En el marco de la Cátedra Libre Juan Vives, impulsada por la comunidad ecuménica de FUNDALATIN, se realizó un Foro sobre el informe de la Alta Comisionada de los DDHH ONU, Michelle Bachelet, el 29.072019 organizado por los estudiantes de Maestría en Derechos Humanos convenio UBV-Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón y la Alcaldía del Municipio Miranda en ocasión de los 492 años de la fundación de Santa Ana de Coro.
Actividad que resultó ocasión para reflexionar sobre la gran importancia de valorar la misión del servidor público, en atención a los derechos humanos, en medio de la situación que se vive a causa de las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por el gobierno de USA.
La misión de servicio público en áreas como salud, educación, seguridad, transporte, imprescindible para la satisfacción de los derechos humanos, resulta seriamente afectada por esas medidas que impiden la llegada de medicinas, alimentos e insumos vitales en su satisfacción. Responsabilidad que, por sectores nacionales e internacionales que ejercen o apoyan estas medidas, se atribuyen a la total incapacidad del gobierno constitucional. Sin reconocer los esfuerzos que, en medio de la resistencia a las estrecheces, realizan cotidianamente los verdaderos servidores.
Labor que requiere un gran esfuerzo para asumir su compromiso, en medio de condiciones de estrechez. Entre las cuales se encuentra, la fuga de especialistas, precisamente por no soportar esas estrecheces.
Se tuvo oportunidad de apreciar el esfuerzo de médicos, enfermeras y trabajadores del área de pediatría en el Hospital de Coro, que hacen esfuerzos por atender a la población infantil en medio de grandes dificultades. Cuestión que implica una responsabilidad no sólo del estado, sino de quienes impiden el derecho humano de los demás, como los que elevan los costos de insumos o impiden su dotación. Pues no sólo el estado viola los derechos humanos, como se tiende a reconocer hasta ahora. Ya en la Asamblea Nacional Constituyente se propone modificar este criterio. Pues quien impida el derecho de los demás, también viola los derechos humanos. Como lo plantea el artículo 30 de la Declaración Universal. Cuestión reconocida internacionalmente desde cuando en Ruanda, una emisora privada difundió mensajes de odio que ocasionaron una masacre en el país.
En esta fase de resistencia del pueblo venezolano, se requiere no sólo valorar el diálogo político para enfrentar las consecuencias de las agresiones externas, sino también, toda la comunidad nacional requiere de resistencia espiritual liberadora, más allá de la religión que se profese, para potenciar la solidaridad de toda la población. Generar anticuerpos frente a la siembra de odio, superar deficiencias y errores con diálogo, con contraloría social ética en función de los derechos humanos de toda la población, en especial de los sectores más débiles y la construcción de la paz, con vocación de servicio con la gente y con la Madre Tierra, hacia Otro mundo solidario posible.