Venezuela atraviesa una crisis profunda y sostenida provocada por las medidas del gobierno de Maduro a la que se le añade toda la actuación de la patronal privada y las sanciones impuestas por Trump y sus gobiernos aliados. Esta calamitosa combinación impacta de manera negativa a la clase trabajadora y con mucha más fuerza a la mujer en sus derechos más básicos como la alimentación, la salud, el acceso a los anticonceptivos o un salario igual a la canasta básica.
La destrucción del trabajo como hecho social perpetrado a través de la eliminación del salario. Hoy, al cumplirse un año del "plan de recuperación económica" las venezolanas somos más pobres, nuestras condiciones materiales de existencia son de total y absoluta miseria, en la que cada día se ha convertido en una batalla contra el hambre. El salario mínimo está establecido en Bs 40 mil, más un bono de alimentación de Bs 25 mil, lo que hace un ingreso mínimo mensual de Bs 65 mil (menos de 2 dólares por mes). Recordando las medidas que acompañaron a la "recuperación económica" decretada por el gobierno el 20 de agosto de 2018, quedó claro que la recuperación era para la burguesía en detrimento de los derechos de la clase trabajadora.
Solo con la eliminación de los cinco ceros a la moneda, lo que significó una mega devaluación, a las trabajadoras y trabajadores nos fue robado y arrebatado el salario futuro, es decir las prestaciones sociales. La cantidad que se percibe al llegar la edad jubilatoria no alcanza para comprar ni tan siquiera un pan.
Descargar la crisis las mujeres, los trabajadores y los sectores populares. Este último año decreto un paquetazo capitalista, que entre otras medidas antiobreras y antipopulares, está el objetivo imponer salarios de miseria y borrar de un plumazo las contrataciones colectivas, en una fuerza laboral que es compuesta en gran parte por mujeres.
El gobierno de Maduro "complementa" a discreción con entrega de los llamados "bonos" a discreción del partido, además a las políticas antiobreras se le añade el llamado decreto 2792 que elimina el hecho de poder discutir convenciones colectivas favoreciendo de manera grosera a la patronal privada y pública.
En este contexto, los derechos de las mujeres en nuestro país han sido liquidados. El acceso a los anticonceptivos totalmente mercantilizados se cotizan en dólares o en altas cifras en bolívares que fácilmente sobrepasan el salario de más de un año de trabajo, además de mantener ilegalizado el derecho a decidir interrumpirse un embarazo no deseado. Esto aunado a la falta de atención médica a niñas y niños y a la mujer embarazada y lactante. La maternidad obligada más allá de lo que significa, en Venezuela va acompañado de la destrucción del salario, la imposibilidad de alimentarse de manera balanceada y además sin acceso a medicamentos y a servicios de salud. Es la feminización de la pobreza bajo una arenga feminista que se fundamenta en algunos avances sociales conseguidos por las mujeres en décadas de lucha y que quedaron plasmadas en leyes que son violadas por el mismo gobierno.
Hoy en el Mundo las mujeres han mostrado que los derechos se conquistan en las calles. Es por ello que Venezuela desde Juntas y a la Izquierda de Marea Socialista estamos convencidas de transitar por el camino de construir un movimiento de mujeres trabajadoras o pobres, que luche contra el machismo, el patriarcado y el capitalismo, que no separe la lucha feminista de la lucha de las mujeres trabajadoras y pobres. Una organización de mujeres que luche dentro del movimiento obrero para que el conjunto de la clase trabajadora tome en sus manos las demandas de las mujeres en general y de la mujer trabajadora en particular, comprendiendo que solo la más sólida unidad de lxs explotadxs y oprimidxs puede producir los grandes cambios históricos que necesitamos.