La extraordinaria maquinaria propagandista del gobierno bolivariano, viene relatando y observando su ingeniosa cadena de aciertos y falsedades con notoriedad y para nadie es un acierto conocer la realidad de algunos acontecimientos que vienen salvando distancias, luego de algunas demoledoras reflexiones. Es una larga jornada política con sus cargas policiales, cuyas fases testifican las auténticas jarras de agua para cristalizar el sistema.
Solo hay que recordar que la principal prueba de cargo que esgrime ahora la Fiscalía para elevar a definitiva la acusación de rebelión son los testimonios de la cúpula de los partidos y algunos diputados. Estos advirtieron a Maduro Moros, Diosdado y al TSJ de que era "altamente probable" que se produjeran "situaciones violentas" si no se suspende la votación ilegal del pueblo hacia su presidente Nicolás. Hasta lo califican de usurpador, pero, allí en unos folios adscritos al Consejo Nacional Electoral se encuentran los resultados, avalados por una comisión internacional de Paz y registro estadístico.
Lo grave de toda esta problemática es que, ha incidido para motivar en un principio a una crisis económica y, desde finales de 2017 a una guerra económica progresiva con principios de alteraciones electromagnéticas que quebrantan y sofocan el orden constitucional republicano.
Esto, conlleva a la aplicación de impuestos completamente mercenarios, donde se admite la labor silenciosa de los gorgojos que con su falsa militancia roja infectan al sistema de la patria.
El presidente D. Trump ha sido claro y, desde abril 2019 anunció a México y China, la aplicación de aranceles que se irán incrementando en un 5, 10 y 25%a partir del 10 de junio, sí México no frena la creciente migración hacia su vecino del norte, aunque ya viajó una comisión a Washington integrada por Marcelo Ebrard, Graciela Márquez y Jesús Seade para llegar a un acuerdo sobre tal fin.
Venezuela sufre graves problemas políticos, económicos y sociales que, desgraciadamente, se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. A las malas políticas económicas y a la inseguridad jurídica se ha unido un descenso en los precios y en la producción de petróleo. En 2013 bombeaba 3,2 millones de barriles diarios frente a 1,17 millones el pasado diciembre. La consecuencia es que su capacidad productiva se está reduciendo drásticamente. Esta contracción de la oferta, junto al elevado déficit público, está colapsando la economía y generando una hiperinflación que, previsiblemente, seguirá aumentando este año con niveles de cuatro dígitos. Recordando las devaluaciones.
Es curioso que, mientras la economía latinoamericana se está recuperando, Venezuela se hunde cada vez más. Según publicó esta semana el FMI, América Latina es la única región del mundo que, durante 2019, tendrá mayor crecimiento económico que en 2018. Efectivamente, el PIB de América Latina podría subir un 2% este año, desde el 1,1% del pasado. Algunos de estos países experimentarán incrementos muy positivos, caso de Perú (3,5%), Chile (3,5%), Colombia (3%) y Brasil (2,5%). Otros tendrán un comportamiento más débil, como México (2%), debido en gran medida a la típica desaceleración económica en el primer año de un nuevo gobierno. En el furgón de cola, con crecimientos negativos, están Argentina (1,6%), y claro, Venezuela (6%).
En 2017, la economía de este último país se desplomó (14%). En 2018, con la reducción del precio del petróleo, la caída del PIB fue todavía mayor (18%). Esto significa que, en tres años (2017-2019), su PIB habrá sufrido un derrumbe del 40%. ¿Cómo es posible este fuerte deterioro si su situación geográfica es excelente, y su clima templado debería favorecer el desarrollo económico? Hay que acudir al pasado más inmediato de Venezuela para entender la zambullida en la miseria de uno de los países con mayores recursos naturales del mundo. Una crisis económica, social y política que no cuenta con precedentes en la historia reciente de América.
El desastre económico tiene su origen en 1999, cuando Hugo Chávez, después de un golpe de Estado fracasado, llegó al poder de forma democrática, con firmes convicciones y promesas de transformar un país en el que la corrupción de las altas esferas se presumía insostenible para los estándares de la época. Las desigualdades entre las élites y la gran mayoría de la población eran muy importantes. Unos pocos oligarcas aglutinaban el poder y una inmensa riqueza, mientras que los demás rozaban la exclusión social y la pobreza. El gran descontento producido por estos contrastes y la esperanza de cambio radical alentaron la llegada a la Presidencia de Chávez.
Las medidas que éste propuso se centraron, sobre todo, en la reducción de las desigualdades sociales. Para ello, promulgó una serie de programas de gasto público de gran alcance, destinados en su mayoría a la alfabetización, la atención médica a las comunidades pobres, y el subsidio de alimentos y otros productos de primera necesidad para ciudadanos con escasos recursos. Esta enorme presión sobre las arcas del Estado se justificaba y se sustentaba, al principio, por los crecientes ingresos provenientes de las explotaciones petrolíferas (a comienzos de la primera década del siglo XXI, la economía del país dependía en un 70% de este sector). Durante esos años, y hasta la llegada de la crisis financiera mundial, las políticas sociales se pudieron sufragar, con éxito y respaldo social, mediante recursos propios y la emisión de deuda externa (que era obtenida fácilmente por las previsiones favorables de incremento del precio del barril). Pero, lo que al principio se vio como un triunfo, pronto se empezó a percibir como un aumento, cada vez mayor y peligroso, de dependencia económica del petróleo.
Desgraciadamente, con la recesión económica de 2007 y la caída drástica de los precios del crudo, la situación de bonanza se convirtió en una crisis de liquidez: los gastos del Estado eran cada vez mayores que los ingresos. Los precios del petróleo pasaron en pocos años de récords históricos, cercanos a los 150 dólares por barril, a los mínimos de 45 dólares. La mala planificación de los recursos y la mala gestión del Gobierno se evidenciaba en las nulas previsiones dotadas en los presupuestos para estas posibles caídas. Lo que en ese momento debería haber constituido una señal de alerta para reducir los gastos resultó una reafirmación de las políticas populistas, que se limitaron a esperar una nueva subida de los precios, confiando en que sólo sería cuestión de tiempo y aguante que todo retornase a la normalidad. No ocurrió así y la situación económica del país empeoró de manera imparable; para financiar el incesante aumento del gasto, no respaldado por ingresos, se requirió de préstamos de las pocas naciones amigas (China, Rusia o Irán).
Con la muerte de Chávez, en 2013, su vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro (por deseo explícito del fallecido dirigente) asumió las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno. Lejos de cambiar el rumbo de las políticas que habían llevado al país al colapso económico y social, decidió profundizar más en ellas. La brecha social aumentó, debido a una hiperinflación galopante (una de las más altas registradas en la historia mundial), provocada por la impresión descontrolada de dinero y motivada por la imperante necesidad de pagar deudas que ningún organismo internacional quería refinanciar. El dinero pasó a valer prácticamente nada, y los precios de los productos, incluidos los de primera necesidad, comenzaron a multiplicarse de un día para otro. No se cuenta con datos oficiales, pero en su informe de octubre de 2018, el FMI estimaba que la inflación se situará en el 10.000.000%, al menos, hasta 2020. Como nota curiosa, Bloomberg ha señalado que una taza de café con leche cuesta ahora unos 800.000 bolívares, frente a 0,45 bolívares en enero del año pasado: un aumento del 177.678%.
Con estas subidas salvajes de precios, el Gobierno instrumentó políticas para controlarlos, a la vez que aplicaba medidas de racionamiento, más propias de periodos de guerra o postguerra. Entre éstas, se encontraban excentricidades como la ampliación del fin de semana a tres días, el racionamiento del agua o la electricidad en las ciudades (a algunas, incluso, no llega suministro alguno) o la introducción del carnet de la patria. Éste actúa de cartilla de racionamiento ante la escasez de productos de toda clase que sufre el país por la incapacidad de importar.
La caída drástica de los precios del crudo en 2008 convirtió la bonanza en una crisis de liquidez
Una calamitosa situación, que todavía hoy impera, y que ha dado como resultado un descontento social generalizado. Las condiciones de vida, si antes eran malas, ahora son mucho peores, con índices de paro oficial que rondan el 30%, índices de pobreza y de miseria que siguen subiendo, y unas desigualdades entre ricos (cada vez menos) y pobres (cada vez más) que se han visto aumentadas. Los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana se encuentran entre los más altos del mundo; a la cabeza se halla Caracas, que tiene la tasa de asesinatos por habitante más elevada del planeta, peor incluso que la de Ciudad de México, donde operan los poderosos y violentos cárteles de la droga.
No está demasiado claro, lo que piensa Trump. Tampoco existe un debate sobre ello. Parece como si fuera un asunto del que se tuvieran que ocupar los mayores de Europa, en vez de nosotros. En Venezuela queremos es dialogo y paz
EEUU, aspira dominar, en los que ellos llaman su hemisferio.