renovación o no de una concesión a una empresa privada de TV es potestad soberana del Estado.
2. Libertad de expresión y empresas privadas
La no renovación de
una concesión sobre el uso del espectro radioeléctrico a una empresa
privada de TV no se corresponde con un acto de violación a la libertad
de expresión, máxime cuando dicha medida es acompañada de la inmediata
salida al aire de otra señal televisiva, con vocación de servicio
público.
Afirmar lo contrario,
como han hecho repetidamente empresarios de diversos medios y otros
actores sociales nacionales e internacionales, equivale a proponer el
derecho a la renovación automática a las empresas de carácter privado,
que disfrutan por un tiempo limitado de la concesión sobre un bien
público. Conlleva también la renuncia, por parte del Estado, a su
obligación de administrar estos bienes, en función de la garantía
de la pluralidad de voces existentes en la sociedad.
Se trata, además, de
una pretensión que parte del falso supuesto según el cual empresas
privadas, que responden a intereses económicos y políticos de sectores
particulares, son actores privilegiados y garantes del libre y democrático
flujo de ideas y opiniones.
3. La democratización del espectro radioeléctrico
Una sociedad democrática
requiere de un sistema de comunicación social también democrático,
por lo que es responsabilidad del Estado adoptar medidas orientadas
al logro de tal fin. En este sentido, en Venezuela se ha avanzado desde
el año 2000 a través de diversas iniciativas, entre las cuales se
pueden mencionar las siguientes:
- Estímulo a la creación de medios comunitarios y la asignación de frecuencias a sectores sociales que cuentan con los requisitos para su habilitación, lo que ha permitido aumentar la pluralidad de voces y la circulación de ideas y opiniones excluidas de los medios privados.
- Regulación de la responsabilidad social de los operadores, de acuerdo a principios y obligaciones que emanan de la normativa internacional sobre los derechos humanos.
- Estímulo a la organización de usuarios, como medio para promover la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de los contenidos.
No obstante, el uso del
espectro radioeléctrico venezolano continúa concentrado fundamentalmente
en manos privadas y siguen observándose graves deficiencias en la calidad
de los servicios en relación con los principios de responsabilidad
social.
En ese sentido, la creación
de una Televisión de Servicio Público es una medida que puede favorecer
la democratización de la comunicación social, siempre que sea administrada
bajo criterios democráticos y de alta calidad de contenidos.
4. Polarización política y proceso de decisión
Dada la debilidad de
los argumentos sobre la ausencia de la libertad de expresión en Venezuela,
que presentan los defensores de la continuidad de la concesión a la
Empresa 1BC, cabe interpretar las protestas y posicionamientos surgidos
a raíz de esta decisión como insertas en el esquema de enfrentamientos
polarizados que ha caracterizado la lucha política venezolana desde
1999.
De esta forma, algunas
organizaciones periodísticas, de derechos humanos (nacionales e internacionales)
y los dirigentes de las organizaciones gremiales de los periodistas
venezolanos, tomaron partido en el enfrentamiento actual, asumiendo
posiciones en función de la defensa de los intereses de sectores económicos
y políticos.
A este escenario contribuyó
el que los procedimientos adelantados por las instancias gubernamentales
en relación con la justificación y la correspondiente tramitación
del proceso de cesación de la concesión, tuvieran déficit de participación
social, tanto de usuarios como de los empresarios afectados por la medida.
Lo contrario hubiera ampliado el debate público y el consenso social,
en función de las razones para la no renovación de esa concesión.
5. El reto social y estatal de una TV de servicio público
En cuanto al otorgamiento
de la concesión a un nuevo ente comunicacional que se define como de
“servicio público”, conviene señalar que se trata de un reto social
y estatal.
Un medio de comunicación
con estas características debe:
- Ser independiente y con autonomía editorial, lo que implica contar con una base legal, estructura organizacional participativa y régimen de financiamiento, que garanticen tal funcionamiento.
- Contar con una estructura democrática en cuanto a la toma de decisiones, con la participación de periodistas, usuarios y trabajadores en general.
- Ser pluralista en cuanto a la elaboración de contenidos.
- Ofrecer una programación de alta calidad.
- Asumir responsabilidades legales y comunicacionales ante la sociedad a la que se debe.
El Observatorio Global
de Medios, capítulo Venezuela, considera que la actual coyuntura es
propicia para profundizar el debate social y político sobre la democratización
de los medios de comunicación social y la ampliación del disfrute
del derecho a la libertad de expresión por parte de toda la sociedad.
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