Administración de las migajas
Por: María Alejandra Díaz
Lunes, 06/05/2019 07:45 AM
Chávez, con la Constitución Bolivariana, asume la decisión política de una nueva relación dinamizadora económica: distribuir la riqueza justamente, expandir la demanda, generar producción y con ello crecimiento económico sostenido. En ella el salario es pieza fundamental de la lucha por la inversión social estatal.
Hoy, en efecto, la lucha por el salario no puede ser sino inmediatamente política, general e igualitaria. El terreno privilegiado sobre el que se mueve es el del gasto público, el de la reproducción total autovalorizante del proletariado (Negri)
Ahogo, asfixia y cerco económico desde el exterior y en lo interno la demolición del sistema. Así obligan al Estado social a desnaturalizarse: no redistribuir equitativa y justa la riqueza, generando miseria y desigualdad nuevamente.
El FMI, Buitres inversores, Cartel de Lima, todos ellos cómplices del bloqueo de EEUU, atacan la moneda, pulverizan el salario, destruyen los contratos salariales y al trabajador víctima de explotación e hiper especulación en los precios de bienes y servicios. Concentran el ingreso produciendo desigualdad social sobre la cual se reconstruye la jerarquización vertical del poder (Negri).
Tierras y recursos son nuestros ¿Por qué estamos en esta situación? Nos convencen de no ser dueños de abundantes riquezas, sino méndigos necesitados de asistencia humanitaria, mientras quienes negocian, cómplices de piratas y tahúres, saquean la Nación.
Es una guerra contra los venezolanos, donde se irrespeta todo contrato, generando servidumbre y esclavitud, liquidando la soberanía y la libertad. La lógica de conservar el débil equilibrio del poder en base a una frágil paz, corriendo el riesgo de perder apoyo popular y terminar igual: en manos de la voracidad del capital.
El Estado venezolano debe proteger al débil jurídico, evitar la imposición de un régimen de administración de migajas y enfrentar y castigar a las termitas, traidores y piratas anglosionistas, que destruyendo la producción de riqueza y su reparto equitativo, cometen crímenes de lesa patria.
Debemos transparentar qué ocurre con nuestros bienes y servicios mediante sistemas de control adecuados y proteger ante todo, la política pública expresada en subsidios y salarios dignos, no en migajas. Transparencia y honestidad o corrupción y destrucción del Estado Nación. Ese es nuestro dilema hoy.