Reza el refrán popular que la justicia llega tarde o temprano, pero llega. Y es que con la decisión de un Juzgado bogotano que ordenó esta semana que en los próximos 30 días el Estado colombiano tendrá que ofrecerle una disculpa pública e indemnizar a la líder y exsenadora progresista Piedad Córdoba, por el seguimiento ilegal que realizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre 2005 y 2008.
Con toda seguridad sostengo que esta decisión judicial en beneficio de Piedad Córdoba significará, a corto y mediano plazo, una gran victoria popular para el pueblo colombiano, además de la significativa derrota política que sufrirá la rancia oligarquía colombiana arrastrada cual gusano, o despreciable reptil al racista y genocida imperio norteamericano.
La sentencia contempla que el DAS "realizó tareas de inteligencia, seguimientos y acciones tendientes a desacreditar la imagen pública de Piedad Córdoba, con propósitos prohibidos por la Constitución Política y la Ley". Sin duda alguna, que esta victoria judicial a favor de Piedad significa una aplastante derrota para el imperio gringo, principal promotor y financista de todos los macabros planes puestos en práctica para silenciar la voz de los líderes progresistas en América Latina, verbigracia, Lula Da Silva, preso injustamente en una prisión de Brasil por el sólo hecho de ser un líder revolucionario enfrentado abiertamente a los gobiernos asesinos y tétricos de EE.UU.
Veamos que, la justicia llega para Piedad Córdoba, y con todas sus prerrogativas y obligando al Departamento Administrativo de la Presidencia y el DAS, que la deben indemnizarla con 240 millones de pesos, mientras que su madre, esposo e hijos también serán desagraviados recibiendo cerca de 192 millones. Considero que con esta victoria para Piedad y su familia se vislumbra un nuevo rumbo político en Colombia. Vendrán tiempos mejores y el pueblo colombiano por fin tendrá la oportunidad en un futuro proceso electoral, de elegir a Piedad Córdoba como su soberana líder y conductora de ese país, que históricamente ha sido despreciado por todos sus gobernantes, incluyendo al narco-paramilitar Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, peones del imperio norteamericano y enemigos confesos del pueblo venezolano.