(Caracas, 9-8-07) Para el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, el problema de la corrupción no es tema que se resuelva reformando leyes, como la Ley del Ministerio Público, tal como lo afirmó el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, sino de reformar voluntades, aclarando, además, que su despacho investiga y acusa, no juzga.

“La Asamblea, ustedes acaban de aprobar una buena Ley del Ministerio Público, por ello creo que el problema, más que de reformar leyes, es de reformar voluntades, si logramos reformar las voluntades es posible que podamos crear una cultura para darle respuesta a un problema tan sensible y tan grave como éste”, enfatizó.

El máximo representante de la Fiscalía hizo estas aclaratorias al rendir su informe de gestión del año 2006, titulado: “Seis años construyendo otro Ministerio Público”, ante el Poder Legislativo, conforme a lo pautado en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre otras afirmaciones del contralor general de la República, quien recalcó que los fiscales retardan los casos de corrupción, manifestó que parcialmente son ciertas estas aseveraciones. “Yo asumo la cuota de responsabilidad que nosotros podamos tener en esto, pero la cuota de responsabilidad es por la ausencia de fiscales, por el poco número de funcionarios provocando que cada fiscal lleva 3 mil a 4 mil causas”.

Afirma que hay lugares en Miranda donde un fiscal lleva hasta 12 mil casos, similar a Carabobo dónde llevan de 8 a 9 mil, “la cuota más baja de fiscales de América Latina la tiene Venezuela, tenemos 2,11 fiscales por cada 100 mil habitantes, cuando El Salvador tiene nueve por cada 100 mil habitantes”.

Enfatizó que de buena fe se puede abordar el tema para darle respuestas, “no es descargarnos en otros, como Ministerio Público yo podría decir que la culpa es de la Policía a quien le delego la investigación, o podría decir que es de los tribunales donde se presenta el acto conclusivo y los jueces los ponen en libertad. Tenemos todo un sistema de justicia, pudiera decir que la culpa es de los escabinos porque se intimidan, pero la culpa es de todo el sistema, esta es una cultura. Sí, puede haber varios culpables, recuerden que las investigaciones son complejas y el trato a la impunidad es científico y tecnológico”.

Añadió que la Fiscalía espera con mucha paciencia los resultados de las verificaciones patrimoniales que debe hacer la Contraloría General de la República, poniendo como ejemplo que desde el 2005 hasta la fecha se han solicitado 30 verificaciones y sólo han recibido cinco. “¿Esto quiere decir que la Contraloría es responsable?, no, quiere decir que tampoco la Contraloría tiene los suficientes funcionarios para dar respuesta a un tema tan delicado como éste”.

Acotó que también esperan con mucha paciencia los resultados de las auditorías para esclarecer casos de corrupción que deben ser remitidos por este despacho por funcionarios que colaboran con el Ministerio Público para esclarecer “muchos casos de corrupción. Además, la Contraloría maneja expedientes administrativos que deben enviarnos, pero quiero decirles que el Ministerio no recibe ni diez expedientes al año por investigaciones administrativas, por lo menos durante mi gestión hemos recibido un promedio de cinco a seis expedientes al año”.

Dijo que a pesar de haberse incrementado los despachos fiscales al doble de los existentes cuando asumió el despacho, recalcó que durante el primer semestre de este año, en casos de corrupción se han efectuado 664 acusaciones y 1.670 imputaciones por estos delitos.

Casos: Irregularidades en Cadivi por 81.676 dólares por Jesús Rafael Arocha, acusado por peculado doloso impropio y uso de documento falso, CAAEZ: Acusadas siete personas de las cuales cinco fueron privadas de libertad por peculado doloso impropio, malversación genérica, utilidad y estafa agravada. La Vuelta: imputadas nueve personas. Eduardo Lapi: dos acusados por delito evasión de procedimientos de licitación, uso de información reservada y tráfico de influencias. Microstar: tres imputados, dos acusados detenidos en la DISIP por contrabando en forma de importación simulada, distracción de recursos y obtención fraudulenta de recursos, entre otros casos.

Igualmente, nombró los hechos presuntamente irregulares atribuidos al ex viceministro de Finanzas, Jesús Bermúdez, Jesús Acosta Martínez y Juan Carlos Chirinos, sin especificar el estado de la investigación, así como las presuntas irregularidades en el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Tobías Nóbrega, imputándose en este caso, cinco personas, entre las cuales se encuentra el ex ministro Nóbrega (caso en fase preparatoria).
La impunidad manipulada

Aseguró que durante el año 2006 ciertos sectores vinculados a la oposición, con apoyo de sectores privados de la comunicación social han tratado de colocar en la palestra pública los temas de la inseguridad e impunidad, creando, a juicio del Fiscal, desasosiego e intranquilidad en el Estado.

Sin embargo, admite que el problema de la impunidad es grave, pero se ha manipulado y maniobrado en dos niveles creando índices más o menos reales y de forma subjetiva, se han elaborado informaciones mediáticas por factores de poder que aspiran a desestabilizar, la crisis, la ingobernabilidad y el debilitamiento de las instituciones en busca de una supuesta fragilidad de la Presidencia de la República.

Asegura que el objetivo de esta estrategia es lograr dos propósitos: que el Estado reaccione de manera autoritaria, poner en evidencia un aparente régimen dictatorial, y el segundo, manipular miedos, temores, desconfianzas, recelos, aprehensiones, alarmas, sobresaltos y desasosiegos.

Puntualizó el Fiscal que casos como el de Kennedy, Sindoni, Faddul y hasta religiosos pretendieron manipularse, utilizados para tocar determinados sectores de la sociedad, con definidos impactos mediáticos. “Conscientes estamos de que la impunidad quiere manipularse como tema sensible, nacional e internacionalmente, para articularlo a la inseguridad y con ayuda mediática sembrar una estela de zozobra que afecte la gobernabilidad, la paz pública y la estabilidad política y social del país”.

Precisa que no es fácil medir la impunidad, ni cuáles son las razones que la aumentan, agrega, además, que si la convicción es que la más mínima infracción debe ser reprimida para evitar la expansión del delito, “estamos propiciando políticas de corte represivo, arbitrarias, irracionales e inhumanas, que podrían corresponderse con las premisas de una sociedad capitalista no democrática”.

Dijo que antes de aplicar la represión para contener este fenómeno, no se puede olvidar que no disponemos de recursos económicos suficientes para combatirla y carecemos de infraestructura, organización, coordinación, seguimiento, logística e insumos.

Al citar casos emblemáticos de impunidad, se refirió al 27 y 28 de febrero de 1989 y las muertes causadas por el uso desproporcionado de la fuerza, recordando que 12 años después recibió durante su gestión este caso, con escenas alteradas y modificadas, con cambios de jueces y funcionarios policiales que provocaron paralelismo en las investigaciones, conflictos de competencia entre el TSJ y la justicia militar, cambios del sistema jurídico-procesal y falta de voluntad política de los gobiernos de CAP, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera.

Destacó que en el 2000 una sentencia del otrora magistrado Carlos Escarrá ordenó la remisión de 437 de las causas al MP, despacho que las estudió determinando 341 expedientes. “Escarrá dejó claro que habían transcurrido más de 10 años sin que se haya dictado fallo alguno. En el 2003 acusamos a tres funcionarios del Ejército nacional y el Tribunal 23 del área metropolitana sobreseyó la causa por considerarla prescrita, se hizo una apelación, logrando la audiencia preliminar. Para este año se imputó al general Ítalo del Valle Alliegro, a Manuel Heinz Azpurua (director de la Disip) y dos funcionarios policiales, pero este mismo año, el Tribunal 28 de Juicio dictó sentencia absolutoria, apelamos y en junio 2004 la Corte ordenó realizar un nuevo juicio, hoy estamos esperando la realización de ese juicio”.

Contra los derechos humanos

Sobre las ejecuciones extrajudiciales, Isaías Rodríguez manifestó que entre 2000 a febrero de 2007 se registraron 6.068 casos de los denominados enfrentamientos o ajusticiamientos, imputando 2.050 funcionarios, acusados 1.142, privados de libertad 396 y condenados 204.

De 707 casos por ajusticiamientos en el 205 se pasó a 327 en el 2006, “demuestran estas cifras que hubo un descenso del 46 por ciento. Entre los organismos implicados se encuentran las policías estadales con 198 casos, policías municipales con 51 casos, el CICPC con 45 casos, la GN con 19 casos, la DISIP con 4 casos y 10 de otros cuerpos policiales”.

Puntualizo que estas investigaciones se han realizado con 31 fiscales, de los cuales ejercen doble competencia, pero aseveró que el Estado venezolano y el MP ha dado muestras contundentes de la voluntad de investigar y esclarecer los delitos contra los derechos humanos.

Enunció algunos casos emblemáticos como el crimen cometido en Kennedy sobre le cual fueron acusados 24 funcionarios policiales por homicidio calificado, con penas de tres a 30 años. Caso Mauro Marcano: recordó que el 1 de septiembre de 2004 fue asesinado el concejal y periodista Mauro Marcano, lográndose en julio 2005 la presentación de un imputado y se pidió medida privativa de libertad. En agosto de 2006 las investigaciones arrojaron un presunto autor intelectual, quien logró escapar a Trinidad y Tobago, y el Ministerio Público agilizó su deportación para finalmente de marzo de este año, una vez en el país, se ordenó la medida privativa de libertad, presentándose en abril un escrito de acusación por homicidio intencional calificado. “Admitida la acusación se dictó el acto de apertura de juicio oral y público”.

Otra de las investigaciones citadas por el Fiscal, fue el asesinato del reportero gráfico Jorge Tortoza, imputándose a un funcionario de la Policía Metropolitana, se ordenó la exhumación del cadáver para realizar la experticia.

Delitos comunes

En cuanto a los delitos comunes, dijo que entre los años 2002-2006 se han formulados 58.489 acusaciones, reconociendo que en el 2006 se incrementaron las acusaciones con respecto al 2005 a 15.106 y durante el primer trimestre de este año, se han presentado 3.214, lo que implica un promedio de 1.071 por mes.

Se refirió brevemente al caso del asesinato del empresario Felippo Sindoni, con dos sentencias condenatorias. Muerte de los hermanos Faddoul (abril 2006), con siete sentencias condenatorias y dos órdenes de aprehensión pendientes, Asesinato del reportero gráfico Jorge Aguirre, en fase de juicio contra el presunto autor intelectual. Asesinato del presbítero Jorge Piñango, el acusado admitió su culpa y fue condenado a 15 años de prisión. Masacre Alto Apure: muertas ocho personas, el acusado fue sentenciado a 30 años. Evasión del ex gobernador Eduardo Lapi, 29 personas involucradas, 11 funcionarios del internado judicial y 18 guardias nacionales.

Una extensa reseña hizo sobre la muerte del fiscal Danilo Anderson, expresando que conforme al artículo 315 del COPP este caso pudiera ser reabierto, en vista del testimonio de Rafael García Torres, por la presunta vinculación de funcionarios del DAS, por los pormenores que conoce del plan de desestabilización contra el gobierno venezolano, que incluía el asesinato del presidente Hugo Chávez y la vinculación de Jorge Noguera y Jorge 40, el primero involucrado en el plan contra el gobierno venezolano.

Drogas ilícitas

Durante su discurso explicó que entre el 2001 al primer trimestre de 2007 se han presentado 10.147 acusaciones en materia de drogas ilícitas, produciéndose un crecimiento anual de actos conclusivos por el orden de 71%. “De 4.274 sentencias emanadas de los diferentes órganos jurisdiccionales, el 86 por ciento ha sido condenatorio, lo que hace presumir un eficiente desempeño de los fiscales antidrogas y de la voluntad del Estado de combatir el narcotráfico”.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, agradeció al fiscal Rodríguez, el gran esfuerzo y excelente trabajo frente al despacho que dirige, especialmente para resolver casos de corrupción y el asesinato del fiscal Danilo Anderson, sobre el cual manifestó que fue un atentado terrorista que acabó con su vida, “desde aquí nuestra exhortación y apoyo al Ministerio Público para que continúe las investigaciones y puedan ser enjuiciados, condenados los autores intelectuales. Desde la Asamblea Nacional tiene nuestro apoyo, porque nosotros seguiremos combatiendo para acabar con la corrupción, la impunidad y el narcotráfico”.

El informe consignado por el alto funcionario fue remitido a la Comisión de Política Interior, instancia que deberá elevar el informe respectivo al pleno del Parlamento.